El 95 % de los inmigrantes ilegales con orden de expulsión, como el asesino de Algeciras, sigue en España

El Ministerio del Interior ha confirmado que Yasin Kanza, el marroquí de 25 años que el miércoles mató a un sacristán e hirió de gravedad a un sacerdote en Algeciras, tenía pendiente su expulsión por estancia irregular en España, lo cual supone una infracción grave de la Ley de Extranjería.

Según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska consultadas por El Debate, se le incoó expediente el pasado mes de junio por carecer de autorización de residencia y, una vez resuelto, en noviembre se le notificó la orden de abandonar el país (tenía menos de un mes para hacerlo). Así que este miércoles no debería haber estado en Algeciras, sino en su Marruecos natal.

El caso de Kanza no es una excepción, sino que se ha convertido en norma: más del 95 % de los inmigrantes que están llegando a España de manera irregular se quedan en el territorio nacional. La tasa de retornados está en mínimos históricos, dada la política migratoria de Pedro Sánchez.

Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2022, y según datos de Interior, la Policía Nacional dictó 18.676 órdenes de devolución contra otros tantos ciudadanos extranjeros sin papeles en toda España. Entre esos expedientes, uno era el del asesino de Algeciras, que gritó «Alá es grande» y «muerte a los cristianos» mientras atacaba.

El problema es que, en esos ocho meses, solo se ejecutaron 539 de esas órdenes, apenas el 2,88 %. Se trata de un porcentaje irrisorio que viene repitiéndose en los últimos años, e incluso va a peor. En todo 2021, Interior dictó 42.614 órdenes de devolución, de las que únicamente se llevaron a término 1.417, el 3,32 %. En todo 2020 fueron 37.287 órdenes de devolución, y solo se ejecutaron 1.623, el 4,35 %.

El pasado martes en el Congreso, Pedro Sánchez presumió de que la única ruta migratoria hacia Europa que descendió en 2022 fue «la de Marruecos hacia España», defendiendo así su nueva relación con Mohamed VI: «Un 21 % menos a través de Andalucía y un 31 % menos a través de Canarias», añadió. El presidente mostró la cara de la moneda, pero no la cruz: «De los que están llegando de Marruecos de forma irregular, el 98 % ya no se vuelve», señalan fuentes policiales a El Debate. Y Kanza estaba entre ellos.

Vox lo viene advirtiendo

Vox ha venido alertando sobre la enorme dilación en los plazos de ejecución de las órdenes de expulsión. «Lo que debería hacer el Ministerio de Interior, sin demora, es ejecutar esas órdenes de expulsión. Da igual que sea expulsión por falta de autorización para residir en España, por entrada ilegal, por orden judicial o por resolución administrativa, ambas determinadas además por haber cometido infracciones graves o muy graves. En todos los casos, expulsión en plazo de todo extranjero», pidió la diputada María Teresa López durante una Comisión de Interior celebrada en noviembre en el Congreso.

Los casos más preocupantes son los expedientes relacionados con infracciones muy graves de la Ley de Extranjería, tales como «participar en actividades contrarias a la seguridad nacional». Hace poco más de un mes, el 16 de diciembre, el grupo parlamentario de Santiago Abascal registró dos preguntas parlamentarias al respecto.

En ellas pedía al Gobierno datos sobre el número de órdenes de expulsión aún no ejecutadas en lo que va de legislatura. Y, sobre todo: «¿Por qué razón el Gobierno no está ejecutando las órdenes de expulsión debidamente resueltas?» y «¿qué medidas está adoptando para que estas faltas de ejecución no supongan un riesgo para la seguridad nacional?». Preguntas que el Ejecutivo aún no ha respondido.

El caso más mediático de los últimos meses fue el de Mohamed Said Badaoui, un destacado líder de la comunidad islamista en Cataluña, residente en Reus (Tarragona). La Secretaría de Estado de Seguridad resolvió a favor de su expulsión el pasado 14 de septiembre, acusándolo de «radicalismo ideológico» y de «adoctrinar» en el yihadismo a menores vulnerables marroquíes.

Said Badaoui recurrió su expulsión, e incluso tuvo a su lado a los Comunes de Ada Colau, ERC, Junts y la CUP, que afirmaron que estaba siendo víctima de la «represión política mediante la Ley de Extranjería». Ello retrasó su deportación hasta finales de noviembre. «Cualquier persona tiene derecho a interponer los recursos legalmente establecidos o a ejercitar la acción que corresponda ante la imposición de cualquier sanción», señaló el Ejecutivo entonces.