El TC retrasa el recurso de Alberto Rodríguez contra el Supremo para que la ponente elimine la «desproporción» penal

El presidente del Tribunal Constitucional incluyó en el orden del día del Pleno de este jueves el recurso presentado por el ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que le condenó por atentado contra la autoridad y le supuso la pérdida de su escaño en el Congreso, en octubre de 2021.

Tal y como adelantó El Debate hace unos días, en primicia, las críticas internas al razonamiento jurídico de la ponente del fallo, por parte de varios de sus compañeros, expertos penalistas, al «despropósito» que supondría avalar como tesis para dar la razón al expolítico canario, la «desproporción» de la pena impuesta por el Alto Tribunal para el caso concreto, han propiciado que la magistrada María Luisa Segoviano retire el texto planteado, una vez ya iniciada la deliberación. Cabe recordar que Segoviano, expresidenta de la Sala Cuarta del TS, es especialista en Derecho Laboral.

Fuentes próximas a la Corte de Garantías han confirmado a este periódico que la decisión de la magistrada ponente responde a la necesidad de ajustar la motivación, renunciando al polémico argumento empleado de partida: que la sanción de la Sala Segunda fue «desproporcionada» en el caso del diputado 'morado'. Un razonamiento que, según las mismas fuentes, supondría abrir la puerta a la «arbitrariedad de los tribunales» cuya función ha de limitarse a «imponer las penas previstas por el legislador, sin entrar a valorar si éstas son justas o no».

Sin embargo, no hay ninguna duda en el seno del Tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de que el resultado final será favorable a las pretensiones de Alberto Rodríguez. Eso sí, estimando su recurso, en alguno de los próximos Plenos del órgano, por la infracción del principio de legalidad penal en el que, a juicio de la mayoría de los magistrados de izquierda de la Corte, habría incurrido el Supremo en su resolución. A juicio del bloque más afín a Segoviano, el hecho de que el propio TS sustituyera la pena de prisión inicialmente impuesta, de un mes y quince días, por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros –540 euros en total– debió traducirse en que el diputado de Podemos mantuviese el acta de su escaño.

El Alto Tribunal condenó como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, tras propinar una patada con lesiones a un policía durante una manifestación, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Exactamente la sanción prevista en el Código Penal para este tipo de conductas que el legislador considera graves que, además, en el caso de Rodríguez se produjo cuando «ni siquiera ostentaba la condición de diputado».

No en vano, la Sala Segunda de lo Penal del TS ya aclaró, en su momento, que el reemplazo por una de multa, es decir la permuta de la pena sólo en fase de ejecución, como resultado de unas dilaciones indebidas en la resolución de la causa, ni hacía desaparecer la culpabilidad ni la antijuricidad de un tipo penal, por lo que hacía imposible retirar la pena accesoria, de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados.

Salvar la decisión de Meritxell Batet

Rodríguez presentó un segundo recurso contra el acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2021 por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para retirarle el escaño después de que el Supremo le condenara. El TC no ha analizado ahora este asunto, que se abordará más adelante, una vez resuelto el primero.

Además, el ex diputado 'morado' lleva desde enero de 2022 a la espera de que el TC conteste a una medida cautelar, con la que buscaba que se le devolviera el acta de diputado, al mismo tiempo que planteaba su amparo ante la Corte. Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Constitucional apoyó amparar al político canario por la retirada de su escaño, pero no así en la impugnación contra el fallo del Alto Tribunal.