¿Cuáles son los contratos del Gobierno que Ayuso ha denunciado ante la Fiscalía?

El Grupo Parlamentario Popular de la Comunidad de Madrid denunció este jueves ante la Fiscalía doce contratos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. Pero, ¿cuáles son los motivos?, ¿cuáles son estas empresas?

Soluciones de Gestión

La empresa Soluciones de Gestión fue la adjudicataria de tres contratos. Los dos primeros salieron del Ministerio de Transportes y el restante del Ministerio del Interior.

En marzo de 2020, el Ministerio dirigido por José Luis Ábalos eligió a esta compañía para que le suministrase mascarillas profilácticas por un valor de más de 24 millones de euros. Apenas unos días después, se les concedió otro a cambio de mascarillas FPP2 por 12,5 millones.

Las dudas se acrecientan por la clase de servicios que la empresa, con sede en Zaragoza, ofrecía antes de ser elegida por Ábalos. Concretamente, se dedicaba a infraestructuras agrícolas en países africanos como Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania o Túnez. No obstante, según Vozpópuli, la empresa lleva sin comunicar ningún proyecto desde la construcción de una central eléctrica en Angola en 2017.

Además, la cifra de negocio fue de cero euros en 2019. Tras las concesiones del Gobierno su facturación aumentó hasta los más de 53 millones de euros.

Esta empresa realizó un tercer contrato. En este caso fue con Interior y en el mes de abril. El valor del contrato ascendió a 3,4 millones de euros por la adquisición de material de protección.

FCS Select

La denuncia incluye cuatro contratos concedidos a esta empresa por un valor total de más de 263 millones de euros. La compañía tampoco tenía ninguna relación con el ámbito sanitario. La empresa, con sede en Barcelona, ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. Además, su negocio también experimentó una gran mejoría gracias a las concesiones de Sanidad. Si en 2018 facturó menos de un millón de euros, en 2020 sus ganancias fueron de 263 millones.

Una de las apreciaciones que se hace en la denuncia del PP es que FCS Select está administrada por Mayra Dagá, que fue condenada en el año 2016 por un delito de estafa agravada por su participación en una trama delictiva dedicada a la compra y posterior vaciamiento con problemas financieros.

Member of the Tribe

En el caso de esta empresa, adjudicataria de dos contratos por parte del Ministerio de Sanidad en mayo de 2020, la denuncia pregunta las razones por las que el equipo de Salvador Illa optó por escogerla.

Member of the Tribe embolsó 9,4 millones de euros por la concesión de suministro de guantes de nitrilo. En el escrito se recuerda que el precio de la unidad de guante de nitrilo ofrecido por la empresa fue de 0,10 €, lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios tanto por parte del propio Ministerio de Sanidad, como de otras instituciones.

Además, Sanidad adelantó el 30 % del primer contrato, pero la compañía incumplió los plazos de entrega por lo que se resolvió este acuerdo y se suspendió el siguiente. Sin embargo, la administración no ha recuperado todavía el adelanto pagado.

Weihai Textile

El contrato concedido a esta empresas suscita dudas parecidas a la anterior. El precio de sus productos fue de 18,50$ la unidad (16,7 € aproximadamente, según el tipo de cambio de aquellas fechas), lo cual representaba un coste mucho mayor del que en esas mismas fechas ofrecieron otros proveedores que resultaron adjudicatarios. De hecho, el propio Gobierno cerró contratos del mismo tipo de producto por 0,3 y 0,2 euros la unidad.

Hyperin Grupo Empresarial

El Ministerio de Sanidad eligió esta empresa para el suministro de 114 respiradores por el valor de más de 3,3 millones de euros. La compañía adjudicataria, tiene como objeto social «la fabricación de yesos para la construcción». Es decir, su objeto social nada tiene que ver con el suministro de productos sanitarios o máquinas especializadas de ventilación invasiva, como era el objeto de la contratación indicada.

Sanidad adelantó al contratista la totalidad del importe del contrato pero unos días después, la empresa comunicó a la administración de que no le era posible el suministro de los dispositivos de ventilación acordados en el contrato, planteando una posible alternativa. Sin embargo, dichos aparatos no cumplían con los requisitos sanitaros exigidos y el contrato se dio por extinguido. El Gobierno aún no ha recibido el importe total del dinero adelantado. Según publicó Okdiario, «en respuesta a una petición de información a través del Portal de Transparencia, la Dirección General de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud contestó que la empresa sigue sin reintegrar 1.801.481,74 € ( el 54 % del total)» de los fondos que fueron adelantados.