La Policía investiga si el consejero detenido en Melilla infló el contrato de un concierto para financiar la trama de compra de votos

La Policía Nacional sospecha que Mohamed Ahmed Al Lal, consejero del Gobierno de Melilla detenido por la trama de compra de votos por correo, infló el presupuesto de un contrato público para financiar la red de intermediarios que cambiaba papeletas por dinero. El Debate publica hoy en exclusiva todos los detalles del contrato. De esta manera, los agentes abren una nueva vía de investigación.

El consejero detenido firmó el pasado 5 de mayo la adjudicación de cuatro contratos públicos que sumaban un total de 60.000 euros para hacer frente al pago de un concierto en el que actuaron los cantantes gaditanos Kiko & Shara. En cambio, ese montante, los artistas, víctimas de una posible estafa, tan sólo percibieron 7.000 euros. En estos momentos, los agentes investigan si el presupuesto restante fue desviado para la trama de compra de votos por correo destapada en la ciudad autónoma a escasos días de las elecciones.

Tal y como figura en la documentación que obra en poder de la Policía, el coste del concierto fue repartido entre cuatro empresas: Moniach Global SL, Rusadir Servicios Globales SL, Mind Abarkan SL y Dexfire Melilla SL. En total, 56.200 euros en contratos que fueron formalizados 24 horas antes del concierto, algo inusual en este tipo de contrataciones públicas.

Entre los servicios que se encargaron a estas empresas se encuentran el traslado, la estancia y el caché de los artistas (15.000 euros) y la carga y descarga del montaje y desmontaje del escenario (13.800 euros). También el servicio de limpieza, staff, vigilancia y seguridad (12.500 euros) y el servicio técnico por valor de 14.900 euros.

Este periódico ha tenido acceso a imágenes del concierto, que se celebró el 6 de mayo en las pistas deportivas del barrio Las Palmeras, al que apenas acudieron una veintena de personas. Un hecho que se debe a la poca publicidad que la consejería de Mohamed Ahmed Al Lal, número tres de Coalición por Melilla, dio al evento. Una de las empresas que cobró por este concierto es un proveedor habitual del Ejecutivo melillense cuyo objeto social nada tiene que ver con los objetos de sus encargos.

Diez detenidos

Esta semana, el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha abierto diligencias previas por fraude electoral a instancias de la Policía Nacional. En la actualidad, el procedimiento judicial se encuentra bajo secreto de sumario. A raíz de estos hechos, los investigadores han detenido a una decena de personas entre las que se encuentran el consejero melillense Mohamed Ahmed Al Lal, responsable del contrato que hoy desvela El Debate, y a Abdul Lobo, yerno de Mustafá Aberchan, líder de Coalición por Melilla.

No es la primera vez que surgen sospechas de intento de fraude electoral en Melilla. Aberchan está condenado por el Tribunal Supremo a dos años de cárcel y dos años y medio de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por dos delitos electorales y un delito continuado de estafa en otra trama de compra de votos por correo que se llevó a cabo en 2008. Junto a él también fue condenado Dionisio Muñoz, exsecretario general del PSOE de Melilla.

El miembro del Gobierno melillense detenido ha declinado declarar ante la jueza por recomendación de su abogado y ha entregado su pasaporte y su teléfono móvil, dispositivo que está siendo analizado por la Policía Nacional. Según las pesquisas de los investigadores, la trama, una red clandestina conformada por ciudadanos melillenses de origen marroquí, pagaba entre 50 y 200 euros por cada papeleta y se están rastreando el teléfono por si en su interior pudieran haber pruebas que acrediten que la autoridad arrestada tenía conocimiento del fraude.

La investigación policial arrancó la primera semana del mes de mayo tras detectar largas colas en la oficina de Correos del centro de Melilla. Esta ciudad autónoma lleva cinco comicios seguidos siendo la ciudad de España con mayor porcentaje de voto por correo.

En el caso de Melilla, las solicitudes de voto por correo suponen el 20% del censo, mientras que en el conjunto de España el dato ronda el 3%. El lunes 8 de mayo y el miércoles 10, cinco carteros que llevaban encima envíos postales electorales sufrieron asaltos. Por este motivo, los trabajadores de Correos se encuentran realizando desde entonces su labor habitual con una fuerte escolta policial.