Sánchez y Bolaños en un homenaje a las víctimas del franquismo, en una imagen de archivo
Un clásico
Vuelve el «francomodín» en año electoral: Sánchez prepara otro arsenal de «memoria democrática»
El Gobierno tiene previsto aprobar, antes de que acabe la legislatura, una ley y tres reales decretos para desarrollar los preceptos de la polémica ley que entró en vigor en octubre
En este año doblemente electoral, en el que la izquierda necesita movilizar a su electorado, el Gobierno y sus socios parlamentarios también van a hablar de Francisco Franco. Y mucho. La aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que entró el vigor el pasado 21 de octubre, no fue el final de nada, sino un punto y seguido.
El Ejecutivo ha previsto aprobar, antes de que acabe la legislatura, una ley y tres reales decretos para desarrollar los preceptos de la polémica norma; tan polémica, que Vox la tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional y Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a derogarla si llega a la Moncloa.
El recurso de los de Santiago Abascal, que el TC admitió a trámite la semana pasada, denuncia que esta ley «pretende dinamitar del imaginario colectivo a un bando de la Guerra Civil, así como el establecimiento, desarrollo y posterior final del régimen posterior a la misma».
El Plan Anual Normativo de 2023, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de enero y que equivale a la hoja de ruta legislativa del Gobierno para el año en curso, recoge cuatro actuaciones en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Y Pedro Sánchez deberá darse prisa, porque le quedan apenas 10 meses, con las elecciones municipales y autonómicas por medio.
En primer lugar, el Ministerio del Interior tiene previsto elevar al Consejo de Ministros un proyecto de ley para modificar la ley orgánica que regula el derecho de asociación (de 2002). El objetivo es incluir en ésta un nuevo motivo de disolución, de entre los citados en el artículo 38: «La realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales», tal y como recoge la Ley de Memoria Democrática.
Para el resto de las actuaciones, el Gobierno utilizará la herramienta del real decreto, una norma con rango de reglamento que aprueba el Consejo de Ministros y no necesita pasar por el Congreso, ni siquiera para su convalidación (como sí sucede con el real decreto ley).
Esta será la fórmula elegida para dar forma al Centro de Memoria Democrática, cuya creación estaba contemplada en la Ley de Memoria Democrática. Según su texto, para «la salvaguarda de la dignidad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sucedidas en el pasado en España y la promoción de la memoria democrática de los derechos humanos y los valores democráticos en el marco de un impulso universal a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».
También a través de un real decreto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños, el Gobierno regulará la «organización, funcionamiento y régimen patrimonial» del Valle de los Caídos, que la actual ley ha renombrado como «Valle de Cuelgamuros».
La «resignificación» del lugar siempre ha sido un foco de controversia. No en vano, ya el comité de expertos designado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para decidir qué hacer con el Valle de los Caídos reconoció en su informe que la tarea sería «sumamente compleja, habida cuenta de las contrapuestas emociones e imágenes que del Valle tienen hoy en día los ciudadanos españoles».
El Ejecutivo pretende «dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos».
Precisamente hace unos días, el Ayuntamiento de El Escorial aprobó, con los votos del PP, Vox y Ciudadanos, una propuesta para pedir al Gobierno de la Comunidad de Madrid que declare el Valle de los Caídos como Bien de Interés Cultural y así protegerlo (el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial lo es desde 2006, pero sin incluir el Valle).
El tercer decreto que tiene planeado aprobar este año la coalición gubernamental es uno para regular el Consejo de la Memoria Democrática (formado por miembros del Gobierno, representantes de las entidades memorialistas y expertos) y el Registro de Entidades de Memoria Democrática.
Franco está presente en el discurso de la izquierda casi constantemente, antes y después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. La semana pasada, el propio Sánchez lo citó por enésima vez en el Congreso para preguntar a Santiago Abascal, a propósito de su anunciada moción de censura: «¿El señor (Ramón) Tamames de 2023 sería capaz de encarcelar al señor Tamames de 1973, como hizo Franco con él? Empezamos a atar algunos cabos. Ustedes dicen que prefieren los gobiernos de Franco a un Gobierno democrático como este», acusó al líder de Vox.
