Ximo Puig ha dado 15,4 millones en contratos y ayudas a un empresario de la trama de mordidas al PSOE de Valencia

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha otorgado 15,4 millones de euros en cuatro contratos y veintidós subvenciones al empresario Enrique Gimeno, dueño de la constructora Facsa. Este empresario, condenado por la Audiencia Nacional, está siendo investigado por la Guardia Civil en el 'caso Azud' por pagar comisiones a cargos del PSOE de Valencia a cambio de beneficiarse de adjudicaciones públicas amañadas.

Los dos primeros contratos fueron otorgados desde el Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (EPSAR). El objeto de ambos fue el «servicio de funcionamiento y mantenimiento de pequeños sistemas de saneamiento y depuración municipales de la provincia de Alicante». La empresa Facsa se llevó dos lotes: el número 2, por un importe de 6.185.230 euros; y el número 3, de 7.815.941 euros. La entidad EPSAR está dirigida por Juan Ángel Conca y las adjudicaciones fueron firmadas el 22 de junio de 2022. Es decir, cuando el adjudicatario ya estaba siendo investigado por los tribunales.

Los otros dos contratos fueron de 250.644 y 180.872 euros. El primero de ellos fue otorgado el 15 de febrero de 2022 desde la Consejería de Agricultura, dirigida por Mireia Mollà en el momento de la adjudicación, y tenía como objeto «la renovación del abastecimiento de agua potable entre el poblado marítimo y el poblado interior de Xilxes (Castellón)». El segundo se adjudicó el 19 de septiembre de 2022 desde la Consejería de Educación, hoy en manos de Raquel Tamarit, para «la realización de prácticas para el alumnado de los ciclos formativos».

Facsa es una de las empresas que forma parte de la trama de sobornos a altos cargos del PSOE de Valencia que investiga la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil. En concreto, los investigadores mencionan hasta en 51 ocasiones a esta constructora en su último informe secreto. Una de esas menciones es referente a una reunión que mantuvo José María Cataluña, ex tesorero de los socialistas valencianos, con el dueño de la empresa, Enrique Gimeno, después de una adjudicación de 50,8 millones de euros.

De hecho, la relación entre el empresario y Cataluña era tan fluida que el financiero se refería a él en sus agendas de manera coloquial como Quique. Los investigadores obtuvieron mensajes de WhatsApp entre ambos al menos hasta el año 2016, momento en el que, si bien el 'caso Azud' no se había destapado (las detenciones arrancaron en 2019) el constructor ya estaba imputado en otra causa de la Audiencia Nacional. En ese momento, al constructor se le atribuían tres delitos electorales y uno de falsedad, por los que finalmente acabó siendo condenado en junio de 2018. La condena fue de un año y nueve meses de cárcel aunque nunca entró en prisión porque la pena fue conmutada por una multa de 154.500 euros.

La Guardia Civil enmarca el encuentro entre Cataluña y Gimeno en el posible cobro de comisiones, ya que la reunión se descubrió tras registrar la vivienda de Cataluña y encontrar citas entre ambos en una libreta en la que también figuraban las mordidas que recibía de los empresarios a cambio de amañar concursos públicos. Durante los últimos días, este periódico ha desvelado las cantidades exactas del cobro de comisiones. Los investigadores también descubrieron que Cataluña hizo gestiones para beneficiar a este empresario en 2019 ante la Agencia Tributaria de Valencia.

Decenas de subvenciones

Además de los contratos, el Gobierno de Puig también ha otorgado varias ayudas públicas por un valor total de 992.318 euros. Estas subvenciones se han adjudicado desde organismos públicos dependientes del Ejecutivo regional: la Agencia Valenciana de Innovación, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y las secretarías autonómicas de Universidades e Investigación y de Modelo Económico y Financiación.

La entidad que más ayudas otorgó a Facsa ha sido la Agencia Valenciana de Innovación, un total de 775.389 euros en 12 tandas. Este organismo está presidido por el propio Ximo Puig. Unas subvenciones que tenían como concepto «la consolidación de la cadena del valor empresarial», «los proyectos estratégicos en cooperación», »el fomento de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación» y, por último, «la promoción del talento». Todas estas ayudas fueron otorgadas entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021.

La segunda institución fue el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dirigido por Julia Company. Entre mayo y noviembre de 2020, la constructora recibió un total de ocho ayudas por valor total de 77.903 euros. Todas las subvenciones tuvieron como objeto el otorgamiento de ayudas «en materia de eficiencia energética en la industria y edificios del sector terciario».

Otro de los organismos que financió con dinero público a uno de los empresarios de la trama de mordidas al PSOE de Valencia fue la Secretaría Autonómica de Universidades e Investigación, que el 19 de diciembre de 2020 concedió a Facsa 88.660 euros para la «financiación de soluciones científico-innovadoras directamente relacionadas con la lucha contra el Covid-19». En ese momento, esta entidad estaba dirigida por Carmen Beviá.

Por último, la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación dio 50.366 euros a la constructora que investiga la Guardia Civil para que participara en proyectos europeos. Una subvención que fue aprobada por María José Mira Veintimilla el 10 de abril de 2020.

Según los investigadores, Veintimilla intermedió personalmente entre Cataluña y Gimeno -beneficiario de la ayuda que ella misma aprobó- para la gestión ante la Agencia Tributaria valenciana. Así lo hicieron constar el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la Guardia Civil.

Tal y como ha podido saber El Debate, en 2021, año en el que se adjudicaron muchos de estos contratos y subvenciones, la cúpula de la constructora percibió remuneraciones por importe de 915.000 euros. Este periódico se ha puesto en contacto con la compañía para conocer su versión de los hechos pero, a la publicación de este reportaje de investigación, nadie de la constructora se han manifestado.