La presión para limitar la inviolabilidad de Felipe VI abre un nuevo frente al Estado

Para el independentismo, una de las asignaturas pendientes ante la perspectiva de que Pedro Sánchez consiga mantenerse otra legislatura en la Moncloa es revisar y limitar la inviolabilidad de Felipe VI, toda vez que el pozo de Juan Carlos I poca agua les está dando ya. Una posibilidad que preocupa a las más altas instancias judiciales, según ha podido constatar El Debate.

No en vano, advierten estas fuentes, supondría reducir la protección del jefe del Estado a un simple aforamiento ante el Tribunal Supremo, como si la figura de Don Felipe fuese comparable a la de cualquier diputado o senador raso. Con el consiguiente peligro para la estabilidad de una institución constantemente en el punto de mira de los secesionistas; por su papel como símbolo de la unidad y permanencia de la nación española.

El pasado 24 de enero, Aitor Esteban subió a la tribuna del Congreso y se quejó amargamente de que el Rey siga siendo inviolable. «Quiero pensar que la Zarzuela pretende que la Monarquía española esté equiparada a otras de su entorno europeo y no a las de lejanas latitudes», afirmó el portavoz del PNV.

Esteban dio por hecho que en las monarquías europeas no existe la inviolabilidad regia, como si la española fuera una excepción. Y la realidad es que ocurre justamente lo contrario: en todas ellas, desde la británica a la belga, pasando por la holandesa y la danesa, el rey no puede ser juzgado. Con la única salvedad de Noruega, cuya Constitución limita la inmunidad de Harald V al ejercicio de sus funciones. Pero la realidad no debía estropear un buen titular al portavoz del PNV aquel día.

El propio Sánchez afirmó en octubre de 2021 que no veía «necesario» que Don Felipe siguiese gozando de inviolabilidad. «Es producto –en alusión a esa figura jurídica– de otra época legítima de nuestra democracia, pero no de una etapa democrática consolidad con más de 40 años de historia», argumentó entonces el presidente.

En octubre de 2021, Sánchez se declaró partidario de eliminar la inviolabilidad del Rey

¿Es fácil abrir ese melón? La inviolabilidad del Rey, como jefe del Estado español, está recogida en el artículo 56.3 de la Constitución: «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2».

Dicho artículo se enmarca en el Título II, el de la Corona. Cualquier modificación en ese título requeriría un procedimiento agravado: la aprobación de la reforma por mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado, la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones, la aprobación del nuevo texto por la misma mayoría y hasta la convocatoria de un referéndum para consultar a la ciudadanía.

Dos atajos a la reforma agravada

Sin embargo, existen dos atajos. Uno es que Felipe VI se deje convencer por el presidente del Gobierno de que lo mejor es renunciar a su inviolabilidad y dé él mismo ese paso, de manera que el PP no se opondría. Luego sería cuestión de ponerlo por escrito en una Ley de la Corona o cualquier otra fórmula legal.

En abril de 2022, el Consejo de Ministros aprobó por decreto varios cambios en la Casa de Su Majestad el Rey. Según el Ejecutivo, pactados con Don Felipe. Entre ellos no había una sola alusión a la inviolabilidad, ni directa ni indirectamente. Así que es fácil concluir que, por ahora, Sánchez no ha persuadido al monarca de las bondades de renunciar a esa protección constitucional.

El segundo atajo ya lo ha empezado a desbrozar el PNV, de momento sin éxito: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En 2014, el entonces presidente Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, que lideraba la oposición, pactaron añadir el artículo 55 bis a esa norma para aforar a Don Juan Carlos ante el Tribunal Supremo, una vez perdida su inmunidad tras abdicar en la persona de su hijo. A él y también a la Reina Sofía.

Dicho artículo quedó redactado así: «Además de las competencias atribuidas a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo en los artículos 56 y 57, dichas Salas conocerán de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte».

A mayores, Rajoy y Rubalcaba acordaron añadir una frase en el Preámbulo que aportara contexto y mayor solidez aún a la inviolabilidad del nuevo monarca. Ésta: «La figura del Rey está constitucionalmente revestida de la inviolabilidad e inmunidad que tanto los antecedentes históricos como el derecho comparado atribuyen al jefe del Estado». Acto seguido, la LO del Poder Judicial se remite al artículo 56.3 de la Carta Magna.

Siempre se ha dicho que la anunciada salida de Rubalcaba de la Secretaría General del PSOE precipitó la operación de Estado en torno a la abdicación de Don Juan Carlos, ante la perspectiva de que la llegada de Pedro Sánchez o de Eduardo Madina (los dos aspirantes a relevarle en aquel 2014) pusieran pegas.

La proposición del PNV

En junio de 2022, el PNV registró una proposición de ley orgánica en el Congreso para añadir un segundo punto a ese artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Uno que habilitara al Supremo a investigar a Felipe VI en sus actos privados, que no tuvieran relación con el desempeño de sus funciones.

Los letrados del Congreso dieron rápidamente la voz de alarma: la proposición del PNV suponía «un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado». Y, por tanto, no podía despacharse con la modificación de una ley orgánica, sino únicamente a través del procedimiento agravado de reforma de la Constitución.

Populares y socialistas hicieron suya la opinión de los letrados e inadmitieron a trámite la iniciativa de los de Aitor Esteban en la Mesa del Congreso. De forma que ni siquiera se debatió en el Parlamento. Pero, el pasado enero, el PNV volvió a la carga a propósito de la negociación entre el Gobierno y el PP para reformar otro artículo de la Constitución, el 49 (y cambiar el término disminuidos por discapacitados).

Los nacionalistas vascos presentaron una enmienda que no tenía nada que ver. Proponían cambiar el artículo 56.3 de la Constitución para matizar que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad solo «cuando sus actos tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado».

El PNV justificaba por escrito que, «en sus actos privados», el Rey no es más que nadie: «Está en la misma posición ante la ley que el resto de la ciudadanía española». De momento, Sánchez lo dejará correr el resto de la legislatura. La que viene, si la hay, ya se verá.