El Gobierno del PSOE ha intervenido en numerosas empresas y entes públicos
Sánchez perpetúa su colonización de las instituciones públicas con el nuevo Gobierno: del TC a la Agencia EFE
Pedro Sánchez lleva desde 2018 como presidente del Ejecutivo y, en estos cinco años, ha tenido tiempo suficiente para colocar a numerosos afines al frente de las instituciones públicas. De hecho, desde que el pasado mes de noviembre reeditara su nuevo Ejecutivo, el secretario general de los socialistas ha tardado menos de un mes en agregar –o confirmar– a algunos de los acólitos de su partido como importantes dirigentes de organismos del Estado.
El pasado martes 12 de diciembre, la vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, elevó al Consejo de Ministros la propuesta nombrar a Miguel Ángel Oliver presidente de la Agencia EFE. Oliver fue el secretario de Estado de comunicación de Sánchez durante más de tres años, desde junio de 2018 hasta 2021. Su mandato estuvo marcado por la polémica, ya que algunos medios criticaron la arbitrariedad y la intransigencia del comunicador en las ruedas de prensa del Ejecutivo. No obstante, el presidente del Gobierno quiere premiar ahora a Oliver con la dirección de la agencia de noticias en español más importante.
Fotografía de archivo de Miguel Ángel Oliver y Pedro Sánchez en un acto en la Moncloa
Por su parte, el 22 de noviembre Sánchez decidió ratificar a Álvaro García Ortiz, de pasado socialista, al frente de la Fiscalía General del Estado tan solo un día después de que el Tribunal Supremo condenara al líder del Ministerio Público por «desviación de poder» en la promoción de su predecesora, la exministra de Justicia Dolores Delgado, como fiscal de Sala de lo Militar en este mismo Alto Tribunal.
«La finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor», señalaba la sentencia del Supremo.
También es paradigmático el caso del Consejo de Estado. A finales del mes de noviembre el Supremo anuló el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del máximo órgano consultivo del país. La legislación vigente dictamina que para encabezar el Consejo de Estado se debe ser un «jurista de reconocido prestigio», circunstancia que, según el Alto Tribunal, Valerio no cumple.
«La notoria y sobresaliente trayectoria de doña Magdalena Valerio Cordero como ministra, diputada, consejera, teniente de alcalde, concejal, entre otras responsabilidades públicas..., sin duda alguna acredita su profunda experiencia en asuntos de Estado, pero no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio», agregaba la resolución.
La intromisión en la Justicia
En relación con el Tribunal Constitucional, Sánchez ha logrado una mayoría de izquierdas en el órgano de garantías, de 7 contra 4. Entre los magistrados más cercanos al PSOE se encuentra la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez, el exministro socialista Juan Carlos Campo –autor de los indultos de los políticos presos independentistas– y el propio presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, que ocupó el cargo de fiscal general del Estado durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Igualmente, el líder del Ejecutivo ha llegado a manifestar en varias ocasiones que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) es un caso lawfare, es decir, de guerra judicial y de politización de la justicia. Todo ello provocó que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, solicitara a los políticos –en un acto en el estaba sentado en primera fila el ministro de Justicia, Félix Bolaños– que «dejaran en paz» a los jueces.
El Gobierno confirmó al sociólogo afiliado al PSOE José Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a principios de este mes. La ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, aseveró durante el anuncio que «entenderán ustedes que se confirme a aquel sociólogo que acierta en las encuestas. O sea que sí, queda el nombre confirmado».
Además, a estas instituciones hay que añadir otras en las que Sánchez mantiene a personas de su círculo íntimo. El presidente de Correos es Juan Manuel Serrano, mano derecha de Sánchez en su primera llegada a la presidencia del Gobierno, mientras que Indra está controlada por una alianza entre el principal accionista de PRISA y el SEPI, organismo adscrito al ministerio de Hacienda. A su vez, el Hipódromo de la Zarzuela, de titularidad pública, se encuentra presidido por Maritcha Ruiz, amiga personal de Sánchez y exjefa de prensa del PSOE.
