El triple revés judicial a Sánchez complica sus planes para abrir el melón constitucional esta legislatura

Nada de lo que a estas alturas pueda hacer, o dejar de hacer, Pedro Sánchez por tratar de controlar cualquiera de las más altas instituciones del Estado debería sorprender a nadie. Las maniobras que, en los últimos días, ha puesto en marcha para atar, cuanto antes y por la puerta de atrás, el Poder Judicial y los órganos llamados a completarlo, como el Tribunal Constitucional, han sido la prueba fehaciente de que nada se interpondrá en en su voluntad de despejar el camino de sus más espurios planes políticos. Sánchez tiene una hoja de ruta y está dispuesto a ejecutarla aunque para ello no le baste con esta legislatura donde los mecanismos del Estado –TC, con el apoyo expreso de Europa, y CGPJ– se han activado como contrapeso, efectivo, para frenarlo. La apertura del melón de la reforma constitucional tendrá que esperar.

En cuestión de horas el Gobierno se ha visto obligado, por el momento, a reponerse de su relato inicial sobre la necesidad de renovar el TC, incluso a espaldas de los más mínimos controles parlamentarios –y precipitar con ello el vuelco de una mayoría conservadora a otra progresista– tras el primer varapalo propinado por la propia Corte a Sánchez. «Oiga, no me vaya por ahí», que diría Patxi López, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Los socialistas pasaban, entonces, de la más absoluta condena a una decisión de la «máxima gravedad» –adoptada por un órgano con cuatro de sus miembros prorrogados en sus funciones pero de los que solo dos fueron recusados por conservadores, no por caducados– a abrirse de par en par a una reforma de las mayorías políticas necesarias para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que, a fin de cuentas, bloquea dos de los nombramientos necesarios para actualizarlo. Eso sí, por la vía ordinaria.

No en vano, el Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en el mayor escollo del titular de la Moncloa en su camino hacia el ajuste de las costuras constitucionales a la medida de sus necesidades políticas que caminan ya, indefectiblemente ligadas, al destino de sus socios separatistas catalanes. Así las cosas y tras una importante victoria del Partido Popular en clave de legalidad, el duelo que se libra a dos bandas en el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, Sánchez ha cambiado su táctica. De enmendar el Código Penal por las bravas a perpetrar el ansiado cambio del máximo órgano de los jueces, y por extensión del Tribunal de Garantías, en un mes como máximo, pero empleando un procedimiento más aséptico y sin desafiar frontalmente a nadie porque Europa mira de soslayo.

Sánchez se ha visto obligado a desinflamar el conflicto institucional —o «desescalar» el nivel de desafío, en palabras del ministro Félix Bolaños— tras confirmarse que los populares siguen dispuestos a negociar la renovación del máximo órgano de los jueces siempre y cuando Sánchez retome la vía de la razón parlamentaria, la senda constitucionalista y renuncie a eliminar la malversación y la sedición de nuestro ordenamiento para contentar a los separatistas.

Llegados a este punto en el que el Estado de Derecho ha dado un paso al frente para imponerse como la única certeza frente al caos de la unilateralidad y lo arbitrario, el presidente del Gobierno —que, este mismo lunes, esperaba paciente que triunfase su mensaje sobre la soberanía ilimitada del Congreso— confirmaba, con los dientes apretados, que su Ejecutivo y él mismo «conforme» a la ley y la Carta Magna, adoptarán «cuantas medidas sean precisas para «poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales de 2019».

No hicieron falta más datos del presidente del Gobierno para leer entre líneas. Si las enmiendas vía exprés habían chocado, de raíz, con la oposición frontal de seis magistrados del Constitucional, con la voluntad de la mayoría conservadora del CGPJ para designar a dos candidatos —neutralizados por la negativa a abstenerse de la mujer del suyo a presidir el Tribunal de Garantías— y el apoyo inequívoco de Europa a la Corte que ha puesto sentido común ante la urgencia, Sánchez activará su plan B y todo apunta a que será uno que ya estuvo sobre la mesa del Gobierno PSOE-Podemos en 2020.

En la Moncloa se barrunta ya rebajar, por los cauces tasados, las mayorías necesarias para elegir a los 12 miembros judiciales del Consejo y pasar de los tres quintos actuales a la mayoría absoluta, vetando a los populares cualquier opción de bloqueo. Sánchez ha recibido un triple varapalo que le ha obligado a cambiar las formas pero mantiene el fondo intacto. Hace unos meses era Bruselas quien ponía orden en el desafío legislativo y, quizás, si la cosa prospera tenga que volver a hacerlo.