La doble vara de medir de Colau: mano dura con el sector inmobiliario y protección para los okupas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, debe hacer frente a casi dos mil procesos judiciales cada año, una cifra que prácticamente dobla a la de sus antecesores. Litigios contra la alcaldesa que emprenden los sectores más afectados por sus políticas, especialmente desde el ámbito inmobiliario, hotelero y urbanístico. Y es que la alcaldesa tiene en el punto de mira a los que considera «especuladores inmobiliarios» porque están arruinando «la vida de muchas personas». Y no duda en actuar a la mínima ocasión. Multas contra el fondo inmobiliario Vauras o contra el portal Idealista son un ejemplo, aunque veces no le salen bien los planes a la alcaldesa. A cambio, el sector buscar impugnar algunos planes urbanísticos impulsados por el Ayuntamiento de Barcelona.

Como ejemplo, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña presentaron un recurso ante el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña) contra la modificación del Plan General Metropolitano que tenía como objetivo, según el consistorio, «garantizar la conservación del patrimonio» del barrio de Gracia. Plan que el ayuntamiento aprobó a principios de año.

Recurso

¿Cuál es el principal motivo del recurso? Básicamente que edificios de viviendas y grandes rehabilitaciones (en edificaciones de más de 400 metros cuadrados) tendrán que destinar al menos un 30 % del techo edificable a vivienda social. Las entidades que han presentado el recurso no entienden por qué la diferencia con el límite que se fijó para el resto de la ciudad, que es de 600 metros cuadrados.

Consideran que el Ayuntamiento no ha justificado «el motivo de esa diferencia», del mismo modo que denuncian que el estudio económico del consistorio «no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas públicas». Y por este motivo, y porque esta reserva «constituye una carga nueva sobre la propiedad», reclaman una indemnización al Ayuntamiento, al entender que se está limitando el derecho a la propiedad.

Este es uno de los frentes judiciales que tiene Colau. Pero estos últimos días hemos conocido que el juzgado de lo contencioso número 16 de Barcelona ha anulado la multa de 3.000 euros que el Ayuntamiento impuso el año pasado al portal inmobiliario Idealista por anunciar un piso con un precio de alquiler superior al límite máximo permitido según la ley catalana de vivienda. el juez entienda que el portal no podía ser multado porque no «merece la consideración de agente inmobiliario» y reprocha al Ayuntamiento su interpretación «extensiva y forzada» de esa figura».

Revés judicial para la alcaldesa con esta sentencia de Idealista, y revés también por otro caso relacionado con el ámbito inmobiliario y que afecta al fondo de inversión Vauras. En este caso, además, Colau está pendiente de que un juzgado la cite para declarar como investigada, junto con tres cargos municipales, por presuntas coacciones y prevaricación administrativa. Todo ello, después de que la Audiencia de Barcelona revocara parcialmente la decisión del juzgado de instrucción número 38 de Barcelona de sobreseer una querella presentada por el fondo Vauras Investment.

Querella que nace del llamado caso del Bloc Llavors, que estuvo okupado y finalmente fue desalojado después de varios intentos en marzo de 2020. Un lanzamiento que autorizó el juez. Pero, aun así, el Ayuntamiento sancionó a la empresa con hasta seis multas que iban desde los 69.000 hasta los 75.000 euros por no ofrecer un alquiler social a los okupas. El consistorio consideró que se había cometido una infracción grave de la Ley de Derecho a la Vivienda. Y Vauras entendió que se le estaba coaccionando para que hiciera este ofrecimiento. Y, por cierto, a pesar de que el juez anuló la primera de las multas, el Ayuntamiento siguió con el procedimiento sancionador, procedió a embargar la cantidad, aunque finalmente tuvo que dar marcha atrás.

Y de la misma forma que Colau mete en vereda al sector inmobiliario, protege la ocupación, que se ha disparado en la ciudad en los últimos años. De hecho, la capital catalana es la ciudad con más inmuebles okupados de España. Desde el propio ayuntamiento se han organizado «casales», una especie de cursos de verano destinados a niños y jóvenes en los que se han hablado de «modelos alternativos de vivienda» o de la «filosofía de la liberación de espacios». Se impartieron, de hecho, contenidos relacionados con la ocupación y cómo llevarla a cabo con éxito para conseguir efectivamente estos «espacios libres».

Presiones

El Ayuntamiento de Barcelona también ha concedido subvenciones a entidades como el Observatorio DESC que se han dedicado a promover manuales que favorecen la ocupación, incluso de viviendas de pequeños propietarios y también se ofrecen consejos para actuar en caso de desahucio. Y como ya hemos comentado, presionó a un fondo de inversión para que ofreciera un alquiler social a personas que habían ocupado ilegalmente las viviendas que este fondo había rehabilitado.

También hay otros miembros del consistorio que tienen que hacer frente a problemas judiciales, también por la ocupación ilegal como telón de fondo. El concejal de Medio Ambiente, Eloi Badia, está siendo investigado por la cesión de la antigua comisaría de la Policía Nacional en la plaza Lesseps de Barcelona. El local, propiedad municipal, estuvo okupado durante un tiempo. Posteriormente, el Consistorio cedió la gestión a la Asociación Joves de Gracia que puso en marcha el Casal dels Tres Lliris. Ahora, vecinos de la zona han acusado a Badia de prevaricación y malversación por haber cedido este espacio, teniendo en cuenta que se ha hecho sin que se haya convocado un concurso público, sin que se controle el pago del alquiler ni su uso. Además, los vecinos se quejan constantemente de los problemas que trae este espacio: fiestas, botellones y mucho ruido. Badia deberá declarar ante el juez en septiembre.

Y otra concejal de Colau, Janet Sanz, que es teniente de Alcaldía de Ecología Urbana y Urbanismo, está siendo investigada por los presuntos delitos de prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia. Todo ello a raíz del caso de la Casa Buenos Aires de Vallvidrera, que fue expropiada por el Consistorio para evitar que allí se construyera un hotel de lujo. Ya tuvo que declarar en marzo ante los tribunales y aseguró que esta operación obedecía a un «interés público». Presentaron la querella la Congregación de los Padres Paules y el fondo London Private Company. Acusaban a la concejal de favorecer la okupación y de retrasar los expedientes para las licencias de obras.

Oficina para la Okupación

Y por si esto no fuera poco, Barcelona cuenta con una «Oficina para la Okupación» que ofrece asesoramiento en cuestiones técnicas y legales en torno a la ocupación de espacios abandonados. “Está dirigida a orientar a quien ya está okupando –de forma anónima o reivindicada–, y a quien quiere iniciarse en la okupación. Sirve también como punto de encuentro de aquellas personas interesadas en formar un grupo para llevar adelante la acción de okupar». Así lo explican en su página web y el asesoramiento se da tanto vía e-mail como con consultas presenciales en diferentes espacios okupados de la ciudad. Esta oficina no tiene vinculación directa con el Ayuntamiento de Barcelona, pero es un reflejo, según dice la oposición municipal, del grave problema que tiene la ciudad con el fenómeno de la ocupación.