Sánchez incumple la Carta Ética de la Internacional Socialista que presidirá desde noviembre

Desde este martes, ya es oficial, porque no ha habido más candidaturas que la suya. Dentro de un mes, Pedro Sánchez se convertirá en el presidente de la Internacional Socialista. Será, además, el primer español en ocupar el cargo, durante cuatro años. Se lo cederá el griego Yorgos Papandreu en el Congreso que la IS celebrará en Madrid entre el 25 y el 27 de noviembre.

Según el propio Sánchez, se abre «un nuevo tiempo» en la Internacional Socialista, que agrupa a 132 partidos y organizaciones socialdemócratas, socialistas y laboristas repartidas por todo el mundo. «No podría haber causa más alta ni más querida para los que nos sentamos aquí. Será un privilegio contar con el empuje de todas y todos vosotros para llevarla a cabo», afirmó en septiembre al presentar su candidatura a sus colegas.

Sin embargo, el presidente del Gobierno deberá ponerse al día con los deberes, porque su gestión en España incumple dos de las obligaciones de la Carta Ética de la organización: independencia judicial y prensa libre. Mala tarjeta de presentación para el nuevo líder de la Internacional Socialista.

La Justicia, talón de Aquiles de Sánchez

En dicha Carta Ética, que es un código de conducta, los partidos miembros se comprometen a defender «un sistema judicial independiente e imparcial basado en el derecho», condición sine qua non para una «democracia pluralista», a juicio de todos ellos.

Sin embargo, en España Sánchez sigue resistiéndose a despolitizar la Justicia, al menos en parte, pactando con el PP una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Que es, también, la postura de la Comisión Europea. En una visita a España a finales de septiembre, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, respaldó esa reforma para que los jueces tengan más capacidad de decisión a la hora de designar a los miembros de su órgano de gobierno.

No obstante, ni siquiera en la «fase final» de las negociaciones entre socialistas y populares para la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional –según la definió este martes la portavoz del Ejecutivo– Sánchez quiere comprometerse a cambiar la ley tras el acuerdo.

Otras actuaciones suyas también chocan frontalmente con la defensa de un sistema judicial «independiente e imparcial» de la Carta Ética de la Internacional Socialista: haber colocado en su día a su ministra de Justicia como Fiscal General del Estado, enmendar la plana al Tribunal Supremo indultando a nueve presos del procés y pactar con Pere Aragonès que el Gobierno mirará para otro lado mientras la Generalitat de Cataluña incumple la sentencia del 25 % de castellano en las urnas.

Y, como viene contando El Debate, intentar forzar un Tribunal Constitucional de mayoría de izquierdas con sensibilidad hacia la causa catalana, para que en el futuro valide una consulta pactada por el Ejecutivo (seguramente, a través de un nuevo Estatut).

La Carta Ética de la que a partir de noviembre Sánchez deberá ser máximo garante también aboga por una «prensa libre y pluralista». Sin embargo, en España el presidente del Gobierno ha señalado públicamente a medios críticos y ha aprobado el anteproyecto de una Ley de Información Clasificada que pone límites a la libertad de información (también a la de expresión y al derecho a la información pública).

Este periódico se hizo eco hace dos semanas del informe elaborado por el Consejo de la Transparencia a propósito de este anteproyecto, en el que el organismo alertaba de sus excesos y riesgos: «Aparte de para otros derechos constitucionales (las libertades de expresión y de información del artículo 20 CE), esta amplitud e indeterminación en la configuración de los supuestos en los que se puede clasificar información puede resultar muy onerosa para el derecho de acceso a la información pública».

En su última comparecencia en el Congreso, Sánchez acusó a la prensa madrileña y a la Cadena COPE de ser una «terminal política de esos intereses que representa el dinero». Unas acusaciones que rápidamente fueron rechazadas por la Asociación de la Prensa de Madrid.

A finales de septiembre, el Gobierno empujó a dimitir al presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, porque la radiotelevisión pública no era lo bastante de izquierdas. En su lugar encumbró a una de las consejeras que habían sido designadas por el PSOE, Elena Sánchez, y la dio plenos poderes cambiando los Estatutos de RTVE sin pasar por el Congreso.

Hay un tercer aspecto de la Carta Ética de la Internacional Socialista que puede poner al presidente español en un brete si finalmente indulta al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Porque el documento compromete a sus miembros a «combatir la corrupción en todas sus formas y los obstáculos a la buena gobernanza». Y a su presidente el primero de todos.

En la Internacional Socialista existe un Comité de Ética que se encarga de velar por el cumplimiento de este código de conducta por parte de todos sus miembros, y está habilitado para hacer recomendaciones y proponer sanciones «a las instancias dirigentes de la Internacional Socialista». Ocurre que, en este caso, la máxima instancia dirigente será a partir del 27 de noviembre el propio Pedro Sánchez.