Turno de Bildu: Sánchez renuncia a castigar los homenajes a etarras como prometió

El Gobierno ha renunciado definitivamente a modificar la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo de 2011; un compromiso que el ministro del Interior asumió con las asociaciones allá por el verano de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Se trataba de una reforma inicialmente pensada para multar por la vía administrativa los recibimientos a los etarras que van saliendo de la cárcel, los llamados ongi etorri, dadas las dificultades de los jueces para prohibirlos de forma preventiva.

El secretario general de la Presidencia, Francisco Martín, lo confirmó este jueves, durante el balance semestral que el Ejecutivo hace acerca de los compromisos cumplidos. Precisamente el día en el que Pedro Sánchez se reunió en la Moncloa con representantes del Patronato de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Él y ocho ministros de su Gobierno.

Ante ellos subrayó el «compromiso» del Ejecutivo de «seguir trabajando en las políticas de memoria, que tienen el sufrimiento de las víctimas como referente, para la construcción de una sociedad mejor y para conseguir la deslegitimación del terrorismo», según fuentes gubernamentales. El propio presidente colgó un tuit con este mensaje: «El sufrimiento de las víctimas del terrorismo no se puede compensar, pero su memoria es necesaria para escribir nuestra historia. Trabajamos para consolidar la libertad y la democracia. Gracias por vuestra labor».

Sánchez llegó a incluir la reforma de esa ley en el Plan Anual Normativo de 2020, la hoja de ruta legislativa que el Gobierno elabora anualmente. Con el objetivo de «profundizar en la mejora de los derechos de las víctimas el terrorismo, como referente ético de nuestro sistema democrático, incorporando medidas como la ampliación del ámbito subjetivo de la ley, o equiparar determinados derechos de las víctimas». Después desapareció de los planes de 2021 y 2022, pero el Ejecutivo no había oficializado la extinción de su compromiso.

Las evasivas del Ministerio

Es más. Durante meses, el Ministerio del Interior dio largas a las víctimas escudándose en que estaban pendientes de conocer una revisión que la Comisión Europea estaba haciendo sobre la Directiva 2017/541 en lo referido a actos de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas, para comprobar si afectaba a la reforma de la ley española. Pero Bruselas se pronunció hace más de un año, en noviembre de 2021, y aun así el departamento de Fernando Grande-Marlaska siguió sin hacer nada.

No obstante, desde el Ejecutivo señalan que, aunque esta reforma legal aparecía en el Plan Anual Normativo de 2020, «nunca ha estado recogida» como tal entre los 1.513 compromisos de Sánchez. De los que, según Presidencia, ya ha cumplido el 67 % desde que empezó la legislatura. Y otro 31,2 % se encuentra en proceso.

Esa reforma implicaba -en teoría- más cosas aparte de poner freno a los ongi etorri. Implicaba ampliar el ámbito de protección de dicha ley a los hijos de víctimas del terrorismo que en el momento del atentado eran menores de edad y arrastran secuelas psicológicas.

Su paralización obedece a que Sánchez siempre confió en que la izquierda abertzale renunciara motu proprio a los homenajes. De hecho, en noviembre de 2021 el colectivo de presos de ETA EPPK pidió a sus familiares, a través de un comunicado, prescindir de ongi etorri y limitar las recepciones a actos «discretos» en «el ámbito privado». Sin embargo, se siguieron produciendo, porque había una corriente interna que así lo quería. El más multitudinario fue el que le brindaron al etarra Ibai Aginaga el pasado marzo en el frontón de Berango, en Vizcaya.

El mes pasado, Javier García Gaztelu, «Txapote», y otros 10 miembros de ETA firmaron un manifiesto sobre la «legitimidad de la lucha», redactado en protesta por la investigación de 18 personas por su participación en el homenaje a Aginaga.

En este año, las víctimas de ETA han visto como el Gobierno sí ha legislado para castigar cualquier acto de apología personal o colectiva de la dictadura franquista (los que implican descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares se considerarán infracciones muy graves, multadas con entre 10.001 y 150.000 euros). Ello a través de la Ley de Memoria Democrática, pactada con Bildu.