La negociación entre Puigdemont y Sánchez, condicionada por un previsible «no» de Bruselas al catalán

El Consejo Europeo del próximo martes debatirá una propuesta de la Presidencia española para modificar el artículo 1 del reglamento de funcionamiento de los tratados de la UE para que el catalán, el vasco y el gallego pasen a ser considerados lenguas oficiales de la UE. Dicho reglamento data de 1958 y establece que las lenguas oficiales de la UE son aquellas que sean también oficiales en los Estados miembros.

La propuesta, y su aprobación, presentada por Marcos Alonso, embajador español ante las instituciones europeas y firmada por el ministro de Exteriores, ha levantado recelo entre las cancillerías europeas, y es una exigencia de Carles Puigdemont para poder avanzar en la negociación cara a la investidura de Pedro Sánchez.

Para que la propuesta sea aprobada hace falta el beneplácito unánime de todos los Estados miembros de la UE. Ante la dificultad de lograr dicha unanimidad y conseguirlo antes del pleno de investidura de Pedro Sánchez, el Gobierno español está sobreactuando con el fin de convencer a Puigdemont de que sus intenciones son sinceras.

Tras la condena del exconseller Miquel Buch, militante de Junts, a cuatro años y medio de prisión por haber utilizado una plaza de asesor de la Generalitat de Cataluña para que hiciera labores de guardaespaldas de Puigdemont en Bélgica, las negociaciones entre ambas partes se han enrarecido y Junts pide aún más garantías y pagos previos para votar a favor de Sánchez. Una vez conseguido el uso del catalán en el Congreso, entre las peticiones del eurodiputado prófugo de la justicia española está que el catalán pase a ser idioma oficial de la UE, una vieja aspiración nacionalista que hasta ahora había chocado con la oposición de Bruselas alegando que eso provocaría un trato diferencial en relación a otros 40 millones de hablantes de lenguas no oficiales dentro del territorio de la Unión europea.

La mesa del Parlamento Europeo ha informado que ha recibido una petición por parte del Gobierno español, pero ha anticipado que no tomará decisión alguna hasta conocer el posicionamiento del Consejo Europeo. Medios de comunicación influyentes en Bruselas como la edición europea de Político o el rotativo socialdemócrata francés Le Monde han mostrado su escepticismo sobre la viabilidad de la propuesta española y creen que no progresará.

La UE tiene 24 idiomas oficiales, aunque en Europa se hablan cerca de 200 lenguas y la aprobación de la propuesta española es un problema de política doméstica para muchos países, dado que, sin ir más lejos, hay 16 estados del club europeo que en sus constituciones no indican cuál es la lengua oficial del mismo.

Casi todos los países europeos cuentan dentro de sus fronteras con lenguas minoritarias con diversos niveles de oficialidad, aunque ningún país de Europa alcanza un nivel de reconocimiento y protección como el que España ofrece al catalán, al vasco, al gallego y al valenciano, aunque hay que decir que este último idioma en la negociación europea no está contemplado por petición expresa de Puigdemont que afirma que ambas lenguas son lo mismo.

La diversidad lingüística y sus distintos niveles de estatus jurídico es resultado de la historia centenaria de Europa. Así en Austria, Eslovaquia, Eslovenia o Bulgaria se habla el romaní; en Croacia o Hungría, el serbio; en Francia el bretón, el occitano, el corso o el francoprovenzal; en Italia, el sardo o el friulano; en Países Bajos, el frisón o el yidis; en Rumania, el albanés, el ruso, el tártaro, el ruteno o el armenio; en Suecia, el sami o el meankieli.

Muchos de estos países, con un nivel de reconocimiento de esas lenguas muy inferior al que tienen las lenguas cooficiales en España ven como un bombón envenenado la propuesta española, dado que temen que se abra la caja de pandora en sus respectivos países en materia de reivindicaciones regionales. Sin ir más lejos una sentencia de un tribunal de Montpellier de mayo de este año prohibía a los ayuntamientos de los municipios del sur de Francia cercanos a la frontera española que usarán el catalán en los plenos municipales.

Sánchez no tiene preocupación alguna por lo que sucede dentro de las fronteras del resto de Estados miembros de la UE y solo piensa en conseguir algún tipo de concesión que no paralice la negociación con Puigdemont. Además, un aval de las instituciones europeas, donde la Presidencia de la Comisión y del Parlamento están en manos de miembros del PPE, como son Ursula von der Leyen o Roberta Metsola, desactivaría la oposición del PP que quedaría desacreditada.

Tras el Consejo del martes, Puigdemont moverá su pulgar hacia arriba o hacia abajo y marcará el devenir de la negociación hacia la próxima concesión.