El PSOE quiso prohibir los indultos a condenados por corrupción como Griñán estando en la oposición

El PSOE predicaba que era necesario prohibir los indultos para los delitos relacionados con la corrupción cuando estaba en la oposición y ahora que está en el Gobierno busca una salida para José Antonio Griñán. Toda vez que, si el Ejecutivo no lo remedia, el expresidente de la Junta de Andalucía entrará en prisión tras ser condenado en firme a seis años de cárcel por prevaricación y malversación.

Pedro Sánchez llegó a presentar una proposición de ley en el Congreso en septiembre de 2016 para modificar la Ley del indulto –del año 1870– y que los condenados por corrupción o violencia de género no pudieran ser indultados en ningún caso. Ni total ni parcialmente. Nunca.

La proposición fue debatida en el Pleno en febrero de 2017. El encargado de defender la postura socialista fue, irónicamente, el diputado Juan Carlos Campo, quien años después se convertiría en ministro de Justicia de Sánchez. Y, como tal, en el brazo ejecutor de los indultos a nueve condenados del procés en junio de 2021, entre ellos a Oriol Junqueras.

Durante su defensa, el entonces diputado del PSOE invocó la «tolerancia cero contra la corrupción» de su partido. «Ha llegado la hora de vetar su posibilidad en aquellos supuestos que generan verdadera repugnancia en nuestra ciudadanía (…). La corrupción y la violencia de género piden a gritos ser excluidos de tal medida», señaló Campo.

«Les seré sincero, mi grupo parlamentario no sabe –ojalá que sí– si con ello vamos a evitar delitos, pero desde luego estamos seguros de que va a funcionar la prevención general y, en este caso, será una manifestación de soberanía, como toda ley es, y mandando un mensaje inequívoco de que las sentencias y sus fallos en estos delitos se cumplirán inexorablemente», continuó, tal y como recoge el vídeo publicado por El Debate.

Sánchez sabe que tiene ante sí un auténtico avispero con la petición de indulto a Griñán

Un mensaje que choca con la defensa del indulto a Griñán que han hecho, entre otros socialistas, los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Por el momento, el Ejecutivo se limita a señalar que estudiará «con rigor» la petición realizada por la familia del expresidente andaluz, intentando despejar balones. Sin embargo, Sánchez sabe que tiene ante sí un auténtico avispero al inicio de un curso político marcado por las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 y en medio de su caída en todas las encuestas.

Porque, a mayores, el código ético al que están sometidos los cargos públicos del PSOE desde 2014 los obliga a «no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves», como publicó este periódico.

Aquella proposición de ley del PSOE para prohibir que condenados por delitos como los cometidos por Griñán pudieran ser indultados no llegó a ningún puerto. Después de un largo periplo parlamentario, la iniciativa decayó en 2019 cuando se disolvieron las Cortes y se convocaron las elecciones de abril de ese año.

En ella, los de Sánchez defendían también que ningún Gobierno pudiera conceder un indulto total sin el visto bueno del tribunal o del juez sentenciador. En el caso de los cabecillas independentistas, el Tribunal Supremo se opuso a la medida de gracia, como también la Fiscalía. Pero al presidente no le importó. Aquellos nueve indultos fueron, no obstante, parciales.

La corrupción como «línea roja»

En cualquier caso, no hace falta remontarse seis años para hallar contradicciones entre la teoría y la práctica socialistas. El pasado 28 de junio, durante una comparecencia en el Congreso, la subsecretaria del Ministerio de Justicia se jactó de lo poco y bien que el Gobierno usa la prerrogativa del indulto y situó los delitos de corrupción como «línea roja».

«El indulto no puede ser usado para consolidar favoritismos. Este Gobierno utiliza precisamente la figura del indulto total buscando mantenerse ajeno a cualquier tipo de favoritismo, a cualquier tipo de grupo de presión. No nos movemos por compadreos ni por afinidades ni por grupos de presión ni por intereses particulares; lo único que nos mueve es el interés general», aseguró entonces Ana María Sánchez Hernández.

Y añadió la subsecretaria de Justicia: «Este Gobierno hace un uso racional, razonable, equilibrado y ponderado de la figura del indulto, con estricto cumplimiento de la ley (…). En el Gobierno existen unas líneas muy claras, como son la equidad y la repercusión en el beneficio de la sociedad. También que el Gobierno tiene líneas rojas como, por ejemplo, la corrupción, la violencia machista, los delitos en el Campo de Gibraltar o el medio ambiente».

Precisamente el Ministerio de Justicia será el encargado de revisar la petición de indulto para Griñán, aunque la ministra Pilar Llop y su equipo se limitarán a cumplir las órdenes de Pedro Sánchez. Será una decisión de altísimo voltaje político. De momento, los socialistas esperan a conocer, en septiembre, la sentencia íntegra del Tribunal Supremo, con los dos votos particulares de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer. Ambas se oponen a condenar a Griñán por malversación, delito que le conducirá, o le debería conducir, a la cárcel.