Los desmanes de Dolores Delgado que hunden a la Fiscalía General del Estado

Desde que Dolores Delgado llegase al cargo de fiscal general del Estado, procedente del Ministerio de Justicia sin solución de continuidad, las polémicas no han dejado de sucederse en el seno de la institución. No sólo se ha puesto en duda su propio nombramiento – recurrido ante el Supremo hasta en dos ocasiones y que irá directo al Constitucional– sino su propia política de designaciones, que ha provocado un descarado favoritismo hacia la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que ella misma perteneció. Además, Delgado ostenta el dudoso honor de haber sido la primera fiscal general condenada en costas por mala fe, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por maniobrar dolosamente en contra de uno de sus fiscales, Ignacio Stampa. No sólo Delgado mintió al Consejo Fiscal, máximo órgano de la Carrera, sino que obligó a mentir a su mano derecha, el secretario general, Álvaro García Ortiz.

Retocó el informe del fiscal Stampa

«Buenas tardes Álvaro. Te envío el decreto que he elaborado. Creo que es más concreto y preciso». El jueves 4 de febrero de 2021, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink, remitió al fiscal jefe de la Secretaría Técnica del Ministerio Público –y mano derecha de la fiscal general Dolores Delgado–, Álvaro García Ortiz, el texto definitivo del decreto que puso fin a la investigación interna contra uno de los dos fiscales del 'caso Villarejo', Ignacio Stampa. El documento, de poco más de diez páginas, al que ha tenido acceso El Debate en exclusiva, era la versión simplificada de un informe anterior, fechado tres días antes. La Fiscalía de Delgado archivaba, así, casi de manera definitiva –todavía habría una tercera y última variante, el 16 de febrero, notificada a la Inspección– el conocido como 'caso Stampa'.

La causa seguida contra el fiscal Anticorrupción por una presunta revelación de secretos a la abogada de Podemos Marta Flor, en el marco de la macrocausa 'Tándem', terminaba –prolongada de manera artificial, hasta en cuatro ocasiones, por las sucesivas «sugerencias» de la cúpula de la Fiscalía al instructor del caso– con unas conclusiones que resultaron más desfavorables a los intereses de Stampa que las contempladas en la propuesta inicial sin adulterar.

Es decir, los documentos a los que ha tenido acceso El Debate fueron retocados para concluir las pesquisas omitiendo elementos que, en un primer momento, exoneraban a Stampa con mayor contundencia de lo que lo hicieron al final.

Mintió al Consejo Fiscal

Las dos comunicaciones internas de fiscal superior a fiscal jefe, en la que un informe adjunto a una de ellas revelaba la participación de la propia Dolores Delgado en las labores de investigación –en contra de la versión que ella misma dio al Pleno del Consejo Fiscal– se completaba con el contenido íntegro de los mails intercambiados por Caballero Klink y García Ortiz, que El Debate publicó en primicia. En sendos correos se ajustaba el enfoque del decreto de archivo de las pesquisas sobre Stampa para justificar no sólo el arranque oficial de la investigación, sino la prórroga artificial de la misma.

Tal es así que, entre el mes de octubre –cuando el instructor de la causa contra Stampa propuso hasta en dos ocasiones, el 5 y el 23 de octubre, el archivo de las averiguaciones que le fueron encargadas– y el 2 de febrero, fecha en la que Caballero Klink, fiscal jefe de Madrid, informa a la mano derecha de Delgado, y cargo de confianza de la fiscal general, Álvaro García, del cierre inminente de las actuaciones, «no se practicó ni una sola nueva diligencia».

La fiscal general, no sólo intervino personalmente en el expediente de Stampa –según constancia escrita en los documentos que han trascendido– en las diligencias de investigación que sirvieron de telón de fondo de la denegación de la plaza fija solicitada por el fiscal Ignacio Stampa, uno de los dos encargados del 'caso Tándem-Villarejo' en la Fiscalía Anticorrupción. La FGE informó, erróneamente, al Consejo Fiscal del 24 de noviembre de 2021 que «no tuvo intervención alguna» en el caso.

