Escrivá se declara en rebeldía e insiste en recentralizar impuestos tras ser desautorizado

Que Unidas Podemos haga oposición al Gobierno del que forma parte ocurre muy a menudo; pero que se la haga un ministro del PSOE es otro nivel.

José Luis Escrivá se ha declarado en rebeldía y este martes por la tarde, solo horas después de ser desautorizado por la portavoz del Gobierno, ha insistido en que él es partidario de recentralizar algunos impuestos.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha parado a hablar con la prensa en los pasillos del Senado y se ha reafirmado en la postura que horas antes expresó en Onda Cero, creando un problema al Ejecutivo.

Según Escrivá, la dinámica de que unas comunidades compitan con otras por bajar impuestos es «perversa»; y su opinión, que defiende desde hace «mucho tiempo» está -según él- «en el espíritu de mucha gente». «Esta competencia fiscal entre comunidades autónomas nos lleva a un debilitamiento del Estado del bienestar», ha insistido.

¿Tiene un ministro «opinión personal»?

Todo había empezado horas antes en una entrevista en la emisora, durante la que el titular de Seguridad Social se mostró partidario de que el Estado volviera a asumir la gestión de algunos impuestos. Aclaró, no obstante, que era una opinión «a título personal», pero el daño ya estaba hecho: puesto que, en política, un ministro no tiene una opinión personal, o al menos no puede o debe expresarla.

Sánchez pactó con ERC una armonización fiscal cuando lo necesitó, pero no cumplió

En realidad, Escrivá no dijo nada que no hubiera dicho Pedro Sánchez cuando lo necesitó: en el otoño de 2020, el presidente se comprometió con ERC a una «armonización fiscal» de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones para que Gabriel Rufián y sus otros 12 diputados apoyaran los Presupuestos de 2021. Lo que en realidad quería Esquerra, y sigue queriendo, es que el Ejecutivo central parara los pies a la Comunidad de Madrid y su política de bajar impuestos, porque no le viene bien a Cataluña.

El contexto ha cambiado

Lo que ha cambiado ahora es el contexto: con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, y los barones territoriales reclamando su autonomía, al Gobierno no le interesa hablar de recentralización. Le interesa, por el contrario, centrar el debate en que el PP baja los impuestos a unos pocos a costa de perjudicar a muchos y el PSOE baja los impuestos a muchos a costa de unos pocos, los más pudientes. Ése es el argumentario de La Moncloa y Ferraz y de ahí no se quieren salir los socialistas.

Es por eso que, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz lo dejó cristalino: «El propio ministro Escrivá ha dicho que se trataba de una opinión personal, y por tanto en ese contexto ha omitido la opinión. Por tanto, no tengo nada que aclarar al respecto, porque él mismo lo ha aclarado», sostuvo Isabel Rodríguez.

Después, la ministra de Hacienda, también desde el Senado, no se salió del redil del argumentario: «Ustedes lo que hacen es perdonar los impuestos a la banca, las energéticas y los grandes patrimonios y cargarlos sobre las rentas medias y trabajadoras de este país», afirmó María Jesús Montero durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

Los populares no se fían, porque cuando al Gobierno le conviene agita la bandera de la lucha contra el «dumping fiscal». En junio, hace solo tres meses, el PP presentó en el Congreso una proposición no de ley sobre la autonomía fiscal de las comunidades autónomas en la que advertía del sesgo político de esa bandera: «Esta ‘armonización’ esconde, en la práctica, un ataque frontal a las competencias y a la autonomía fiscal de ciertas comunidades. Se les niega, de esta manera, la libertad para fijar las tarifas, reducciones, bonificaciones o exenciones que consideren oportunas para sus residentes. Más aún, el Gobierno se ha cuidado muy mucho de aclarar que la referida ‘armonización’ no se aplicaría a los territorios históricos del País Vasco ni a la comunidad foral de Navarra. Esto significa, en la práctica, que lo que se busca con esta artimaña fiscal es subir la presión fiscal en comunidades autónomas de signo político contrario al del Gobierno de la Nación y, en particular, en Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia», señalaba el escrito.