Centro Nacional de Inteligencia  El Supremo autorizó al CNI a investigar a Aragonés para averiguar si coordinaba a los CDR en la clandestinidad

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) solicitó al Tribunal Supremo autorización para investigar con el software Pegasus el móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entre julio de 2019 y marzo de 2020, ante la sospecha de que era quien coordinaba las acciones de los CDR (Comités de Defensa de la República) en Cataluña. Una sospecha fundada, ya que las fuerzas de seguridad del Estado apuntaban en aquel momento a que las actuaciones violentas obedecían a una estrategia política en los niveles más altos del separatismo. No hay que olvidar que los CDR fueron la organización independentista que preparó el reférendum del 1-O, promovió los disturbios callejeros e ideó la ocupación del aeropuerto del Prat o el corte de la frontera.

En ese contexto los servicios secretos solicitaron monitorizar el móvil de Aragonés al juez del Supremo encargado del control del CNI, según consta en los autos que autorizaron el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès, desclasificados por el Gobierno y entregados al juez que investiga el caso. Parece lógico que estas actuaciones se produjeran cuando desde el separatismo se estaba atacando al Estado. Los disturbios en las calles habían estado a la orden del día alentados por los grupos del entramado separatista y se repetían periódicamente desde el 1-O.

Se trata de tres autos: uno de julio de 2019 en el que el juez del Supremo autoriza la utilización del software y otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020.

Hay que subrayar que durante esta etapa Pedro Sánchez era ya presidente del Gobierno. Fue el 1 de junio de 2018 cuando el Congreso de los Diputados votó por mayoría absoluta la moción de censura que había presentado el Grupo Socialista al Ejecutivo de Mariano Rajoy. De esta forma, Pedro Sánchez se convirtió en el séptimo presidente del Gobierno de España.

Quim Torra era entonces presidente

Según consta en las resoluciones judiciales, el CNI planteó controlar el móvil de Aragonès cuando era vicepresidente de la Generalitat, con el gobierno de Quim Torra, porque consideraba que, en paralelo a su papel institucional y desde la «clandestinidad», podía estar ejerciendo funciones de coordinador de los CDR.

De hecho, los servicios de Inteligencia no pidieron usar Pegasus en el móvil de Aragonès por su condición de vicepresidente de la Generalitat, sino por su papel de «dirección y coordinación» de las actividades de los CDR, coincidiendo con las protestas contra la sentencia del procés y los meses posteriores.

La filtración de los documentos se produce un día antes de que la exdirectora del CNI Paz Esteban declare este viernes como investigada por la querella presentada por Aragonès por el caso de espionaje con 'Pegasus'.

En la querella que presentó contra Esteban y el grupo israelí NSO que comercializa Pegasus, Aragonès detallaba inicialmente tres ataques a su móvil los días 4, 5 y 13 de enero de 2020 -coincidiendo con la segunda investidura de Sánchez-, pero un informe pericial posterior amplió el período en que el teléfono pudo estar infectado a entre julio de 2018 y marzo de 2020. En cualquier caso, Sánchez ya era presidente del Gobierno,

El Gobierno ha remitido este jueves al juzgado los tres autos del Supremo que avalaron la actuación con Pegasus, que constituye la única documentación secreta relacionada con el espionaje a Aragonès que el Consejo de Ministros ha acordado facilitar, un día antes de que la exdirectora el CNI declare como investigada ante el juez.

Nada más filtrarse anoche el contenido clave de los autos, algo más que previsible, desde La Moncloa se lanzaron algunos mensajes cuyos primeros destinatarios son los socios separatistas de Sánchez. En primer lugar, el Gobierno recalca que las escuchas con Pegasus se iniciaron antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa y que contaron siempre con autorización judicial.

Esas mismas fuentes del Gobierno han sostenido que ni el CNI ni el Tribunal Supremo tienen que informar al Gobierno de estas operaciones y que ha sido precisamente el Ejecutivo de Sánchez quien ha decidido colaborar con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, «siempre con el límite de la seguridad nacional», han subrayado las citadas fuentes.

Por otro lado, han apuntado que esta información demuestra que «ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia». «Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP», han reprochado.

El juez reclama más información

Inicialmente el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, había requerido al Gobierno toda la información en manos del CNI relativa a la compra y uso de Pegasus y a las personas que intervinieron en el encargo, adquisición y recepción del programa.

Por ese motivo, el magistrado se plantea reclamar al Gobierno el resto de información vinculada al uso de Pegasus, que se le ha denegado con el argumento de que su desclasificación podría poner en riesgo la seguridad de los agentes de los servicios secretos que intervinieron en el espionaje al independentismo.

Esteban, que fue cesada a raíz del escándalo de Pegasus, admitió en el Congreso que el Centro investigó a una veintena de políticos independentistas, entre ellos Aragonès, siempre con el aval del juez del Tribunal Supremo encargado del control de los servicio de Inteligencia, pero se desvinculó del resto de escuchas, hasta 65, denunciadas por los partidos soberanistas