El Gobierno intensifica el señalamiento a jueces y fiscales con la excusa del lawfare

Dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo, han iniciado una grave batalla por la politización de la Justicia en pleno auge del debate sobre la ley de amnistía. Tras el nombramiento de Félix Bolaños como titular de la cartera judicial, simultáneamente con la de Presidencia y Relaciones con las Cortes, en una concentración de competencias que acaba con las separación de poderes en nuestro país, políticos socialistas y separatistas, algunos de ellos ministros y altos cargos del Gobierno o de la Generalitat separatista de Cataluña se han lanzado al señalamiento de jueces y magistrados desde que se hiciera público que el contenido de los pactos suscritos entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, reconoce expresamente el lawfare.

A los socios de Sánchez en el Ejecutivo, y a buena parte del mismo, no les ha gustado la idea de que algunos magistrados continúen insistiendo en el ejercicio de su trabajo, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en plena carrera para el borrado de los delitos a todos los encausados por el procés, durante los últimos doce años. Y, así las cosas, en los últimos días se han intensificado las declaraciones de algunos de los miembros de la cúpula política en contra de la actuación de ciertos miembros de la Magistratura que no son afines a su personal concepción de la Justicia.

El Gobierno insiste en que no habrá revisionismo de las sentencias judiciales ni persecución alguna de jueces, magistrados o fiscales pero, lo cierto, es que en la última semana miles de togados de toda España han empezado a manifestarse en contra de las injerencias políticas en la Justicia y otros han llegado a solicitar amparo explícito, como los cuatro fiscales del procés o el juez Manuel García-Castellón –instructor de la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional– en el punto de mira de la izquierda y el nacionalismo radical.

Primero fueron las manifestaciones del ex secretario de Estado de Justicia, Tonxu Rodríguez quien, tras conocer la imputación de Marta Rovira y Carles Puigdemont en el caso Tsunami por terrorismo aseguraba sobre García-Castellón que: "Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea...». Una posición a la que se unía, abiertamente, la actual portavoz del Govern catalán, Patricia Plaja, quien subía el tono contra García Castellón, sin mencionarle, asegurando que algunos jueces «buscan no sólo condicionar negociaciones políticas sino castigarlas, prevaricando».

Hasta tal punto se veía afectado el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el ejercicio de sus funciones, que instó un amparo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para tomar medidas ante la gravedad de la situación. Pese a que el expediente institucional sigue su curso hacia dicha protección, el fiscal general del Estado renovado por el Gobierno descartaba iniciar acciones penales contra ninguno de los dos políticos por sus declaraciones que «admiten debate» y que pese a «resultar provocadoras» queda, en todo caso, «en el ámbito de la libertad de expresión».

Así las cosas, animado por el entorno proclive a la 'purga' de los miembros de la Magistratura y de la Carrera Fiscal, era el nuevo ministro de Transportes, Oscar Puente, el que aseguraba, sin matices, que «es un gesto de cinismo negar» que «hay casos de lawfare en este país». «El Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo» para decir que no existe guerra judicial en España porque «la hay, la ha habido y está demostrado», aseguraba en una entrevista.

Dos querellas de Podemos y Sumar

Sin embargo, dos de los socios del Gobierno en la presente legislatura, Podemos y Sumar, decidían dar un paso más en la persecución de jueces y magistrados por su 'boicot' a la amnistía. en sendas querellas planteadas contra profesionales concretos, con nombres y apellidos. en los últimos días.

La formación de Yolanda Díaz Sumar daba el pistoletazo de salida contra los vocales conservadores y el presidente interino del CGPJ y Podemos se atrevía con el propio García Castellón por sus pesquisas contra la formación morada y algunos de sus ex líderes y fundadores por el caso Dina.

Sumar lanzaba la ofensiva del Gobierno hacia la actuación de los consejeros del máximo órgano de los jueces que se mostraron contrarios a una Proposición de ley del Gobierno antes de que haya sido publicada. Los de Díaz consideran que este tipo de manifestaciones comprometen la imagen de neutralidad de la Justicia y recordaban en su querella que la Ley del Poder Judicial (LOPJ) castiga como falta grave la «censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición».

Una reivindicación que el presidente en funciones del Consejo minimizaba el recorrido de la acción judicial al considerar que se trata de una «maniobra política» que solo contribuye a «seguir generando tensión» en un momento en el que se busca la «pacificación» para renovar el órgano de gobierno de los jueces. «Yo creo que no es manera, seguir generando tensión. Estamos intentando bajar la tensión», decía en un desayuno informativo, la semana pasada.

Por su parte, Podemos, en plena lucha interna con Sumar en el seno de la multiplataforma de siglas que respalda a Sánchez desde el Consejo de Ministros, planteaba una querella contra el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y contra su refuerzo en el juzgado central de instrucción número 6, Joaquín Gadea, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas.