Los jueces afean a Sánchez que use al CGPJ para hacer nombramientos «de quita y pon»

La reforma con la que Pedro Sánchez aspira a controlar la mayoría del nuevo Tribunal Constitucional que tendrá que renovarse a lo largo de las próximas semanas ha vuelto a provocar una reacción entre los jueces. La modificación del artículo normativa registrada por el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, para retocar por segunda vez las facultades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones y permitirle abordar el nombramiento de los dos magistrados que el órgano tendrá que designar para cumplir con los plazos establecidos. Los jueces han afeado al Ejecutivo socialista su última maniobra y le han recordado que «la competencia de realizar nombramientos por parte del CGPJ es una función constitucional, no una atribución caprichosa de quita y pon» de otros Poderes del Estado.

Así lo ha expuesto desde Foro Judicial Independiente (FJI) en un comunicado institucional emitido este mismo lunes. Si la primera reforma 'exprés' para prohibir al Consejo prorrogado realizar cualquier tipo de nombramientos, bloqueando el normal funcionamiento de la cúpula judicial de nuestro país, trataba de «favorecer la renovación, pero, sobre todo, resultaba fundamental de cara a salvaguardar la legitimidad del órgano»; ahora, con la nueva reforma «ya no importa la legitimidad del órgano, tampoco favorecer la renovación, ni mucho menos que los nombramientos los haga el consejo saliente. Se trata de que el Gobierno pueda, con sus dos propuestas de magistrados, cambiar la mayoría del TC», de conservadora a progresista,"cuando el cargo de cuatro de sus miembros está próximo a expirar.

«El Gobierno, con esta actuación, pone al Parlamento en la tesitura penosa de reformar una reforma y desdecirse de lo dicho. Deteriora la imagen del Tribunal Constitucional, órgano de máxima relevancia en la arquitectura del Estado, que debería estar alejado de intereses de partido. Desprecia al CGPJ, a quien le ha desprovisto de una función constitucional como es la de realizar nombramientos, para ahora devolverle únicamente la capacidad de hacer los nombramientos que le interesan al Gobierno. Y finalmente «solivianta» al Supremo «que está trabajando con un 20 % de sus plazas vacantes», ha añadido en su nota la Comisión Gestora de FJI.

El Supremo en «dificultades»

No en vano, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha acordado, este mismo lunes, dirigirse al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que, a su vez, transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su honda preocupación porque «la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales, están creando una situación que, de continuar, será insostenible».

El «paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad» del Alto Tribunal «de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento», han advertido los magistrados que, en unidad de acción, llevan más de un año avisando de su situación cada vez más agónica.

«Intervenir políticamente» la Justicia

En marzo de 2021, PSOE y Podemos maniobraron conjuntamente para incorporar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que maniató a un CGPJ que «aceptó dócilmente» la misma pese a que «le desproveía incluso de la facultad de plantear un conflicto de atribuciones, pues su origen político le impide defender sus competencias. Ahora tampoco lo hará», han lamentado desde la asociación judicial.

Apenas un año después de dicha decisión, y tan sólo una semana después de la visita de la vicepresidenta de la Comisión europea, Věra Jourová, recordando que el poder político no autoriza a tomar el control de otros poderes -como viene ocurriendo en España desde hace 37 años- el Gobierno retocará, ad hoc, su propia reforma para habilitar al Consejo a designar dos magistrados sin los que la renovación de los cuatro pendientes sería «netamente inconstitucional», según han confirmado a El Debate fuentes próximas al Tribunal de Garantías. «Quien gana las elecciones en España, se gana el derecho a intervenir políticamente el poder judicial mediante el control del CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional», han afirmado los representantes de jueces y magistrados.

«Este nuevo paso, en dirección totalmente contraria a los principios que rigen la separación de poderes, tal y como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo está interpretando, acerca la posibilidad de un procedimiento de infracción, sin que el CGPJ tenga ya ni capacidad ni credibilidad para reaccionar frente a este nuevo ataque a la independencia del poder judicial», han apostillado.

Para jueces y magistrados, lo ocurrido en estos últimos días «evidencia que, si hubiese voluntad real, se podría reformar la LOPJ en un plazo relativamente breve, para modificar el sistema de elección de vocales del CGPJ; y que, por el contrario, lo que los partidos políticos mayoritarios pretenden (bien con sus decisiones explícitas, bien con su actitud displicente) es eludir las exigencias que provienen de las instituciones europeas, y prolongar durante el máximo tiempo posible el régimen actual, con la excusa de una situación de urgencia que ellos mismos han provocado».