Conde-Pumpido rectificó la inclusión «provisional» de los recursos de los ERE en campaña electoral

El pasado 12 de mayo, El Debate adelantó en primicia que el Constitucional se preparaba para debatir, en la Sección Segunda del órgano, presidida por la magistrada Inmaculada Montalbán, los recursos de los ERE planteados por tres de los condenados en la causa, los expolíticos socialistas Magdalena Álvarez, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La materia estaba incluida en el orden del día remitido por Montalbán a sus compañeros de Sala, para la reunión prevista el lunes 22 a las 10:00 horas, entre los asuntos en trámite de admisibilidad a resolver por providencia, pese a que para entonces coincidiría con la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 28-M.

Las críticas no tardaron en dirigirse hacia un Tribunal que se ha caracterizado desde su última renovación, que situó a Cándido Conde-Pumpido al frente del mismo, por abordar con «ciertas prisas» algunas de las causas más sensibles pra el actual Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de legislatura saltándose, incluso, una norma no escrita por la que la Justicia trata de evitar pronunciarse en las materias más delicadas para los partidos que concurren a los comicios, en los días previos a los mismos.

Tal fue la dimensión de la polémica que lo que inicialmente se incluyó entre las previsiones, posteriormente, se retiró de las mismas alegando como única explicación que el primer orden del dia circulado por Montalbán era «provisional». «Nunca hay provisionalidad en el orden del día» remitido a los magistrados de cada Sección o del Pleno y lo de Chaves y Griñán «no fue un error» apuntan a El Debate fuentes próximas a la institución.

«Se retiró» tras el puente de San Isidro en Madrid y «se hizo en cuanto hubo ruido mediático» sobre la cuestión. Pocos dudan a estas alturas, en el seno de la Corte, de que «la retirada tuvo que obedecer a una instrucción» más allá de la ponente de la misma y presidenta de la Sección. No en vano, la más que previsible admisión de la misma abrirá la puerta a la suspensión de la pena de prisión dictada, en firme, contra el expresidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán quien, hasta la fecha, ha eludido sistemáticamente su ingreso en la cárcel.

«Acelerar» el debate antes del 28-M

Y es que, si bien los recursos presentados por las defensas de varios de los condenados, en firme ante el Supremo, por la macrocausa de los ERE fueron registrados en el TC el pasado mes de diciembre. Sin embargo, no había sido hasta ahora cuando se «aceleró» por parte de la Presidencia, y con el respaldo de algunos de los miembros del sector de la izquierda de la Corte, la deliberación del asunto en lo que concierne al tridente socialista condenado por el Alto Tribunal, por los delitos de prevaricación y malversación.

Según ha podido saber El Debate, las impugnaciones planteadas por las defensas de Chaves, Álvarez y Griñán han estado «paradas varios meses» pendientes de los informes preceptivos y, a unas semanas de las elecciones municipales y autonómicas, habían sido incorporadas prioritariamente a la deliberación de la Sección Segunda, para la admisión.

Tan sólo al constatarse las importantes discrepancias que existían en la Sala competente para tomar una decisión sobre las peticiones de amparo de los exlíderes del PSOE andaluz, Conde-Pumpido trató de incluir el caso, cuanto antes, en el orden del día, aún a sabiendas de que alguno de los magistrados que debían participar en el debate, como el expresidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, César Tolosa, no habían tenido «tiempo suficiente para estudiárselo».

Y es que, como ya avanzó El Debate, uno de los principales condenados en la pieza principal de los ERE andaluces, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, asistía en libertad al primero de los primeros debates del Constitucional sobre los recursos «conexos» que, tanto él como varios de sus compañeros, presentaron contra la sentencia del Supremo que confirmó su culpabilidad y ratificó sus penas de prisión como autores de varios delitos de corrupción política.

Además de todo lo anterior, se da la circunstancia de que la magistrada ponente del trámite –y las posteriores sentencias resultantes si, como todo apunta, los recursos resultan aceptados– es la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, quien fue premiada por el propio Griñán con la medalla de la Comunidad Autónoma andaluza, que él entonces presidía, en el año 2012. Una Administración que permitió el «fraude institucionalizado» por el que se desviaron más de 700 millones de euros de los parados andaluces. La cifra que escandaliza en sede doméstica, también lo hace fuera.