Policías denuncian el «ataque a la democracia» que supone la amnistía

Los sindicatos policiales no han ahorrado calificativos a la hora de hablar de la amnistía que pretende aprobar el PSOE tras su acuerdo con los independentistas catalanes: «ataque directo a la democracia», «menosprecio absoluto», «incongruente», «inaceptable» o «grave despropósito» son algunas de las expresiones utilizadas.

«Si la ley de amnistía sale adelante, quedará constatado que no sirvió de nada el trabajo de los policías, los agentes heridos y los tres compañeros que resultaron jubilados por sus lesiones en los disturbios», ha apuntado el sindicato JUPOL en un comunicado en el que lamentan que a estos policías se les «arrebató su vida profesional». «Ahora tienen que ver cómo los responsables van a ser perdonados sin consecuencia alguna», ha indicado.

El Sindicato Unificado de Policía también ha reiterado su rechazo frontal a la ley de amnistía y a la posibilidad de incluir a policías entre los beneficiados. «No queremos que nos metan en el mismo saco que terroristas urbanos, sediciosos, malversadores y personas que desobedientes a la autoridad judicial; por higiene democrática, el SUP dice no a esta amnistía», han apuntado.

«No hay política más dañina para el trabajo policial que aquella que desnaturaliza el principio de legalidad de un Estado de Derecho», advirtió la Confederación Española de Policía (CEP), para añadir su oposición a «ninguna medida que incentive la impunidad de cualquier delincuente».

También los guardias civiles

Desde la Guardia Civil, varias asociaciones profesionales representativas también han criticado la amnistía al entender. Al anuncio en agosto de las negociaciones, AUGC reaccionó lamentando que dicha ley «amenace con deshacer todo el arduo trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una situación tan complicada, en uno de los desafíos más grandes al Estado».

«Sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en Cataluña», añadió AUGC, subrayando la labor policial frente a los líderes independentistas que quisieron «socavar el orden social y restringir los derechos de la ciudadanía».

JUCIL llegó a calificar de «felonía» que Pedro Sánchez defendiera ante el Comité Federal del PSOE la amnistía, lo que implicó que el Ministerio del Interior anunciara la apertura de un procedimiento por parte de la asesoría jurídica de la Guardia Civil para estudiar las posibles consecuencias legales, al entender que se había quebrantado el principio de neutralidad exigido a los integrantes del Instituto Armado.