Sánchez decide ir a cara descubierta, convencido de que España lo absolverá otra vez

El presidente del Gobierno ha llegado a la conclusión de que los españoles acaban encajándolo todo. Tarde o temprano, pero siempre antes de las elecciones. Eso es lo que vino a teorizar este martes en una copa navideña con periodistas en la Moncloa.

Allí, Pedro Sánchez aseguró que no se cree las encuestas que estos días publican una caída de la intención de voto socialista y el malestar de sus votantes con la amnistía. Según él, hay proyecciones que, de ser ciertas, acabarían con el PSOE siendo fuerza extraparlamentaria y eso es absolutamente descabellado.

El líder del Ejecutivo también afirmó que, tras los indultos, parecía que el PSOE iba a sufrir un severo castigo; y sin embargo en las elecciones de julio Sánchez sacó prácticamente un millón de votos más que en la repetición de noviembre de 2019 (7,76 millones en las últimas y 6,79 millones en las anteriores).

Así que Sánchez ha decidido sacudirse el miedo a recibir un castigo en las urnas de las elecciones europeas e ir a cara descubierta en sus últimas decisiones, como el pacto con Bildu en Pamplona y el anuncio de que se reunirá con Carles Puigdemont. Máxime estando al comienzo de la legislatura y una vez demostrado, con hechos, que la memoria colectiva es frágil.

La lectura que hacen en este momento en la Moncloa es que lo mejor es ir de frente, sin medias tintas. Porque han estado demasiadas semanas enredados en una madeja de justificaciones, a veces tan peregrinas como la de comparar la reunión con Junts en Suiza con la que mantuvo una delegación del Gobierno de José María Aznar con ETA en mayo de 1999. Y ninguna funcionó.

En esa renovada estrategia se enmarca su decisión de reconocer abiertamente este martes que se entrevistará con el expresidente de la Generalitat no una vez, sino las que haga falta. Porque el líder de Junts es recuperable para la política española, según él, y entrevistarse forma parte del proceso de «normalización». Asimismo se reunirá con Oriol Junqueras, a quien ya llamó por teléfono durante las negociaciones para la investidura.

Sánchez tampoco ha tenido reparos a la hora de ceder el Ayuntamiento de Pamplona al partido de Arnaldo Otegi apenas un mes después de su investidura. Además, en esa estrategia desacomplejada se enclava la elección de Óscar Puente como portavoz y defensor del pacto con Bildu en la capital navarra.

El pasado miércoles, el titular de Transportes afirmó no tener «ningún problema» en que un «partido progresista democrático» se hiciera con un ayuntamiento de una capital. Este lunes, Puente fue más lejos y aseguró que Bildu «tiene derecho a la vida política como el que más».

Una carrera de fondo

Hay una máxima en política según la cual las decisiones más polémicas han de tomarse al comienzo del mandato. Pero el equipo del presidente es consciente de que ése no es su caso: la investidura no fue el final de nada, sino el principio, puesto que toda la legislatura dependerá del independentismo. Y habrá muchas reuniones con Junts y ERC y sus respectivos verificadores, por eso los socialistas dicen que ni pueden ni van a estar escondiéndose.

En paralelo a la confirmación de que Sánchez y Puigdemont se verán en algún momento, este martes el PSOE votó a favor de la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para eliminar el delito de injurias a la Corona y al Gobierno del Código Penal, las ofensas contra los sentimientos religiosos, los ultrajes a la bandera y demás símbolos nacionales y el enaltecimiento del terrorismo. «Vamos a apoyar la toma en consideración para tener un debate serio y profundo en nuestro país», explicó el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

De momento, lo que los socialistas hicieron fue votar a favor de que continúe su tramitación parlamentaria, aunque sería inusual que cuando llegue el final del proceso cambien su voto. Si es que llega: la legislatura pasada, el PSOE apoyó la toma en consideración de dos proposiciones de ley en este sentido, pero murieron con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Una de ellas fue a iniciativa de Unidas Podemos, cuando estaba al frente Pablo Iglesias.

En el pacto de coalición suscrito entre el PSOE y Sumar, los firmantes hablaban en abstracto de garantizar «el ejercicio del derecho a la libertad de expresión» reformando, y derogando si toca, algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal. Pero sin ninguna concreción.

El destape del PSOE seguirá el jueves en la Comisión Constitucional, en la que comparecerá el presidente de EFE propuesto por Sánchez, Miguel Ángel Oliver. Aunque Oliver fue el primer secretario de Estado de Comunicación que tuvo Sánchez, eso no ha sido óbice para que dirija la agencia pública de noticias.

Los socialistas también han decidido que no van a esconderse a la hora de negociar con ERC y Junts algunas enmiendas a su proposición de ley de amnistía, que el martes de la semana pasada superó su admisión a trámite en el Pleno del Congreso. Ya aseguran sin titubeos que están abiertos a cambios.