La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra en una foto de archivo
Gamarra recuerda al Gobierno que los letrados del Congreso consideran que una amnistía sería inconstitucional
Los letrados de la Cámara Baja rechazaron por inconstitucional la ley de Amnistía que en 2021 registraron los independentistas catalanes
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recordado este miércoles que los propios letrados del Congreso consideran que una ley de amnistía sería «claramente inconstitucional» y ha criticado que el Gobierno en funciones que preside Pedro Sánchez está dispuesto a «saltarse la Constitución».
Así se ha pronunciado Gamarra después de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont haya exigido una ley de amnistía como condición previa para negociar la investidura y el negociador de Sumar, Jaume Asens, haya asegurado que «la ley de amnistía es una fórmula constitucional y democrática y, por tanto, se puede explorar».
Gamarra, que es también portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha rechazado de plano esa aseveración de Asens. «No, según los propios letrados del Congreso, una ley de amnistía sería claramente inconstitucional», ha enfatizado.
Dicho esto, Gamarra ha criticado que el Gobierno en funciones que lidera Pedro Sánchez esté «decidido a saltarse la Constitución». «Y con ello pisotear los derechos y la igualdad de todos los españoles», ha agregado en un mensaje en la red social X, conocida anteriormente como Twitter.
El informe
En la pasada legislatura, los letrados del Congreso rechazaron por inconstitucional la ley de Amnistía que en 2021 registraron los independentistas catalanes, una negativa que hizo suya la Mesa del Congreso y que el PSOE avaló recalcando que un perdón generalizado «no tiene cabida» en la Constitución.
Fue en marzo de 2021 cuando Esquerra (ERC), Junts, la CUP y el PDeCAT registraron en el Congreso una ley para amnistiar «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado», desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014.
Pero la iniciativa no llegó siquiera a admitirse a trámite porque los letrados del Congreso, en un informe recogido en su día por Europa Press, avisaron de que esa ley, al suponer un indulto generalizado, «entraría en una contradicción palmaria y evidente» con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. El criterio de los letrados fue asumido por la Mesa del Congreso que presidía Meritxell Batet y, con los votos de PSOE, PP y Vox, se rechazó admitir a trámite a propuesta.
