El Congreso reconoce los derechos de los animales el mismo día que se los niega a los no nacidos

Se llamaban Chucy y Nube. Eran el gato y la perrita con los que, en 1991, Pablo Echenique y su familia emigraron de su Argentina natal a España. «Mi madre me dijo hace unos días: ‘Sin ellos no habríamos venido’. Chucy y Nube no eran cosas, sino miembros de la familia».

La historia la contó el propio portavoz de Unidas Podemos este jueves en el Congreso, durante los debates de las enmiendas a la totalidad de la Ley de protección, derechos y bienestar de los animales y de la modificación del Código Penal en materia de maltrato animal (en los dos casos, rechazadas).

También narró que ahora tiene dos perritos, Rufy y Dylan, a los que quiere «con locura». «Los animales no son cosas, sino seres sintientes, que tienen sentimientos. Los animales están completamente indefensos ante un ser humano que les quiera hacer daño. Maltratar a un animal es un acto moralmente miserable», continuó Echenique.

Eso al mediodía. Apenas una hora después, en el mismo hemiciclo, la ministra de Igualdad subió a la tribuna para defender la reforma de la Ley del aborto, que no reconoce ningún derecho al nonato. Elimina el consentimiento -y el conocimiento- paterno para las menores de 16 y 17 años y los tres días de reflexión, y obliga a los médicos objetores a apuntarse en una lista. «¿Qué problema tienen con que las mujeres disfrutemos de nuestra libertad sexual?», preguntó Irene Montero a las bancadas de la derecha.

¿Coincidencia? No para Vox. La diputada Lourdes Méndez consideró una «total provocación» y un «ensañamiento» que el Gobierno llevara a la Cámara Baja, el mismo día, ambos proyectos de ley. «¿Qué es lo que hemos venido a defender, señorías, cuando al mismo tiempo se está debatiendo en este Congreso sobre el valor de la vida de un animal al que se ha de proteger, valor y protección que se le niega a un ser humano, con el propósito de humanizar al animal y deshumanizar al ser humano?», lamentó Méndez.

El debate sobre las tres enmiendas a la totalidad de la Ley del aborto presentadas por el PP, Vox y Ciudadanos fue una especie de segundo tiempo después del vivido a primera hora de la mañana en relación a la Ley de derechos de los colectivos trans y LGTBI. Tanto, que Montero se burló del PP y Vox: «Vaya papelón el suyo esta mañana, dos debates perdidos en una misma mañana por los reaccionarios de este país, dos oportunidades para demostrarles que las feministas somos más».

Ambas enmiendas fueron rechazadas después por 142 votos a favor, 199 en contra y 4 abstenciones. La enmienda de Ciudadanos caminaba por otro lado: en el caso de los naranjas, lo que querían no era la retirada del proyecto de ley, sino su sustitución por otro que, a mayores, reconozca la gestación subrogada. Ya se ha encargó la diputada de Cs Sara Giménez de aclarar que su grupo «comparte» la Ley del aborto del Ministerio de Igualdad (salvo en lo relativo a que las menores de 16 y 17 años no tengan que informar a sus padres).

Así que, de nuevo, el PP y Vox estuvieron solos en su oposición frontal a un texto que, como recordó la diputada popular Marta González, fue aprobado por el Consejo de Ministros sin los informes de los órganos consultivos. Pese a tratarse de una ley orgánica que, como tal, afecta a derechos fundamentales.

González sostuvo que el Ministerio de Montero no esperó a que el CGPJ entregara su informe y que al Consejo de Estado ni siquiera se lo pidió. En ese punto, la diputada del PP se hizo eco de la excusa que Igualdad puso por escrito y que publicó El Debate: no solicitó un dictamen al máximo órgano consultivo del Estado para no darle más «carga de trabajo», aunque reconoció que habría sido conveniente ese trámite.

La diputada también reprochó a la ministra que su departamento rechazara 52 alegaciones que presentaron la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Galicia al anteproyecto de ley del aborto durante la fase de audiencia pública. Todas menos una, de carácter técnico y menor, que ni siquiera fue aceptada en su conjunto, sino parcialmente. Una información también desvelada por este diario.

A mayores, y como con la Ley trans, Igualdad solicitó la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Lo que acortará a la mitad los plazos y cercenará la labor de los grupos. «Esto es hurtar el debate y el trabajo parlamentario. Denunciamos y condenamos esta práctica que nos amordaza», se quejó González, que vinculó las prisas del Gobierno a que tiene «el temor y la convicción» de que la legislatura está acabando y hay que correr.

Por su parte, la parlamentaria de Vox recordó que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la Ley del aborto que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, tras el recurso de inconstitucional que entonces presentó el PP (y del que ella misma fue partícipe, como diputada del PP que era). «Las consecuencias de 12 años de inacción son absolutamente irreparables», afirmó.

Méndez señaló que esta reforma de la Ley del aborto es mucho más que eso, puesto que forma parte de la lucha entre dos «modelos antagónicos»: el humanismo de raíces cristianas y «la cultura globalista y de la muerte, trufada del marxismo cultural».

En respuesta a ambas, la diputada del PSOE Susana Ros afeó al PP y a Vox que quieran «recortar un derecho tan fundamental para las mujeres como decidir sobre nuestro propio cuerpo, maternidad y sexualidad». «La maternidad es una opción, no una obligación», añadió, al tiempo que vaticinó que también las mujeres del PP y Vox acabarán utilizando esta ley en su ámbito privado. «Eso es hipocresía».

El coste de la ley: 380 euros por aborto

El Gobierno tiene un apoyo parlamentario más que suficiente para aprobar esta reforma en las Cortes, una vez que supere el trámite parlamentario exprés. Cuando esté en vigor, su aplicación supondrá un coste extra de 132.929.915 euros anuales para las arcas públicas.

Son datos contenidos en el Análisis de impacto económico y presupuestario de la norma elaborado por el Ministerio de Igualdad: 1,15 millones de euros para el Estado propiamente dicho, 88,7 millones para la Seguridad Social y 43 millones más para las comunidades autónomas.

Solo garantizar el aborto en centros públicos supondrá 7,5 millones de euros más al año; a razón de 380 euros por aborto. En su análisis, el Ministerio de Igualdad da más detalles: «En promedio un aborto de hasta 12 semanas, con anestesia local y sin otro tipo de complicaciones puede costar alrededor de 350 euros incluyendo el preoperatorio. Si el embarazo supera las 12 semanas el precio de la intervención se incrementa de manera muy variable dependiendo del número de semanas, las condiciones de salud y el riesgo que implica la intervención», especifica. De ahí que haga una media de 380 euros.