Las víctimas de ETA piden a la Audiencia reabrir la causa del atentado en la comisaría de Ondarroa

Las víctimas de ETA que pleitean en la Audiencia Nacional contra los dirigentes de los Comités Ejecutivos –o Zuba– de la banda armada para que respondan de los delitos cometidos por los miembros de sus comandos militares han presentado una nueva querella por el atentado perpetrado por la organización terrorista contra la Comisaría de la Ertzaintza en la localidad de Ondarroa, el 21 de septiembre de 2008.

La asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, ha pedido al magistrado Alejandro Abascal, titular del Juzgado de Instrucción Central número 1 de la Audiencia Nacional, que investigue un total de «trece delitos intentados contra agentes de la Policía de la Comunidad Autónoma Vasca, cinco delitos de asesinato terrorista intentados contra personas civiles y un delito de estragos terroristas» por los daños materiales causados como consecuencia de la acción criminal.

La petición se produce en el marco de una batería de escritos interpuestos por las víctimas del terrorismo ante el órgano judicial para que depure las responsabilidades que, con las nuevas pruebas aportadas por los papeles de ETA incautados en las detenciones practicadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Francia, arrojan los 'papeles franceses' sobre quienes, sin apretar un gatillo ni colocar un artefacto explosivo, están tras las decisiones que llevaron a otros a ejecutarlo. Es la conocida como «autoría mediata» de los crímenes.

Nuevos documentos aprehendidos a la banda apuntan a cómo los más altos cargos jerárquicos de ETA –«entendiendo por tales los máximos responsables de los Aparatos históricamente más importantes, más algunos otros que han destacado por su especial carisma o ascendiente dentro de la Organización y el desempeño de ciertas funciones quizá más destacadas (como puede ser la gestión de la Tesorería o la jefatura y dirección de los comandos armados)»– habrían tenido «un alto nivel de capacidad decisoria, tanto en la determinación de la estrategia general como, seguramente, en la aprobación y ejecución de tácticas y actuaciones concretas».

Hasta ahora la impunidad de los ideólogos de ETA ha sido una constante, por la dificultad de acreditar, judicialmente, una conexión directa entre las órdenes de la cúpula terrorista y las acciones puntuales cometidas por sus miembros contra objetivos policiales, políticos e incluso civiles.

El documento, elaborado por la Unidad Operativa de la Comisaría General de Información –confeccionado, en gran medida, a partir de los papeles incautados en Francia a los terroristas Mikel 'Antza' Albisu y Soledad 'Anboto' Iparaguirre, en 2004– recoge el análisis de los datos sobre «los fines perseguidos por la banda terrorista ETA desde su constitución» y hasta la actualidad.

Según el informe policial, los cerebros de ETA tuvieron «un alto nivel de capacidad decisoria en la aprobación y ejecución de tácticas y actuaciones concretas».

Además, se traduce la nomenclatura en clave utilizada por los componentes de la organización y se identifica a «los integrantes de las sucesivas cúpulas» o «Zuba» (acrónimo de Zuzendaritza Batzordea), equivalente al Comité Directivo –o a la Comisión de Dirección–, compuesto por seis miembros, de los que dependían los «Aparatos» distribuidos, a su vez, en tres bloques: Político, Logístico y Militar.

Uno a uno, los agentes encargados de la minuciosa labor de investigación han desentrañado una incógnita esencial: los nombres de los integrantes de la dirección de ETA, durante más de treinta años –entre 1976 y 2014– y los elementos de conexión interna entre los diferentes niveles organizativos.

La información permitiría a los magistrados que actualmente lideran las dos causas abiertas vincular a los históricos dirigentes etarras con los atentados concretos por los que están siendo investigados, el atentado en la T4 y los asesinatos de Gregorio Ordóñez y el juez Querol, aunque no colocasen personalmente los explosivos ni apretasen el gatillo.

Miguel Ángel Blanco

La Audiencia Nacional ya ha acordado reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco para tratar de determinar quiénes fueron los dirigentes de la organización terrorista ETA que se encargaron de planear y ordenar el atentado perpetrado el 12 de julio de 1997.

En un escrito, de más de 138 páginas interpuesto ante el Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional, la asociación dirige la acusación contra los nueve jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección en el momento de la muerte de Blanco al considerarlos «penal y civilmente responsables» de su muerte.

El magistrado Manuel García-Castellón está pendiente de pronunciarse sobre las pesquisas solicitadas hacia los mismos, entre los que se encuentran históricos de la banda armada como Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; José Javier Arizcuren, alias 'Kantauri'; María Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto'; Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi'; Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza'; y Asier Oyarzabal, alias 'Baltza'.

Gregorio Ordóñez

El propio magistrado Alejandro Abascal se encarga ya de la instrucción de sendas causas, con el mismo objetivo, sobre los autores intelectuales del asesinato del exconcejal popular en el País Vasco Gregorio Ordóñez y del atentado de la T4 en Barajas.

El pasado 21 de febrero, 'Iñaki de Rentería' se negaba a declarar ante Abascal, en el marco de la investigación abierta por el magistrado sobre la cúpula etarra para depurar responsabilidades en el asesinato del concejal Ordóñez, perpetrado el 23 de enero de 1995 en San Sebastián. De Rentería manifestaba su negativa a pronunciarse sobre los hechos que apuntan a su implicación como presunto autor intelectual el mismo. La comparecencia estaba prevista a las 10.30 horas por videoconferencia desde los Juzgados de San Sebastián.

El magistrado acordaba entonces para él las mismas medidas cautelares impuestas, unos días antes, a su excompañero Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', en el marco de las pesquisas que se ciernen, también, sobre él como cerebro de la muerte de Ordóñez. A ambos terroristas se les retiraron los pasaportes con la prohibición expresa de salir de territorio español.

El juez Querol

Por su parte, el magistrado Santiago Pedraz, titular del juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional, admitía investigar a toda la cúpula etarra por el asesinato del también magistrado Francisco Querol. Un atentado con coche bomba perpetrado contra el juez, en octubre del año 2000.