Sánchez autorizó a Ábalos la compra de mascarillas seis días después de declarar el estado de alarma

Era 13 de marzo de 2020 y Pedro Sánchez comparecía en el Palacio de la Moncloa para anunciar que al día siguiente se celebraría un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo el territorio nacional ante la «emergencia sanitaria y social» por la pandemia, previsto en un principio para quince días pero que terminó prorrogándose hasta tres meses.

En aquel momento la incertidumbre lo marcaba todo, y existía un caos generalizado que no hacía más que crecer con el paso de las semanas. El Gobierno había tomado la decisión de centralizar la compra de mascarillas y material para el personal sanitario, y a ello le siguió la crítica de los gobiernos regionales, que recriminaban al Ejecutivo, entre otras cosas, su falta de coordinación con las administraciones autonómicas, una crítica que se extendió durante los meses sucesivos y no solo entre los líderes del PP, sino también del PSOE.

En una semana se cumplirán cuatro años de aquello. Hoy vuelve a estar en el foco la gestión del Gobierno durante ese periodo, después de que haya estallado el caso de corrupción que salpica a varios ministros y dirigentes socialistas por los contratos públicos de compra de mascarillas.

Este martes, en el Pleno del Senado, el que fuera consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, recordó que el 12 de marzo de 2020 el Gobierno anunció que el día 17 las comunidades contarían con el material de protección «que nunca llegó», y que dos días después el Ministerio de Sanidad, entonces liderado por Salvador Illa, pidió «paralizar en aduana» el material adquirido por las regiones antes del 10 de marzo.

«El Gobierno de España llegó tarde y mal. Y ahora sabemos que, además, el material que compraron no sólo era defectuoso, sino que también llevaba mordidas», reprochó el exconsejero, en una pregunta dirigida a la sucesora de Illa, Mónica García, a la que pidió explicaciones sobre la adquisición de material sanitario por parte de Sanidad, uno de los ministerios salpicados por el caso PSOE, como así lo ha bautizado la oposición por su magnitud.

Tan solos seis días después de declararse el estado de alarma, el 20 de marzo de 2020, el Gobierno aprobó que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entonces dirigido por José Luis Ábalos, pudiera adquirir y distribuir mascarillas, «de manera centralizada, mediante adjudicación directa y tramitación de emergencia», para el personal del sector. Se extendería hasta el 23 de mayo.

Según consta en el BOE, a este ministerio se le permitía adquirir un máximo de 8.000.000 de mascarillas FFP2. La adquisición la realizaría el ente público Puertos del Estado, adscrito a Transportes, y se distribuiría a entidades del sector público de este ámbito (80.000 para ADIF; 620.000 para Renfe-Operadora; 4.800 a ENAIRE; 102.000 a AENA; 1.128.000 a Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, y 2.000.000 a Correos y Telégrafos), y a trabajadores que prestan servicios en él (se incluye a conductores de taxis, VTC y camioneros) y personal del ministerio, 4.000.000 en total.

El 26 de marzo de ese año se publicaba en el boletín la regulación de la segunda adquisición y distribución de mascarillas por parte de este ministerio. Un día antes, el Congreso había acordado autorizar la prórroga del estado de alarma otros 15 días más, por ello, el Ejecutivo creía necesario «ampliar el objeto de la medida aprobada» por la orden anterior «incrementando el suministro en un máximo de 5.000.000 de mascarillas», cuya adquisición, tal como figura en el documento, se realizaría de forma centralizada por la entidad pública ADIF, también adscrita a Transportes. Dos días después, el 28 de marzo, llegaba a España un primer envío de mascarillas adquiridas por Transportes a través de Puertos del Estado, con cerca de 1.200.000 mascarillas.

El Ministerio de Transportes es el epicentro de la trama de corrupción. Este contrató a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la compañía investigada por cobrar presuntamente comisiones ilegales en esa compra de mascarillas. La oposición ya preguntó en su día por el motivo que llevó al ministerio de Ábalos a contratar a esta empresa, sin experiencia en material sanitario y cuyos administradores, según publicaron entonces varios medios, parecían tener un entramado de sociedades offshore.

En sus respuestas, el Gobierno sostuvo que la citada empresa tenía trayectoria desde 1998 «en el desarrollo y asesoramiento técnico en proyectos internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas, para la adquisición de mascarillas en China, como agente importador en el mercado internacional». Señaló que esta contactó con Puertos del Estado, que le adjudicó un único contrato por un importe de 20 millones de euros; e indicó que después se optó por la misma compañía para el contrato de ADIF «como consecuencia de la experiencia acreditada» en la gestión de las entregas de mascarillas.

La trama, que estalló hace dos semanas con la detención del exasesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, ha tenido este martes su primera víctima política, después de que Ábalos saliera de las filas del PSOE y pasara al Grupo Mixto por las presiones de su partido para que dejara el acta. Óscar Puente, actual ministro de Transportes, destituyó ayer al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, alegando una «pérdida de confianza» tras el estallido del caso. Son varios los nombres encima de la mesa, y muy pocas las explicaciones que se han ofrecido hasta la fecha. Mientras, continúa la cascada de informaciones que desborda al Gobierno.