El Congreso autorizó a Tito Berni a compaginar el escaño con seis empresas sin poner ni un pero

El cabecilla del caso Mediador, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, burló los débiles controles de la Comisión del Estatuto de los Diputados y siguió al frente de sus empresas y negocios pese a adquirir su condición de diputado. Lo que reabre el debate sobre la laxitud del régimen de incompatibilidades al que están sujetas sus señorías.

Las sesiones de dicha comisión parlamentaria se celebran siempre a puerta cerrada. Actualmente, y desde noviembre de 2021, está presidida por la socialista Adriana Lastra, que hasta el pasado mes de julio fue la vicesecretaria general del PSOE. Antes estuvo dirigida por la diputada socialista por Cuenca Begoña Nasarre. Con esta última al frente, la Comisión del Estatuto de los Diputados autorizó a «Tito Berni» a compatibilizar su escaño con labores de asesoría fiscal y con su participación en hasta cuatro empresas privadas. En dos de ellas, de hecho, posee el 50 %.

El expediente de Fuentes Curbelo está identificado con el número 004/000359/0000 en el registro de la Cámara Baja. Y pasó el filtro de la Comisión limpio, sin un solo pero, a pesar de que había negocios que ya entonces salían de ojo. Con el informe favorable de dicha comisión parlamentaria, la declaración fue elevada al pleno sin levantar sospechas y aprobada de manera definitiva en julio de 2020. Junto con las de otro medio centenar de diputados. La votación fue secreta, como es norma de la casa.

Al recoger su acta, todos los diputados están obligados a cumplimentar dos declaraciones: una de Bienes y Rentas y otra de Actividades. Los de esta legislatura han tenido que rellenar también antes de febrero de 2021, a mayores, una Declaración de Intereses Económicos que comprenda el «círculo de intereses» del parlamentario en un periodo que abarca los cinco años previos a su elección.

Seis empresas a su nombre

Fuentes Curbelo declaró, en primer lugar, tareas de «asesoría fiscal» en la Asesoría Tetir, con esta explicación: «Asesoramiento fiscal, contable y administrativo a personas físicas y jurídicas. Administrador sin percibir retribuciones económicas. No se prestan servicios para la administración pública». Esto último tiene que ver con que, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los diputados y senadores no pueden tener una participación superior al 10 % en «empresas o sociedades que tengan contratos de obras, servicios, suministros o, en general, cualesquiera otros que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local».

También declaró una participación del 50 % en la explotación ganadera de caprino Ganadería Tetir SL -la otra mitad es de su mujer-, «sin remuneración económica», según él. Y del 30 % en Quesos Tetir SL, aunque afirmó no ejercer la «administración de la sociedad». En su declaración ante la juez instructora de Santa Cruz de Tenerife, el pasado 22 de febrero, reconoció que la firma había recibido subvenciones de la UE. Aun cuando él fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias.

En el documento que fue aprobado por la Comisión del Estatuto de los Diputados, el presunto corrupto reseñó que era administrador y tenía una participación, también del 50 %, en Promociones Verol SL, dedicada al «asesoramiento técnico-sanitario de la industria agroalimentaria. Instalación de redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión. Instalaciones de frío, calor y acondicionamiento de aire. Redacción de planes de seguridad y autoprotección».

Y aún aparecían dos empresas más, en las que declaraba ser «administrador sin percibir retribución económica»: Travel Trend Group, dedicada a la «intermediación turística», con una participación del 3 %; y Tismeca SL, especializada en el «cultivo de especias, plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas». En este caso tenía el 5 % de las acciones.

Las reuniones de la Comisión del Estatuto del Diputado son siempre a puerta cerrada

La Comisión del Estatuto del Diputado se reúne una vez cada trimestre, siempre a puerta cerrada, para estudiar las declaraciones actualizadas que van comunicando los parlamentarios a lo largo de la legislatura. Puesto que, ante cualquier cambio, están obligados a hacerlo. También es el órgano que se ocupa de tramitar los suplicatorios que llegan del Tribunal Supremo, dado que los diputados están aforados ante él.

El régimen de incompatibilidades de diputados y senadores lleva años siendo objeto de polémica. Porque, aunque en teoría su mandato «es incompatible con el desempeño de actividades privadas» (artículo 159 de la LOREG), en la práctica hay muchas excepciones a la norma.

El PSOE quiso endurecer los supuestos de incompatibilidad, pero cuando estaba en la oposición. El grupo parlamentario socialista presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en este sentido. Curiosamente, el encargado de defender la propuesta fue el diputado Francesc Vallès, el hoy secretario de Estado de Comunicación, puesto que él era el representante del PSOE en la Comisión del Estatuto de los Diputados. Sin embargo, cuando los socialistas llegaron a la Moncloa aparcaron el asunto.