El iceberg del caso PSOE emerge imparable y causa la caída del primer alto cargo del Gobierno

El iceberg del caso Koldo continúa emergiendo a un ritmo imparable, y este martes provocó la primera destitución de un alto cargo del Gobierno por su presunta vinculación con la trama corrupta. El ministro de Transportes anunció este martes el cese del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por mentir a la Agencia Tributaria y ocultar su relación con el empresario Víctor de Aldama, el dueño del Zamora CF. Sánchez Manzanares fue quien firmó la adjudicación de un contrato de Puertos del Estado con Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL. por valor de 24,2 millones.

El sábado por la noche en La Sexta, Óscar Puente defendió a los funcionarios y altos cargos de su departamento y destacó que ninguno de ellos figuraba entre los investigados. Del hermano de Koldo García, Joseba García, que sigue trabajando en Emfesa –dependiente de Adif–, Puente explicó que ha solicitado un informe porque no puede despedirlo. Más allá, «no hay nadie en el Ministerio que esté involucrado», insistió.

El cese del secretario general de Puertos del Estado por «pérdida de confianza» se suma a la defenestración del exministro José Luis Ábalos, que fue el primer socialista caído en desgracia. La Ejecutiva Federal de su partido le pidió el lunes de la semana pasada que renunciara al acta de diputado y él respondió yéndose al Grupo Mixto.

Este miércoles se cumplen dos semanas desde el estallido del caso y el PSOE no da abasto para achicar tanta agua como está entrando en su barco, a raíz de la instrucción del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La comparecencia de Francina Armengol resultó infructuosa, en tanto que la presidenta del Congreso ni siquiera aclaró quién fue el enlace, en el Ministerio de Transportes, del Gobierno balear que ella presidía.

El PP volvió a la carga inmediatamente después de escuchar a la expresidenta balear. Y lo hizo aludiendo a la investigación de la UCO, de la Audiencia Nacional y, desde el lunes, también de la Fiscalía europea. Cómo sería para que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que no tenía previsto dar una rueda de prensa, finalmente saliera a la palestra a última hora de la mañana en auxilio de Armengol. Él desde el Congreso y, simultáneamente, la portavoz del Gobierno desde la sala de prensa de la Moncloa. «Ni Armengol ni ningún miembro de su Gobierno de entonces aparecen en ningún sumario», destacó Pilar Alegría. Curiosamente, Alegría usó el mismo argumento que Puente para defender a los altos cargos de Transportes tres días antes de destituir a uno de ellos.

Los socialistas están convencidos de la inocencia de la presidenta de la Cámara Baja. «De no aparecer en el sumario, hemos convertido esto en la pieza Francina Armengol», se quejan en el PSOE. En paralelo, desde la Moncloa subrayan que no hubo nada raro en el contrato de 3,7 millones de euros del Ejecutivo balear con la empresa de la trama. Y restan importancia a la investigación de la Fiscalía Europea en Baleares y Canarias porque, según el equipo del presidente, es normal que quieran cerciorarse habiendo fondos europeos por medio.

Dos comisiones de investigación

La madeja política creció ayer en el Congreso y en el Senado. La Mesa del Congreso aprobó la creación de la comisión de investigación sobre los contratos de la pandemia que anunciaron los socialistas la semana pasada. No sin polémica. El PP quería que Armengol se inhibiera en la votación, dado que es parte implicada. Ella no lo hizo y, en protesta, los populares no votaron. Aunque la comisión salió adelante con los votos del PSOE y de Sumar.

Los socialistas pretenden utilizar esa comisión de investigación como ariete contra el PP, en respuesta a la que los populares van a constituir en el Senado (donde tienen mayoría absoluta). Patxi López amenazó con llamar a declarar a cargos de la Junta de Andalucía, «con 117 millones adjudicados a clínicas privadas, encadenando contratos y prórrogas»; de la Xunta de Galicia, «con Feijóo como presidente y con los primeros 4,8 millones de euros gastados en mascarillas con sello falso»; y de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, todos ellos gobernados por el PP.

Dos semanas después, ésa sigue siendo la estrategia de defensa del PSOE: atacar al PP, como también hizo la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en la sesión de control al Gobierno en el Senado. «Cuando el presidente de su partido decidió poner luz y denunciar la corrupción de la comunidad autónoma de Madrid, quitaron al señor Casado, y hoy el señor Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro» replicó la también ministra de Hacienda, cuyo departamento tenía la responsabilidad de auditar los contratos. «¿Van a pedir la dimisión a la señora Ayuso después de que su hermano se enriqueciera en la pandemia?», preguntó a renglón seguido.

En la Cámara Alta, los populares afilan los cuchillos, a la espera de que la Mesa dé luz verde la próxima semana a la comisión de investigación sobre el caso Koldo. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció este martes que la ampliarán para incluir otras ramificaciones, al margen de las mascarillas. Por ejemplo, el rescate de Air Europa. No descartó llamar a declarar, incluso, a la mujer del presidente, Begoña Gómez. Todo para que «el Gobierno no encuentre ninguna grieta por la que escapar», señaló García.