La Guardia Civil entra en varios ministerios en busca de los contratos del Gobierno que denunció Díaz Ayuso

Anticorrupción ha movido ficha en la investigación que sigue sobre los contratos suscritos por varios ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez, durante la pandemia, al hilo de la denuncia presentada por el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso quien puso en conocimiento de la Fiscalía las presuntas irregularidades existentes en los mismos. El Ministerio Público ha librado a la Guardia Civil el encargo de personarse en los diferentes Departamentos bajo sospecha, para recoger los expedientes y documentos de emergencia adjudicados que tendrá que analizar el fiscal jefe, Alejandro Luzón, en el marco de las pesquisas que lleva a cabo.

Según adelantó Okdiario y ha podido saber El Debate por fuentes próximas al Instituto Armado, los efectivos se han desplazado en el equivalente a los funcionarios de las comisiones judiciales, para recabar toda la información necesaria, que guarde algún tipo de vínculo con los contratos denunciados por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Esto es, los guardias civiles actuarían como 'mensajeros' cualificados para garantizar «la cadena de custodia» imprescindible en estos casos y llevarlos a su destino de manera «íntegra, aséptica e inmediata».

Una versión que han confirmado desde Anticorrupción: «Se trataba de un mero trámite para pedir los expedientes. Nada especial. Entra en el marco de la normalidad» tener los dossieres íntegros «para estudiarlos». «La Guardia Civil va de mensajera, sin más», han puntualizado.

El ministerio de Nadia Calviño

Entre las sedes ministeriales a las que han acudido los agentes de la Guardia Civil, se encuentra el de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, liderado por Nadia Calviño, cuyo marido trabaja en una de las empresas que se beneficiaron de los contratos. No en vano, la antigua 'Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA', ahora conocida como 'Beedigital', contaría entre sus filas con el marido de la ministra como director de marketing de la empresa. Una mercantil a la que el Departamento de la socialista adjudicó la concesión «cuando la empresa tenía deudas con el Estado por valor de 1,6 millones». Tal es así que, cuando se prorrogó el contrato, en el 2020, la deuda ascendía a 884.000 euros.

Fue el pasado mes de abril cuando el Ministerio Público decidió abrir diligencias señalando que los hechos denunciados «revisten especial trascendencia», constituyendo de esta manera una investigación por cada una de las siete empresas «supuestamente favorecidas», entre las que se encuentran la ya referida Beedigital e Industrias Plásticas Playbol, vinculada a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El decreto emitido por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, recordaba cómo el pasado 10 de marzo tuvo entrada en su área especializada la denuncia del portavoz del PP en la Asamblea madrileña, en la que señalaba «irregularidades que considera habidas en los contratos de emergencia, relacionados con el Covid-19» y formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, así como otras imprecisiones que afectaban a contratos y a la concesión de subvenciones públicas sin control y a empresas que se encontraban endeudadas.

Desglose por empresa

Además, en dicho decreto se analizaron, una a una, las siete empresas con las que se firmaron esos contratos o que fueron objeto de subvención en 2020. De todas ellas se destacó la parte de la denuncia que hizo constar cómo su actividad no tenía relación con el objeto del contrato y la falta de comprobación de la solvencia.

De Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL se indicó que, siempre según la denuncia, las informaciones periodísticas dicen que tiene relación con el exministro de transporte socialista José Luis Ábalos. Suma a esto que «su actividad social no tiene relación directa con el objeto del contrato», que hay una «falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria» y que en 2019 «su cifra de negocio fue de 0 euros, frente a los 53,13 millones de euros en 2020 por las adjudicaciones públicas directas».

De 'FCS Select Products SL' recogió que la supuesta causa de adjudicación de los contratos fue la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Y añade a esto que su actividad social -servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas- tampoco tiene relación directa con el objeto del contrato, que también se dio una falta de comprobación de su solvencia y que en 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros mientras que en 2020 alcanzó los 263,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas. Recuerda que la administradora de la empresa fue condenada en 2016 por un delito de estafa.

Sobre la mercantil 'Member of the Tribe' apunta que en la denuncia se destacaba que su objeto social es el diseño y fabricación de ropa, y que no existía tampoco correlación alguna con el suministro de productos sanitarios. Además añade que se daba una falta de comprobación de la solvencia de la adjudicataria, y carencia de justificación de su no necesidad, y que se pagó un precio excesivo de la unidad de guante.

Recoge que según el PP el coste se estima entre un 25 % y un 500 % superior al ofertado por otros proveedores. Recuerda que Sanidad adelantó el 30% del primero de los contratos que se relacionan por un importe de 1,6 millones, y que la compañía incumplió el plazo de entrega por lo que se resolvió el contrato sin que la administración haya recuperado el dinero adelantado.

Sobre la compañía 'Weihai Textile Group Import and Export' el fiscal jefe Luzón recogió que ocurre como con las anteriores en cuanto su idoneidad y dice que se dio un precio de adjudicación excesivo de la unidad de bata, 16,7 euros, frente a otros proveedores cuyas ofertas rondaban los 0,3263 euros y 0,2783 euros.

En cuanto a 'Hyperin Grupo Empresarial' destaca el Ministerio Público que la denuncia indica que su objeto social es la fabricación de yesos por lo que no existe tampoco correlación alguna con el suministro de dispositivos de ventilación mecánica invasiva. Recuerda que Sanidad adelantó el importe total de contrato que alcanzaba la suma de 3.3 millones de euros y que la compañía incumplió el contrato y está pendiente de reintegrar 1,8 millones.

Playbol

En cuanto a 'Industrias Plásticas Playbol SL' el fiscal jefe explicó que el PP de Madrid relacionó las ayudas recibidas por esta sociedad con la vinculación de la empresa con los padres del presidente de Gobierno. Al hilo, apuntó que estos vendieron en 2018 los activos, fondo de comercio y maquinaria de la empresa Playbol SA de la que continúan como administrador y apoderada ambos.

Añadió, también, que la empresa compradora, 'Industrias Plásticas Playbol SL', se subrogó en los contratos laborales y que la empresa de los padres sigue siendo propietaria de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial trasmitida, por cuyo arrendamiento percibe anualmente 156.000 euros.

Tras detallar hasta 13 contratos por valor de más de 320 millones de euros, Anticorrupción explicó que el hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian «son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador».

Y añadió, además, que las irregularidades que se detallan son, básicamente, la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas Administraciones Públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos. Unos hechos que «pudieran constituir los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos».