La defensa de uno de los detenidos en Melilla se queja de la desigualdad de trato con el caso PSOE

Prácticamente los mismos delitos investigados, en la misma ciudad y la misma situación referida para el resto de los investigados, todos ellos personas públicas vinculadas a la actividad política. Éste es el principal argumento de la defensa de uno de los detenidos de Coalición por Melilla, Rachid Bussian Mohamed, por su presunta participación en la trama orquestada para la compra de votos, para instar la puesta en libertad del político de la ciudad autónoma.

De acuerdo con el recurso presentado por Bussian, que ha podido consultar El Debate, a diferencia de lo que ha sucedido en otros procedimientos recientes de corrupción, como el caso Tosca, con raíces comunes a las actuales pesquisas, o el que, en su día, afectó a la separatista Laura Borrás –condenada por adjudicar irregularmente varios contratos menores para favorecer a un amigo– en este supuesto, el detenido cuenta con apellidos de origen marroquí lo que, a su juicio, es la única motivación para mantenerle privado de libertad.

Un argumento que, asegura su defensa, no resulta válido, fundado en Derecho ni respetuoso con las garantías y derechos constitucionales que deben ser aplicables a todos los españoles sin distinción por razón de raza, sexo, religión o cualquier otra consideración similar. Además, la representación jurídica de Bussian considera que el hecho de que se haya declarado el secreto de sumario en las actuaciones es una medida suficientemente eficaz para evitar la posible alteración de pruebas o provocar un perjuicio a las pesquisas en curso.

En el reciente caso PSOE que salpica hasta a tres ministerios y dos comunidades autónomas socialistas, de mayor gravedad y alcance, actualmente en la Audiencia Nacional y, también, bajo secreto de sumario, todos los detenidos han sido ya puestos en libertad provisional, con la obligación de comparecencia quincenal y otras medidas menos gravosas como la retirada de pasaporte, ha recordado la defensa de uno de los detenidos que todavía sigue encarcelado, preventivamente, en Melilla.

La misma representación de Raschid ha invocado ante la juez, el derecho fundamental a la igualdad de todos los españoles ante la Ley. Pero también, el derecho fundamental a la libertad deambulatoria cuando legalmente no hay motivos suficientes para cercenarla como, defiende, sucede en el caso de su cliente. Las decisiones adoptadas por la magistrada melillense han suscitado una agria polémica entre varios de los abogados que ya han instado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por este motivo.

La magistrada que rastrea la presunta trama de compra de votos, entre otros delitos, en la ciudad autónoma, consideró que el riesgo de fuga de los encarcelados respondía a su «ascendencia marroquí» que, dada la proximidad geográfica con su país de origen, les permitía huir «en motos acuáticas y barcos de recreo». Estas consideraciones han suscitado las protestas de varios letrados que aluden a un caso de discriminación racial.