Un centenar de asociaciones llaman a la sociedad civil a las calles el 9 de marzo para pedir la dimisión de Sánchez

Bajo el lema 'Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!', Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, NEOS, S'ha Acabat, De español a español por la Constitución, Impulso Ciudadano, Cataluña Suma y un centenar de foros y asociaciones cívicas vuelven a convocar a los españoles a las calles para clamar contra el presidente del Gobierno y defender la Nación española y la democracia, cuyos cimientos hoy están en juego. La manifestación tendrá lugar el sábado 9 de marzo a las 12:00 horas en la Plaza de Cibeles de Madrid.

La convocan ante el «deterioro político, institucional y social que está sufriendo España» desde que Sánchez llegó al frente del Ejecutivo y que «amenaza con alcanzar un punto de no retorno y arrastrar al país a un prolongado periodo de severa decadencia, poniendo en riesgo nuestra democracia, el bienestar de los ciudadanos, la paz pública y, en definitiva, la pervivencia de la Nación», alertan en el comunicado.

«El futuro de España se está decidiendo de común acuerdo entre quienes quieren desmembrar el país», denuncian los convocantes

En él, denuncian que Pedro Sánchez y sus socios están desplegando «con engaño y ocultación» un proceso «antidemocrático deconstituyente» que, de no detenerlo, llevará a España a un período de «decadencia y pérdida de libertades» que podría compararse compararse con el que hoy sufren muchos países de Hispanoamérica. «El futuro de España se está decidiendo de común acuerdo entre quienes quieren desmembrar el país»: los representantes del comunismo, los herederos de los terroristas y Pedro Sánchez, del que las asociaciones cívicas señalan que es «cautivo de todos ellos» y que está «dispuesto a todo» para permanecer el mayor tiempo posible en La Moncloa.

«La sucesión vertiginosa de inadmisibles decisiones, abyectos acuerdos y bochornosas justificaciones, pretende anestesiar a la sociedad, reducir la capacidad de reacción, agotar a la población y, en definitiva, que asumamos como inevitable un proceso cuyo fin último es perpetuarse en el poder y excluir de la posibilidad de acceso al gobierno de España, cuando menos, a la mitad de sus ciudadanos», advierten las entidades que llaman a la movilización, que recalcan que este proceso se basa en colonizar las instituciones, tomar «los resortes del poder» y pactar «con quien sea y como sea».

Así, enumeran todas y cada una de las decisiones que ha ido tomando el Gobierno desde los indultos a los socios independentistas y la derogación del delito de sedición o la ley de amnistía hasta el abuso del decreto ley, los ataques a los jueces, el nombramiento a dedo de miembros afines al PSOE para dirigir instituciones y empresas públicas o el incremento de la publicidad institucional que se contrapone al recorte de los medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Todo ello, subrayan las asociaciones de la sociedad civil, «no son actos aislados o meramente circunstanciales dentro de la normal contienda política: son parte del antidemocrático proceso de largo alcance que desde hace tiempo viene siendo denunciando por el movimiento cívico», y que no busca otra cosa que «terminar con la alternancia en el poder». Así, ante lo que denuncian como un proceso de demolición del Estado de derecho, llaman a los ciudadanos a no asistir a ello impasibles ni a darse por vencidos y a utilizar «todos los recursos legítimos» a nuestro alcance para defender la Nación española y las instituciones democráticas.

En el último año se han sucedido las manifestaciones multitudinarias contra los planes de Sánchez. En Cibeles, se celebró una, también convocada por estas entidades de la sociedad civil, en enero de 2023, justo después de que el Gobierno aprobara de forma exprés la reforma del Código Penal que suprimía el delito de sedición y rebajaba el de malversación, y otra más reciente en noviembre, cuando Sánchez acababa de pactar la ley de amnistía con los separatistas catalanes. Ahora, el PSOE sigue negociando con Junts para que esta incluya, como piden los de Carles Puigdemont, todos los delitos de terrorismo y el de alta traición. Mientras, la Eurocámara tiene la mirada puesta en el expresidente catalán fugado de la justicia y en la injerencia rusa en Cataluña.