Por este motivo, por la falta de transparencia, por negarse a facilitar a Stampa la información íntegra de las actuaciones dirigidas contra él y denegarla, también, a los miembros del Consejo Fiscal a los que convocó, en sesión extraordinaria, para defenderse de unas presuntas «calumnias» que nunca fueron tales, los cinco Vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), han presentado contra ella una demanda, admitida a trámite, ante la Justicia madrileña y han exigido, hasta en tres ocasiones su inmediata dimisión.

Su mano derecha también mintió

«Dígales usted a los Vocales de este Consejo qué grado de participación ha tenido la fiscal general en el expediente» que nos ocupa, preguntó Delgado a su mano derecha, Álvaro García Ortiz, en el transcurso del Consejo Fiscal extraordinario convocado, el pasado miércoles 24 de noviembre de 2021, de urgencia para dar explicaciones sobre el 'Caso Stampa'. «Ninguna», respondía su hombre fuerte en la institución. Meses más tarde se ha sabido, por el contenido de los documentos publicados, que Dolores Delgado fue informada de manera de directa y en tiempo real de las pesquisas.

El Debate ha tenido acceso, en exclusiva, a parte del contenido del Acta del Consejo Fiscal extraordinario que la propia Delgado convocó tras estallar el 'caso Stampa'. Un documento en el que se recogen, íntegras, las declaraciones de los fiscales Alejandro Luzón, exjefe del investigado durante su etapa en Anticorrupción; el hombre fuerte de Delgado, Álvaro García Ortiz; y, el instructor de la investigación, Carlos Ruiz Alegría, por este orden.

Fue, precisamente, García Ortiz, el que se arrogó el éxito de una investigación interna que, desde su llegada al caso, se abordó «con seriedad» y declaró ante los miembros del órgano que «en ningún momento se dieron sugerencias» al instructor «como órdenes encubiertas» sino que, ésa, «es la forma habitual de trabajar de la Secretaría Técnica» con todas las fiscalías territoriales de las que, estricta y orgánicamente, ninguna cuelga de él, sino de quien le nombró para un puesto discrecional o de confianza.

El decreto que archivó el 'caso Stampa', al no encontrarse indicios delictivos, llegó cuatro meses después de que ningún miembro del Consejo votase a su favor para una de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que se sacaron a concurso en octubre 2020

García Ortiz explicó que, lejos de alargarse el procedimiento contra el fiscal Stampa, cuyo expediente se mantuvo abierto hasta pasado el Pleno del propio Consejo Fiscal en el que se postulaba como candidato a una plaza fija en el seno de Anticorrupción, él no vio el segundo borrador de propuesta de archivo del instructor Ruiz Alegría hasta el día 26 de octubre de 2020, un día antes de la cita fijada para decidir sobre los perfiles a asignar a cada una de las vacantes y en la que ningún miembro del Consejo Fiscal votó a favor de Stampa para conseguir una de las ocho plazas fijas que se sacaron a concurso en octubre 2020

Un plazo ajustado en el que no tuvo tiempo suficiente «para conformar criterio» y dar carpetazo al tema y que Stampa llegase limpio a la pugna por el puesto al que optaba. Sin embargo, fuentes próximas al Consejo Fiscal apuntan a El Debate cómo habría constancia de la lectura del mail con la diligencia de cierre, el día 23 a las 12:00 horas.

Condenada en costas por mala fe

Así las cosas, esta misma semana, Dolores Delgado se convertía en la primera fiscal general del Estado condenada en costas por un tribunal.

«Declarar terminado el presente procedimiento por satisfacción extraprocesal, con archivo del mismo y devolución a la Administración del expediente administrativo; con expresa condena en costas del presente incidente a la Administración demandada, hasta un máximo de 1.000 euros, más IVA». Así se pronunciaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en la demanda interpuesta por el fiscal Ignacio Stampa contra la Fiscalía General del Estado a la que reclamaba la entrega de todos los documentos internos que afectaron a la investigación que se abrió contra él -por un presunto delito de revelación de secretos- cuando estaba al frente del «caso Villarejo».

