Ribera arremete contra Ayuso tras la reunión sobre el decretazo energético y asegura que no se modifica

«Hemos oído algunas expresiones altisonantes que me parecen fuera de lugar», así ha zanjado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la polémica iniciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el plan de medidas para el ahorro energético aprobado en Consejo de Ministros la semana pasada. La ministra segura que tendrá en cuenta las propuestas de las comunidades pero rechaza de plano la primera recibida de la consejera andaluza de Fomento.

Después de que el Gobierno reculara e incorporara a los consejeros autonómicos en la reunión del presente lunes para comentar el decretazo energético de Sánchez, desde el Ministerio de Transición Ecológica se ha dejado claro que no tendrán en cuenta las propuestas de las regiones, aún habiendo expresado verbalmente lo contrario.

Las propuestas del PP, no valen

Ribera ha apuntalado que la propuesta de la Consejera andaluza de Fomento «no es una propuesta», sino «un posicionamiento político e ideológico» por incluir medidas como «eliminar impuestos» o «alargar la vida útil de las nucleares». Eso sí, tal y como dicta la legislación española, al tratarse el decretazo de legislación básica, dejará en manos de las comunidades su implementación y cumplimiento. Toda una estrategia a la que el Ejecutivo de Sánchez tiene bien acostumbrados a los presidentes autonómicos, como en el verano tras la pandemia en aquel tercer estado de alarma que finalmente resultó inconstitucional.

Eso sí, Ribera ha trasladado un mensaje tranquilizador y asegura que ningún presidente autonómico «ha dicho expresamente que no vaya a cumplir» el decretazo.

Para la tercera de Sánchez, «el cambio de discurso» del PP a lo largo de la semana «no ayuda a tranquilizar ni a facilitar nada». Una cosa está clara: hasta el Ejecutivo Frankenstein es conocedor de que «los españoles se dan cuenta de cuál es la situación» y «ven con enorme preocupación el próximo otoño e invierno», en palabras de la ministra.

Los consejeros responden

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha matizado que se trata de un decreto en el que no se ha contado con los sectores afectados, como apuntaba la popular de Andalucía; y sin evaluar el impacto económico, por tanto, desatendiendo lo acordado en la Unión Europea.

Por ello, la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, ha solicitado la convocatoria de una conferencia de presidentes — tal y como hiciera ayer Feijóo —, para abordar el asunto con sensatez. Y han confirmado que la Comunidad madrileña lo recurrirá al Constitucional «por invasión de competencias», si el Gobierno no lo retira. Los populares estiman que «el decreto va, sobre todo, contra el comercio, sin contar con ellos, saltándose las competencias exclusivas que tenemos las Comunidades Autónomas. Sin medir el impacto económico que va a tener en un sector del que viven millones de personas en España. ¿Han calculado qué contracción de la economía va a provocar esto?»

Por su parte, sus homólogos de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty; y de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; han coincidido en que «el problema real es el precio de la luz» y por ello, «hay que tomar medidas para bajarlo». Pues «mañana (martes) por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España, y eso crea una sensación de inseguridad es clave para el turismo».