El presidente del TC maniobra en busca de un pronunciamiento sobre la renovación del CGPJ antes de las elecciones

No hay en la historia del Constitucional (TC) ni un solo precedente en el que el Tribunal, de oficio, haya buscado dejar sin efecto una declaración propia que ya es firme. Mucho menos si la intención se plantea desde una sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que no lo es y en la que se da la razón a seis jueces españoles de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) tras denunciar que la Corte española inadmitió «sin motivo» un recurso de amparo presentado en 2020 contra la inacción del Congreso y del Senado para someter a votación sus candidaturas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente de renovarse desde diciembre de 2018. Éste es el escenario en el que el presidente de la Corte, el magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha decidido someter al análisis de la Sala Primera –de la que también es titular– la posibilidad de retomar la admisión de dicha impugnación.

Una maniobra a la que se oponen tres jueces del órgano de Garantías –Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel, los dos últimos miembros de la Sala interesada– y para los que el inédito movimiento, únicamente, responde a la necesidad de incluir un tema de calado ideológico para el Gobierno de Pedro Sánchez, como lo es la parálisis del CGPJ, en plena campaña electoral del 23-J.

Conde-Pumpido es el único de los tres miembros de la Sección que en su día rechazaron la reclamación de la AJFV que todavía permanece en el Tribunal y, bajo dicha excusa, se ha permitido incluir una adición en el orden del día inicialmente comunicado a sus compañeros, sin cumplir con la norma que –desde 1980– establece un mínimo de 3 días hábiles para incorporar cualquier tema al examen de la Corte. No en vano, la regla general, salvo casos de extrema y urgente necesidad, debidamente justificados, es proponer los temas en un plazo no inferior a 10 días naturales, para dar tiempo suficiente a los miembros del órgano de Garantías a prepararse cada una de las materias y en el que, en todo caso, debe darse traslado a la Fiscalía para que se pronuncie, algo que no ha ocurrido en esta ocasión.

Así las cosas, el mismo Conde-Pumpido que mantiene en la nevera el recurso del Partido Popular contra la reforma socialista del Poder Judicial que despojó al Consejo de los jueces de su competencia constitucional de nombramientos discrecionales, cuando se encuentra en funciones prorrogadas, ha acelerado un «intercambio de impresiones», a modo de debate preliminar pero urgente, sobre el futuro del CGPJ.

La ocasión perfecta en la que afear, precisamente, al PP su posición en el bloqueo para la renovación del mismo –condicionada, como pide Europa, a la previa modificación del sistema de elección de los vocales de naturaleza judicial por sus propios pares– y a favor de obra de los intereses de Sánchez que apuesta por una mera negociación de nombres dejando las cosas como están.

La Abogacía del Estado tiene 3 meses para recurrir la sentencia del TEDH que no es firme y que ha sido repartida a los magistrados sin traducir, en inglés, a menos de 3 días hábiles de la convocatoria

En un escrito remitido al presidente del TC para solicitar, formalmente, la retirada del polémico asunto del orden del próximo lunes 3 de julio, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo consideran que la materia de fondo del asunto, que se refiere a la renovación del CGPJ «es una cuestión sujeta al debate público entre las fuerzas políticas, incluso en el periodo electoral en el que ahora nos encontramos tras la disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio».

Y ello cuando «es notorio» que el CGPJ todavía no ha sido renovado y «resulta igualmente notorio que es práctica consolidada de este Tribunal no interferir en los procesos electorales en curso con la deliberación de asuntos que pudieran tener incidencia en tales procesos». Más aún, cuando «la sentencia del TEDH ha sido aprobada por un estrecho margen de cuatro votos frente a tres» en el que uno de los cuatro, de la juez española en Estrasburgo, ha sido concurrente con el fallo pero apartándose de los argumentos de los otros tres jueces para motivarlo.

Además, según ha podido saber El Debate, se da la circunstancia de que la Sala Primera que ha sido llamada a pronunciarse sobre la admisión del recurso de la AJFV rechazado en su momento por extemporáneo –esto es, presentado fuera de plazo– podría necesitar del voto de calidad del propio Conde-Pumpido para pronunciarse.

No en vano, de los seis magistrados que, por ley, habrían de integrar la misma, ésta sólo cuenta con cinco ya que nunca se ha repuesto la vacante que dejó la renuncia del magistrado Alfredo Montoya Melgar, en julio de 2022, por razones de salud. A ello hay que sumar que en este caso, y dado que el fondo de la impugnación planteada por la Asociación judicial afecta a una decisión del Congreso de los Diputados, el magistrado Juan Carlos Campo, pareja de la presidenta de la Mesa parlamentaria, ya ha anunciado su abstención y reduciendo a cuatro el número de miembros llamados a tomar una decisión que, de seguir en marcha, concluirá con un equilibrio de dos votos a dos en el que el del presidente del TC será clave para el desempate.