Las investigaciones de la Guardia Civil complican el futuro judicial de Ábalos en el 'caso PSOE'

Durante varios meses, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dedicados al que ya se conoce como 'caso Koldo' o 'caso PSOE' rastrearon, previa autorización del juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, requisaron todo tipo de elementos informáticos y documentales a los principales implicados en la trama de las mascarillas que ha salpicado, por el momento, a tres Ministerios, entre ellos el de Transportes que dirigía José Luis Ábalos, y dos comunidades autónomas.

El juez titular del Instrucción número 2 de la AN decretó la incautación de móviles, ordenadores y centenares de archivos y documentos que, una vez procesados y analizados permitirán identificar a cada una de las piezas de la organización que, en plena pandemia, ideó un sistema para enriquecerse, presuntamente, mediante comisiones ilegales procedentes de la venta de material sanitario, en algunos casos hasta defectuoso, como en la región de Baleares entonces presidida por la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol.

De ahí que para los responsables de las pesquisas sea «fundamental desentrañar», cuanto antes, «toda la información» contenida en el abundante material a disposición del magistrado Moreno y del fiscal Anticorrupción Luis Pastor, procedente de las entradas y registros que se practicaron en diferentes localizaciones, el pasado martes. De ello dependerá si pueden extraerse más «indicios sólidos y objetivables» para adoptar la decisión de imputar a Ábalos de manera formal, según confirman a EL DEBATE fuentes próximas a las actuaciones.

«Lo que hay hasta la fecha ya se ha valorado», apuntan las mismas fuentes. Lo que ha llevado, por el momento, a que el juez instructor señalase al exministro de Transportes –en un reciente auto del sumario, al que ha tenido acceso este periódico– como «intermediario» de la trama. No en vano, el magistrado Moreno afirma que «de la observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante» se puede «concluir» que los «intermediarios» del entramado «serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo». Ambos mantenían una relación muy estrecha ya que, tal y como revelaba este diario, el ex ministro socialista llegó a asistir a la boda mexicana del segundo.

Aunque por el momento ninguno de ambos, ni Pombo, ni Ábalos figura como investigado en la causa que se sigue por blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en la Audiencia Nacional, lo cierto es que el foco se ha dirigido hacia el que fuera titular de Transportes, durante el período en el que se perpetraron los hechos.

En especial, tras el encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero, en la marisquería La Chalana de Madrid, en el que Koldo se reunió entre otras personas con José Luis Ábalos, un momento documentado por los guardias civiles encargados de los seguimientos de vehículos y personas. Una «reunión que tiene un específico interés» para el juez por el contexto y los temas que se trataron durante la misma.

La protección de Ábalos como aforado

José Luis Ábalos decidía continuar como diputado, tras pasar al Grupo Mixto, una vez hubo saltado el escándalo y pese a que su partido le solicitó la entrega del acta, en un intento por activar un cortafuegos, al conocerse las dimensiones de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la trama en la que, supuestamente, participó como intermediario.

Al hacerlo, el ex ministro de Transportes mantiene su aforamiento ante la Sala Segunda del Supremo y su inmunidad como parlamentario. Es decir, en el caso de que los trabajos en curso conllevasen una imputación judicial, en próximas fechas, el Alto Tribunal tendría que plantear un suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder dirigirse contra él. Además, tampoco puede ser detenido salvo que se le pillase cometiendo un delito in fraganti.

Ahora bien, si de las actuaciones en curso, se desprendiesen nuevos indicios que apuntasen hacia su implicación definitiva e irrefutable en la trama, el juez instructor Ismael Moreno podría valorar dos escenarios para investigarle aún bajo el paraguas del privilegio del fuero. El primero, permitir a Ábalos personarse en la causa como parte y declarar de manera voluntaria ante él, ya que la jurisprudencia del Supremo exige que antes de remitirle una exposición razonada para un procesamiento de esta naturaleza –como el que recientemente se ha producido contra Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democrátic– haya elementos rotundos contra el parlamentario y no meras sospechas.

La segunda opción pasaría porque el instructor dirigiese, sin más preámbulos, la exposición motivada a la Sala Penal del Supremo, aportando el testimonio de todas las pruebas documentales, gráficas, informáticas o de cualquier otro tipo que contuvieran los indicios contra Ábalos para que sea, directamente, el Alto Tribunal el que asuma la causa.