El PSOE retira la enmienda para ascender a Delgado por falta de apoyo

El PSOE ha decidido retirar, este martes, la enmienda con la que pretendía ascender a Dolores Delgado al final de su mandato como fiscal general del Estado. El atajo legal que el Gobierno había 'colado' el pasado mes de marzo en el marco del debate sobre la reforma de la Ley Concursal y por el que la titular del Ministerio Público dejaría su cargo con una categoría superior a la que ostenta en el escalafón de la Carrera -como fiscal de Sala- no verá, finalmente la luz. «Si el nombramiento de Fiscal General recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Tribuna Supremo una vez se produzca su cese»», recogía la enmienda número 603 planteada por el Grupo Socialista en el Congreso. La decisión de retirarla estriba en la constatación de la falta de apoyos al plan de los socialistas que fue blanco de las críticas de los fiscales, sin paliativos, porque «lejos de acercarse» a las «recomendaciones» de la Comisión Europea y del grupo Greco «en favor de la imparcialidad del Ministerio Público, lo que hacía era acercar mucho más a la fiscal general del Estado al Gobierno».

Desde la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) han valorado para El Debate «muy positivamente» la decisión de retirada de la enmienda 603 al anteproyecto de reforma de la Ley Concursal «por la que se modificaba el Estatuto» fiscal «a los solos efectos de procurar el ascenso a la primera categoría de la Fiscal General del Estado» cuando concluyera su mandato y, además, «preveía una serie de reformas que beneficiaban la posibilidad» de que el titular de la Fiscalía «se dirigiera directamente al Gobierno para hacerle saber aquellos asuntos de relevancia que se estuvieran tramitando». Lo cual «suponía un peligro máximo de intromisión política en el ejercicio de la acción del Ministerio Público».

La presentación de la enmienda fue motivo de todo tipo de críticas tanto de la oposición –Partido Popular, Vox y Ciudadanos, como del propio socio de coalición del Ejecutivo, Unidas Podemos, y de varios de los apoyos más habituales del Gobierno en el Parlamento que cuestionaban no sólo la propuesta en sí, sino la fórmula en la que se había presentado: incorporada por la puerta de atrás y aprovechando que en el hemiciclo se estaba tramitando un cambio de la Ley Concursal.

Fuentes próximas a la Fiscalía confirmaron a El Debate que dicho movimiento que el PSOE trataba de «colar» en la reforma normativa, se estaría blindando el ascenso de Dolores Delgado -actualmente en comisión de servicio, en la segunda categoría en el escalafón de la Carrera Fiscal, con última plaza, desde 2004, en la Audiencia Nacional- para que, una vez dejara su cargo, como fiscal general del Estado, en cuatro años, fuera recolocada «con la más alta categoría posible», la de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. En este sentido, se reprochaba la urgencia con la que se estaba tramitando este apartado.

No en vano, la Ley 50/1981, de 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, equipara a los Fiscales de Sala del Supremo con los Magistrados del Alto Tribunal. Sólo los fiscales de segunda categoría -como en el caso de Dolores Delgado antes de ser nombrada ministra de Justicia y, posteriormente, fiscal general del Estado, sin solución de continuidad- pueden aspirar a ocupar los puestos jerárquicamente superiores en el seno de la Fiscalía. Para ello, tienen que cumplir, además, una serie de requisitos adicionales: no sólo aglutinar los «méritos e idoneidad» exigibles al candidato concreto para cada puesto sino que «para los cargos de Fiscal del Tribunal Supremo, de Fiscal Superior de las Comunidades Autónomas, de Fiscal ante el Tribunal Constitucional, de Fiscal del Tribunal de Cuentas y de Inspector Fiscal, será preciso contar con al menos 15 años de servicio en la carrera y pertenecer ya a la categoría segunda».

Si bien Dolores Delgado es miembro de la Carrera Fiscal desde 1989, la «trampa» del PSOE para ascenderla con efecto inmediato una vez cesase en sus funciones actuales, habría evitado a la actual titular del Ministerio Público el trance de tener que postularse, y competir con otros aspirantes, ante su fufuro sucesor para optar a una plaza de fiscal de Sala en el Supremo español. Un destino que, de haber triunfado la reforma legal ahora retirada, hubiese tenido asegurado.