El 30 % de los etarras trasladados al País Vasco ya disfrutan en la calle del tercer grado

«Ahora los queremos tener en casa», dijo el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, después de que todos los presos etarras fueran acercados a las cárceles vascas el pasado 24 de marzo. En total fueron 164 los etarras que fueron enviados a las prisiones sobre las que el Gobierno vasco ya tenía las competencias, según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

Dicho y hecho. Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez transfirió la política penitenciaria a los vascos, un total de 48 presos etarras se han beneficiado de 58 concesiones de tercer grado, lo que, en la práctica supone que el 29,2 % de los etarras trasladados al País Vasco ya disfrutan de sus casas con la única obligación de regresar a prisión para dormir.

De estos 58 etarras progresados por el Gobierno vasco, ocho se encuentran ya en libertad condicional y otros cuatro más en libertad por cumplimiento de la condena. Entre ellos figura Mikel Azurmendi Peñagaricano, a quien se le suspendió a principios de octubre el tercer grado, pero ya ha sido excarcelado tras cumplir su pena por varios asesinatos, entre ellos el del matrimonio del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García perpetrado en Sevilla en 1998.

Quince de estos terceros grados fueron revocados por la Audiencia Nacional. Sin embargo, después de ese revocamiento, el Gobierno Vasco volvió a darles la semilibertad a 10 de ellos.

Tres revocados en octubre

Entre los terceros grados suspendidos figura José Antonio Borde Gaztelumendi. En junio fuentes fiscales motivaron su recurso en que este preso condenado por múltiples delitos, entre ellos tres asesinatos, no había cumplido aún las tres cuartas partes de la condena, no constaba un compromiso de pago de la responsabilidad civil y no se había arrepentido o mostrado repudio por su actividad terrorista.

Andoni Otegi Eraso, uno de los internos de la banda terrorista que ha participado en los encuentros restaurativos confidenciales junto a víctimas, se encuentra en prisión desde 2008 y cumple una condena acumulada de 30 años por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, estragos, depósito de armas, robo y falsificación. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en abril de 2031, según informó Instituciones Penitenciarias tras ser acercado de cárcel.

Juan Carlos Subijana Izquierdo, el tercer etarra al que se le ha suspendido en octubre el tercer grado, fue condenado como colaborador del atentado que acabó con la vida en octubre de 2000 de Máximo Casado Carrera, jefe de servicios de la prisión alavesa de Nanclares de la Oca. Cuando fue acercado a la cárcel de Basauri, Prisiones dijo de este etarra que se había desvinculado por escrito de ETA, rechazaba la violencia y había abonado la responsabilidad civil.

Estas cifras contrastan con las aportadas por el Ministerio del Interior. Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018 hasta que el último etarra fue trasladado al País Vasco, el Ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska ha concedido 27 terceros grados, la mitad de concesiones en el doble de tiempo.

Sin embargo, a pesar de esta diferencia, según afirman tanto el Gobierno vasco como el Gobierno central, en todos los casos se cumple la legislación penitenciaria y se trata a cada preso de forma individualizada.