Felipe VI, la moderación necesaria

Cinco días después de una jornada aciaga con epicentro en el Tribunal Constitucional y efectos en el Parlamento y el Gobierno de la nación, el Rey dirige a los españoles su habitual mensaje de Navidad; tan sólo cinco días después de que el Gobierno bifronte, sus socios de legislatura y los muy diversos grupos de oposición, se acusen mutua y reiteradamente de «golpes de mano», «de Estado» y de «complot», evocando los peores pasajes de nuestra historia, invocando los más peligrosos demonios y parangonando situaciones y contextos manifiestamente disímiles.

Buena parte de los asuntos que el Rey abordará no sorprenderán a nadie. No faltará su redundante reclamo a la unidad de los españoles –no en vano, la Constitución define al Rey de España como «símbolo de su unidad y permanencia» (art. 56.1)–; y tampoco eludirá su invocación reiterada a la concordia, como ya hizo su padre en 1975, en su primer discurso navideño, en el que instó a los españoles a iniciar una transición pacífica e irreversible hacia la democracia. Escucharemos, con seguridad, referencias al estado de la economía y el empleo, con un especial recuerdo a las personas más desfavorecidas; recordará los valores democráticos; mencionará con mayor o menor detenimiento asuntos como la igualdad, la violencia de género o la inmigración; y así, un largo etcétera en el que no faltarán referencias a la guerra en Ucrania, tan cerca de la civilizada Europa. Se presentará como lo que es: un Rey con voluntad de servicio, comprometido con la democracia y la Constitución, mostrando su insobornable convicción y deseo de ser y querer ser el «Rey de todos los españoles». El misterio a estas horas es si Felipe VI pasará por alto la crisis de las instituciones democráticas a que estamos asistiendo y que, a fecha del mensaje de Navidad, seguirá sin resolver.

¿Debería decir «algo» el Rey?

Pese a que la Constitución de 1978 no reconoce expresamente al Rey derecho de mensaje alguno, su consolidación por vía convencional y consuetudinaria es indiscutible. Y, a diferencia del Reino Unido, donde el Monarca propala sin ambages el programa de acción del Ejecutivo en el tradicional discurso de la Corona; en España, desde la re-instauración de la monarquía en 1975, los mensajes del Rey se han percibido como vehículos transmisores del criterio propio y neutral del Rey, una opinión que ha de ser necesariamente «de Estado», y nunca «de partido».

Pese a su solemnidad, los mensajes de Navidad representan el contacto más íntimo y cercano del Jefe del Estado con la ciudadanía. Redactados en la Casa de Su Majestad y sometidos después a la consideración del Ejecutivo, son percibidos por los españoles como ajenos al obligado control del Gobierno. Todo ello sin perjuicio de que, surgida una incómoda disparidad de criterios con el Palacio de la Moncloa, «la Casa» nunca ha impuesto su versión, evitando así una indeseada crisis institucional.

La virtualidad del mensaje de Navidad reside en la oportunidad que esta herramienta oratoria brinda al Rey para comunicarse sin mediación aparente con la ciudadanía. La contrapartida, sin embargo, es el riesgo de desconocer que, en la monarquía parlamentaria –el estadio más evolucionado de la institución y la única modalidad compatible con la democracia– no cabe mensaje del Rey sin refrendo del Ejecutivo, la condición sine qua non para la validez de los actos del Jefe del Estado.

El espectador asiste cada año por estas fechas a la emisión de un mensaje que se pronuncia supuestamente en directo. La televisión no advierte que el discurso ha sido grabado con antelación, como tampoco desvela a los espectadores que, lejos de una comparecencia improvisada, nos encontramos ante un texto leído, previamente escrito y revisado por dos órganos distintos del Estado, como son la Casa de S.M el Rey, primero, y la Presidencia del Gobierno, después. Y, pese a que la escenografía –presunto directo y ausencia del preceptivo ministro de jornada– invite a pensar que los mensajes de Navidad escapan de este requisito, el aval gubernamental no admite excepciones, otorgándose el refrendo, necesariamente, de manera presunta.

SOLO UNA VEZ en democracia se ha perpetrado un (intento de) golpe de Estado, y SOLO ESA VEZ resultó técnicamente imposible el refrendo en una de sus modalidades ordinarias. Sucedió el 23 de febrero de 1981. Presidía el Gobierno Adolfo Suárez, líder dimitido de una coalición de centro-derecha que pretendía ceder esa misma tarde el timón del Ejecutivo a Calvo Sotelo, miembro también de esa formación. Secuestrados el Gobierno y el Parlamento, y por el tiempo imprescindible, el Rey hizo uso de un cierto «poder de reserva» que resultó suficiente para reconducir el golpe y devolver acto seguido el poder a sus legítimos titulares. Por aclarar, un paréntesis: pese a la gravedad de los hechos que hoy vivimos, nada de esto ocurrió en estas fechas.

Con el argumento de que la Constitución encomienda al Rey la tarea de arbitrar y moderar «el funcionamiento regular de las instituciones» (artículo 56.1 CE), algunos líderes de opinión exigen al Jefe del Estado que tome partido: ¿qué «piensa» el Rey de lo que está pasando?, ¿a qué está esperando para hacer «algo»? Le exigen y ¿aconsejan? que «rompa su silencio». Y demandan de él un pronunciamiento explícito sobre asuntos que competen a otros poderes del Estado, y solo a ellos competen.

Pero, el Rey no puede ni debe darles esa satisfacción a unos, y tampoco a otros. Debemos esperar del Rey, tan sólo lo que el Rey puede y debe darnos, ejerciendo con infinita discreción su desempeño.

Demandemos del titular de la Corona un juicio «de Estado», ajeno a la lucha partidaria, conscientes de que el Rey parlamentario reina, pero no gobierna.

¡Feliz Navidad!

• Manuel Ventero es autor del libro 'Los mensajes de Navidad del Rey'