Jucil, tras el fallo del Supremo: «Han jugado con la vida de los 200 compañeros y sus familias»

El secretario general de la asociación de guardias civiles Jucil, Ernesto Vilariño, ha puesto en valor la decisión del Tribunal Supremo de devolver las competencias de Tráfico a la Guardia Civil después de que Sánchez, por imposición de Bildu, se las entregara a la Policía Foral de Navarra.

Para Vilariño, «los guardias civiles hemos sido usados, una vez más, como moneda de cambio para formar una mayoría de gobierno en una región en la que necesitaban los votos de los independentistas de Bildu. No les ha importado recurrir a un método ahora declarado nulo por los tribunales para conseguir sus objetivos» afirma Ernesto Vilariño. «Han jugado con la vida de los cerca de doscientos compañeros que componen la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, pero también con la de sus familias, porque se trata de personas que residen en esta comunidad, muchos incluso son nacidos en ella y, ahora también lo reconoce la sentencia del Supremo, se les imponía la voluntad de unirse a la Policía Foral, si esto era posible, o verse expulsados de Navarra».

El Tribunal Supremo ha dado la razón al recurso que interpuso la asociación de guardias civiles según la cual el Gobierno no puede dar las competencias de Tráfico a Navarra mediante un Real Decreto ya que, o bien habría que incluirlas en el Amejoramiento del Fuero, el Estatuto de Autonomía de Navarra, o habría que hacer una ley específica y ambos casos se trataría de una ley orgánica, por lo que no es posible hacerlo mediante este procedimiento exprés.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó mediante Real Decreto la entrega de las competencias de Tráfico a Navarra después de que los socialistas lo pactaran así para recibir el voto afirmativo de Bildu a los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Se trataba de dar las competencias sin la necesaria mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Los servicios jurídicos de Jucil precisaron desde el primer momento que, con las prisas de usar a los guardias civiles como una moneda de cambio para conseguir el gobierno en la Comunidad Navarra, se saltaban los preceptos legales", afirma el secretario general de la asociación en una nota de prensa.

«Si finalmente es el Parlamento español quien decide que sea así, al menos que se cumplan los procedimientos legales. No es lógico que el propio Gobierno se salte las normas», concluye Vilariño.