Batet frena a PP y Vox para que no entorpezcan los pactos del PSOE con Bildu en ayuntamientos

El PSOE quiere evitar a toda costa que el PP y Vox utilicen el Congreso como caja de resonancia para seguir denunciando los pactos presentes y futuros de Pedro Sánchez con Bildu, e incluso que puedan entorpecer alguno. Porque ambos partidos pretenden alargar la polémica un mes más para añadir presión a los socialistas: hasta el 17 de junio, la fecha en la que constituirán los ayuntamientos en toda España, también los del País Vasco y Navarra.

Y ahí es donde entra en escena la presidenta de la Cámara Baja, para impedir que cualquiera de las tres iniciativas parlamentarias sobre ETA y Bildu presentadas por el PP y Vox se debata antes de entonces. El objetivo es eliminar cualquier interferencia y, además, ahorrar a los socialistas el trago de tener que retratarse en el Parlamento antes de ese día. Aunque, en realidad, Sánchez ya quedó bastante retratado el martes en el Senado y el miércoles en el Congreso, al rehuir las preguntas de la oposición sobre sus alianzas con los de Arnaldo Otegi.

Esta semana se está celebrando el último pleno antes de las elecciones del 28 de mayo, porque la próxima semana no hay, coincidiendo con la recta final de la campaña. Después de los comicios y antes del 17 de junio, hay dos plenos convocados: la semana del martes 30 de mayo al jueves 1 de junio y la del 13 al 15 de junio.

La doble maniobra

Batet ya ha empezado a maniobrar para dilatar los plazos de las tres iniciativas. Por una parte, se ha negado a convocar un pleno la próxima semana. Fue una propuesta que el grupo de Santiago Abascal le formuló el pasado martes, arguyendo la importancia de la irrupción de Bildu en campaña. Y, en paralelo, de manera inusual Batet no ha convocado reunión de la Mesa del Congreso la próxima semana, lo que retrasará todo lo demás: la Mesa es el órgano de la Cámara que califica las iniciativas de los grupos, la que da luz verde y ordena el tráfico parlamentario. Y la Mesa no se reunirá hasta el martes 30 de mayo.

Las probabilidades de que alguna de las tres iniciativas del PP y Vox se debata antes del 17 de junio son remotas

En concreto, se trata de: primera, una proposición de ley del PP para declarar los crímenes de ETA como de lesa humanidad, lo que impediría que prescribieran. Segunda, una propuesta de resolución de Vox instando al Gobierno a pedir la ilegalización de Bildu, en la línea de otra similar presentada en el Congreso por el PP y el PSOE en el verano de 2002 para Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Tercera, una proposición no de ley, también del PP, para impedir que la gobernabilidad dependa de partidos que «incluyen en sus estructuras o en sus candidaturas electorales a personas condenadas por terrorismo».

En el caso de la proposición de ley, los populares la presentaron antes de que estallara el escándalo por los 44 etarras condenados en las candidaturas. Fue calificada por la Mesa del Congreso el pasado 27 de abril. Pero, al tratarse de una proposición de ley, el Gobierno tiene un mes de plazo para dar su conformidad a que se tramite en las Cortes (condición sine qua non), y de momento no la ha dado (cuando se trata de iniciativas de la oposición suele apurar el plazo). Así que el procedimiento parlamentario ni ha empezado.

La propuesta de resolución de Vox para ilegalizar Bildu y la proposición no de ley del PP aún no han sido ni siquiera calificadas por la Mesa, y no lo serán hasta el martes 30 de mayo. Así que las posibilidades de que una u otra entren en el pleno del 13 al 15 de junio son remotas, según tienen asumido en ambos grupos parlamentarios, consultados por El Debate. Si acaso, en el primer pleno después de que se constituyan los ayuntamientos, el del 20 al 22 de mayo.

Para entonces, la oposición se teme que el PSOE habrá entregado varios ayuntamientos a los de Otegi. Las miradas están puestas, sobre todo, en el de Pamplona, la joya de la corona: Bildu es segundo en las encuestas, por detrás de UPN. Los populares están convencidos de que habrá un trueque: el PSN de María Chivite facilitará la alcaldía de Bildu a cambio de conservar el Gobierno de la Comunidad Foral.

Batet, por su parte, tiene un largo historial de favores a Sánchez, a pesar de su posición institucional. El último lo contó este periódico el miércoles: la presidenta del Congreso ha impuesto la ley del silencio en la Mesa para no aclarar si Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros María Jesús Montero, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón cobran un sueldo como miembros del Gobierno y, además, un «sobresueldo» mensual como diputados, bajo el concepto de «indemnización», que elevaría su retribución anual a una cifra cercana a los 100.000 euros. Es decir, los miembros del Gobierno que son también diputados.