La Fiscalía del Constitucional presiona a favor del Gobierno para tratar de recusar a dos magistrados conservadores

Apartar a dos magistrados conservadores del Pleno del Constitucional que tendrá que resolver, en las próximas horas, sobre las cautelares adoptadas en el recurso de amparo planteado por el Partido Popular contra el acuerdo de la Mesa parlamentaria que dio luz verde a las dos enmiendas con las que el Gobierno aspira a controlar el Tribunal. La Fiscalía de la Corte de Garantías, personada en la causa —y que ya avaló sin éxito la innecesariedad de las medidas cautelarísimas que impedirán al Senado avanzar en el trámite de aprobación de los polémicos textos— ha asumido los argumentos planteados por PSOE y Podemos para recusar al actual presidente del órgano, Pedro González-Trevijano y su compañero el magistrado Antonio Narváez antes de decidir sobre la petición de la Cámara Alta.

«Esta Fiscalía entiende procedente que el pleno del Tribunal aborde el tratamiento [de los incidentes de recusación] con carácter previo a resolver sobre la pretensión del Senado y a cualquier otro trámite procesal subsiguiente que haya de llevarse a cabo en el presente procedimiento», recoge el escrito presentado por el Ministerio Público, al que ha tenido acceso El Debate. Y lo ha hecho antes de que el Pleno del Constitucional delibere y resuelva sobre la impugnación del Senado, a la suspensión provisionalísima de la votación parlamentaria de la reforma legal, tras admitir el recurso del PP.

En la resolución dictada el lunes por el TC, por mayoría de 6 votos a 5, la Corte denegó la petición de alejar del Pleno a los dos magistrados cuestionados por el sector progresista. No en vano, el argumento inicial es que se trataba de dos miembros salientes del órgano y que, por lo tanto, tendrían un interés directo en el fracaso de la reforma legal orientada a acelerar su renovación. Sin embargo, la realidad es que son cuatro los magistrados en esa misma situación de mandato prorrogado en sus cargos desde el pasado mes de junio: dos conservadores y dos progresistas, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y Ramón Saéz-Valcarcel.

En el supuesto de que el Tribunal aceptase la petición de la Fiscalía, el Pleno quedaría reducido a tan solo nueve magistrados, repartidos en un bloque de cinco progresistas y cuatro conservadores y consumándose, de facto, el vuelco de la actual mayoría hacia una de izquierda a la que aspira Pedro Sánchez. De esta forma, el marcador de seis a cinco que favoreció la suspensión de la votación parlamentaria de las dos polémicas enmiendas del Gobierno para renovarlo, cambiaría a uno más afín a atender las alegaciones del Senado, levantar las prevenciones cautelares y permitir, mañana jueves día 22, a la Cámara votar ambos textos para sacarlos adelante.

Así las cosas, se trata de un escenario «poco probable» según apuntan a El Debate fuentes conocedoras de la causa. No sólo porque hace menos de 48 horas que el mismo Pleno descartó pronunciarse sobre dichas recusaciones al no estar «en el momento procesal adecuado» para hacerlo sino, además, porque la «posición de la Fiscalía» ha de tenerse en cuenta, «como la de cualquier otra parte del procedimiento en curso» pero «no es vinculante» para los magistrados.