Un informe jurídico del Ayuntamiento de Cercedilla sostiene que tiene competencia para desahuciar a Mónica García

El Ayuntamiento de Cercedilla cuenta con un informe jurídico que sostiene que tiene competencia para iniciar un procedimiento de desahucio a la ministra de Sanidad, Mónica García. La médico, tal y como ha desvelado El Debate, cuenta con un chalet ubicado en este municipio madrileño que se encuentra en situación irregular. En el momento en que fue construido el terreno sobre el que se edificó, de titularidad pública, gozaba de una concesión que ya ha finalizado. Por este motivo, la Comunidad de Madrid ha iniciado el procedimiento para recuperar el terreno.

Este periódico ha tenido acceso al informe jurídico, que menciona hasta en 34 ocasiones la capacidad de la corporación municipal para llevar a cabo el desalojo de los chalets irregulares de la Colonia de Camorritos donde, además de García, hay otros vecinos afectados. En una de las páginas del informe se plantea la cuestión de si el Ayuntamiento puede promover o no los desahucios. La respuesta del informe es afirmativa: «Sí, el Ayuntamiento tiene el derecho y el deber de proteger todos sus bienes (...) Las administraciones públicas están facultadas y obligadas a proteger y defender su patrimonio y a desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que ampara la tenencia».

Mónica García es propietaria del 33% de una finca de 2.000 metros cuadrados con un chalet que se encuentra asentado en suelo protegido medioambientalmente. En el momento en que se construyó ese terreno gozaba de una concesión que caducó en 2019. Desde esa fecha se le reclama que deje el inmueble pero ella se niega. Ante la problemática que la situación de la ministra y de algunos de sus vecinos, el Ayuntamiento se vio forzado a contratar los servicios jurídicos de un abogado especialista para pedirle asesoramiento sobre la materia. El informe, que ve hoy por primera vez la luz a pesar de que se elaboró hace cuatro años, concluye que la ocupación de García es ilegal y que debe de abandonar la vivienda.

El documento sostiene la posibilidad de imponer sanciones a los vecinos que como la ministra de Sanidad, a pesar de que ha caducado la concesión del terreno donde se ubica su chalet, no han devuelto aún las llaves de la vivienda. «El Ayuntamiento tiene derecho a imponer las multas coercitivas de las que hemos tratado en el anterior apartado, hasta un cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo (...) Sin perjuicio de lo anterior, la Comunidad de Madrid podría sancionar a los ocupantes de dichos terrenos por ocuparlos ilegalmente una vez finalizada la concesión», remarca.

También se plantea la cuestión de si los propietarios de las viviendas irregulares tienen derecho a seguir ocupando las viviendas tras haber llegado a su fin el permiso del uso temporal del terreno, como es el caso. La respuesta del informe vuelve a ser contundente. «No. Una vez extinguida la concesión, los actuales titulares del derecho de ocupación de los terrenos no tienen ningún derecho a seguir ocupando los terrenos objeto de este informe». A continuación se explica que el uso que hace García de la vivienda es ilegal.

«La ocupación de los terrenos, una vez extinguido el derecho de ocupación, pasaría a ser una ocupación ilegal, con origen en un derecho de ocupación extinguido», concluye. Este informe fue redactado el 5 de abril de 2019. Es decir, justo antes de que caducara la concesión del terreno sobre el que Mónica García tiene la finca de recreo. El documento, además, confirma que en el momento en que el Ministerio de Fomento autorizó la concesión del terreno los planes iniciales eran destinar ese suelo a la construcción de un centro hospitalario denominado «sanatorios de altura».

El Debate ha publicado este lunes que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha tumbado las alegaciones que presentó la ministra García para evitar tener que entregar las lleves del inmueble, tal y como le pidió la corporación municipal por escrito el pasado mes de marzo. A raíz de la revelación de este periódico, el consejero, Carlos Novillo, se ha pronunciado públicamente asegurando que su área «lo que está haciendo simplemente es cumplir la ley comunicando a los propietarios el fin de la concesión». Por el contrario, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, aseguró este lunes en el programa de televisión Cuatro Al Día que la publicación de estos hechos corresponden a «un bulo que aparece cuando se están haciendo bien las cosas» y que «hay cosas más importantes».