Vox presenta un recurso contra la ley que deroga la sedición y reforma el delito de malversación
Vox recurre la derogación de la sedición ante el TC: «Se culmina la estafa del Gobierno a los españoles»
El partido de Santiago Abascal ha presentado la petición de recusación de varios magistrados «por su especial vinculación» con el Ejecutivo de Pedro Sánchez
La formación que preside Santiago Abascal ha presentado este jueves ante el Tribunal Constitucional el recurso que anunció contra la ley orgánica 14/2022 relativa a la reforma del Código Penal por la que se deroga el delito de sedición y se rebaja el delito de malversación.
El líder de Vox ha denunciado ante las puertas del Alto Tribunal que con esta reforma «se culmina la estafa del Gobierno a los españoles, una estafa que es la culminación del proceso de mentira de este Gobierno a través del cual accedió al poder», al tiempo que ha reprochado que «se hace para mantenerse en el poder, pactando con corruptos y con golpistas».
Abascal también ha recriminado al Ejecutivo que «pisotee por enésima vez la Constitución», porque esta reforma «implica un indulto encubierto y un indulto de carácter masivo, general, que está expresamente prohibido» en la Carta Magna.
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Además, el partido ha presentado un escrito de recusación de cuatro magistrados del Constitucional por su «especial vinculación» con el Gobierno de Pedro Sánchez: el recién nombrado presidente del Alto Tribunal, Cándido Conde-Pumpido; el exministro de Justicia Juan Carlos Campo; la exalto cargo del Ministerio de Presidencia Laura Díez; y la magistrada María Luisa Segoviano.
En el recurso presentado este jueves, Vox señala que el objetivo de la derogación de la sedición y la rebaja de las condenas por malversación es «beneficiar a un concreto círculo de españoles ya condenados por sentencia firme» por estos delitos, y considera que despenalizarlos «pone en riesgo la paz social, la unidad de España y el orden democrático» dada la posibilidad de que se cometan estas acciones en el futuro.
Asimismo, los de Abascal critican la «ausencia de informes preceptivos» para la aprobación de la reforma por las Cortes Generales, algo que, en su opinión, supone que se vicie «el proceso de formación de la voluntad de la Cámara», y también el hecho de que no haya antecedentes necesarios para la formación de dicha voluntad, lo que implica que «la norma se dicte en fraude de ley».
