La protección de Ceuta y Melilla no recibe una mención expresa al término de la cumbre de la OTAN

En los últimos días, el Gobierno de España ha insistido de manera recurrente en que la OTAN se centraría su atención en las amenazas que la frontera entre España y Marruecos –puerta de entrada de una gran parte del tránsito migratorio subsahariano al resto de Europa– suponen para el futuro de los países miembros de la alianza Atlántica. Sin embargo, a salvo de algunas referencias puntuales de los líderes europeos a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como parte del territorio español, el objetivo de la cumbre se ha centrado en las amenazas del llamado «flanco sur». Esto es, en el nuevo «concepto estratégico» que se ha consensuado entre los mandatarios europeos incluye, para satisfacción del Ejecutivo socialista un «matiz» que despejaría las incógnitas sobre una y eventual protección de ambas pero lo cierto es que el Tratado de Washington, constituyente de la Organización, no se modifica. Esto es, el estatuto jurídico sobre ambas ciudades no varía.

Pese a que desde la Moncloa han vendido con satisfacción que Ceuta y Melilla hayan tenido un cierto 'encaje' –de forma más indirecta que directa– en la agenda de una cumbre que daba comienzo el pasado miércoles en Madrid; lo cierto es que el Gobierno ha tenido que conformarse con presentar la inmigración como mecanismo de presión que afecta a la integridad territorial para incluir sus reivindicaciones. No se han dado referencias concretas a las dos ciudades autónomas en ninguna parte del texto acordado ni de sus conclusiones.

Y ello, precisamente, en plena crisis del Ejecutivo, con sus propios socios de coalición y con el resto de partidos de la oposición, por las declaraciones del presidente Pedro Sánchez acerca del incidente «bien resuelto» de la semana pasada en el asalto de la valla de Melilla por más de dos mil inmigrantes «violentos».

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, era el encargado de explicar cómo al amparo el artículo 6 del Tratado de Washington se establece «el alcance geográfico» de garantías de defensa colectiva del artículo 5 –que recoge que «las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas» y podrían intervenir «en legítima defensa»–.

Un alcance que se hará extensivo a «cualquiera de las Partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las Partes en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer». Y que, por lo tanto, a falta de una referencia explícita no es de inmediata aplicación en el caso de las ciudades autónomas, ubicadas al norte del continente africano, como tampoco lo es para los EE.UU. en el supuesto de las islas Hawái.

Por lo tanto, en la descripción territorial que seguirá vigente en los próximos años no estarán incluidas, de manera expresa, ni las ciudades de Ceuta y Melilla ni sus coordenadas. Es decir que, «el asunto de invocar el artículo 5 es una decisión política» por lo que llegado el caso cualquier decisión tendría «que tomarse por consenso en el Consejo de la OTAN».

El artículo 6 sí se ha visto enmendado en algunas ocasiones a lo largo de los últimos años para añadir otros territorios, como en el caso de Argelia, que se incluyó en 1963 tras un acuerdo del Consejo de la Organización.