En un auto de siete páginas dictado el pasado 7 de marzo, al que tenía acceso El Debate en primicia, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presidida por la magistrada María Jesús Muriel Alonso, daba por finalizada la causa al asumir el argumento de la Abogacía del Estado y dar por buena la entrega de los documentos que, tras el inicio del pleito judicial, el Ministerio Público ha proporcionado al fiscal perjudicado.

El objeto de la demanda era que el fiscal Stampa obtuviese copia de todas las «órdenes, instrucciones o indicaciones de la Fiscal General del Estado en relación con la tramitación por la Fiscalía Superior de Madrid de las diligencias de investigación 32/2020» seguidas contra él por un supuesto delito que nunca se produjo. Ignacio Stampa insistía en que toda la información se encontraba contenida «en el expediente gubernativo 298/2020, así como en el expediente ST 697/20 donde se configura el decreto de prórroga» de su causa a nivel interno.

Se cuestionan sus nombramientos

La Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo se prepara para resolver, a finales de este mismos mes, los dos recursos planteados contra el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón, como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores. La elección de la fiscal general –cuestionada tanto por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) como por otro de los candidatos que optaba al cargo, José Miguel de la Rosa Cortina– ha puesto, nuevamente, bajo la lupa de la «idoneidad», los criterios de Delgado para la selección de los perfiles que han de ocupar las plazas de mayor relevancia en el organigrama del Ministerio Público.

Delgado defendió, en su día, la elección de Esteban Rincón exfiscal Jefe de Madrid, por su capacidad para dirigir la circunscripción más numerosa y compleja de todo el país «con gran éxito demostrando su capacidad para generar sinergias positivas y para coordinar, gestionar y motivar grandes equipos». Sin embargo, a juicio de la AF, de la Rosa Cortina, que también se postuló para el mismo cargo, atesoraba una mayor experiencia práctica y mejores conocimientos jurídicos en la materia y, además, ostentaba la categoría de fiscal de Sala, un escalafón superior al del elegido.

No era la primera vez que ocurría y, si el Supremo no lo remedia, tampoco será la última. El pasado noviembre, El Debate reveló en exclusiva cómo, la titular del Ministerio Público llamaba a una fiscal barcelonesa, Olalla Vázquez Moraga, para cubrir una vacante en el seno de la Inspección pese a que, según apuntaron a El Debate fuentes próximas al Departamento «lo habían pedido compañeros 1.000 puestos por encima en el escalafón, en una carrera de 2.500 números».

También, en el caso de su número dos, al frente de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, la exministra de Justicia se decantaba por «una de los suyos» frente a otros candidatos, al menos dos de ellos, mejor posicionados en el ranking interno y por méritos, para ello: el fiscal Javier Zaragoza y la fiscal Consuelo Madrigal.

Su propia designación, en entredicho

La Sección Cuarta de la Sala Tercera del Supremo era la encargada de decidir sobre la «idoneidad» del nombramiento de Dolores Delgado, tras una densa deliberación, como fiscal general del Estado. El Alto Tribunal rechazaba, el pasado 19 de octubre, los dos recursos planteados, en julio de 2020, por el Partido Popular y Vox para instar la nulidad de su nombramiento, tal y como había avanzado El Debate.

La Sala del Supremo lo hizo sin unanimidad. Los recursos presentados por PP y Vox contra el Real Decreto de 25 de febrero de 2020 por el que el Gobierno de Pedro Sánchez nombró a Dolores Delgado como titular del Ministerio Público, fueron devueltos por una falta de legitimación activa de los dos partidos políticos recurrentes. Una cuestión técnica que podría acabar en el Constitucional.

En aquella ocasión, dos magistrados, de los siete que conformaron el tribunal, José Luis Requero y Antonio Jesús Fonseca-Herrero, votaban en contra de la decisión mayoritaria y anunciaban sendos votos particulares. Sus compañeros Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Celsa Pico Lorenzo, Pilar Teso Gamella (ponente) y Luis María Díez Picazo, han conformado una mayoría suficiente a favor de rechazar los recursos.