El Gobierno maniobra para incluir con calzador las leyes de Concordia de PP y Vox en el Parlamento Europeo

El Gobierno se apresura para incluir el debate sobre las leyes autonómicas de Memoria de los gobiernos de coalición de PP y Vox en las últimas sesiones del pleno del Parlamento Europeo, antes de que cese su actividad para centrarse en la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio.

Como parte de una ofensiva contra la oposición centrada en la Memoria Democrática, el Gobierno anunció esta semana que denunciará las normas de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana ante las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo.

En concreto, en la Eurocámara pretenden impulsar un debate para poner de manifiesto que las leyes de memoria de PP y Vox van en contra del espíritu de la norma nacional aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y, sobre todo, que contravienen los principios de la Unión Europea. Este será el argumento que defenderá la presidenta del grupo de los socialistas europeos, Iratxe García, la encargada de llevar la incitativa a Europa, según confirman fuentes de Moncloa.

«Acabar con las dictaduras, los totalitarismos y el odio fue la semilla de la Unión Europea. No vamos a permitir que donde gobiernan el Partido Popular y Vox se vea amenazada la memoria democrática y la dignidad de la ciudadanía española. El grupo S&D propondrá debatir en el Pleno del PE este asunto», escribió el pasado jueves en un mensaje en su cuenta de X.

Dos últimos plenos en abril

Sin embargo, los socialistas se enfrentan a un calendario ajustado que les obliga a una negociación contra reloj para lograr incluir este debate en las únicas dos sesiones plenarias que quedan en esta legislatura. La primera comienza el próximo miércoles 10 de abril en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en un mini-Pleno cuya agenda está prácticamente cerrada, según admiten fuentes socialistas. Si no fuese posible, les quedaría la sesión plenaria que se celebra en Estrasburgo la última semana de abril.

Fuentes del PSOE consultadas por Europa Press admiten que es «complicado» que el debate se llegue a producir porque, a la falta de tiempo se une la mayoría conservadora que puede vetar la inclusión del tema en el orden del día. Aunque la agenda del mini-Pleno de Bruselas ya esté decidida, cabe la posibilidad de incluir asuntos a última hora, el mismo miércoles al inicio de la sesión.

No obstante, es necesaria una mayoría y los socialistas son conscientes de que si se unen los grupos parlamentarios en los que están inscritos PP, Vox y Ciudadanos, pueden bloquear su iniciativa. En todo caso, consideran que todavía tienen cierto «margen» para conseguir su objetivo.

La dificultad es máxima porque el final de la legislatura está a la vuelta de la esquina y todos los grupos apuran para incluir los temas que tienen pendientes. La Eurocámara cesa su actividad el 25 de abril y a partir de ese momento se dedicará a preparar las elecciones europeas del mes de junio.

Convencer a Los Verdes

Si esta opción fracasa, el Gobierno todavía tiene otra opción para llevar el debate sobre Memoria al pleno de Estrasburgo: convencer al Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre el que recae la potestad de llevar a este pleno un debate de actualidad.

Los distintos grupos se van turnando para ejercer esta prerrogativa en cada pleno y en este caso le toca a la bancada en la que están incluidos dos eurodiputados de Esquerra Republicana de Cataluña y una del Bloque Nacionalista Galego.

Es la misma fórmula que utilizó el PP para incluir el 'caso Koldo' entre los temas a discutir en el pleno de la Eurocámara del mes de marzo. Los socialistas estudian todas las opciones y optarán por la que tenga más posibilidades de éxito a pesar de que la propia Iratxe García ha sido muy crítica con PP, Ciudadanos y Vox y les ha reprochado que utilicen las instituciones europeas para llevar a cabo debates partidistas de carácter meramente nacional, como el del exasesor del exministro José Luis Ábalos o el de la Ley de Amnistía.

Sánchez encabeza la estrategia

Pero el PSOE está volcado en esta estrategia para debilitar a los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en el inicio de un carrusel electoral que comienza con las elecciones vascas del 21 de abril y continúa con las catalanas del 12 de mayo y las europeas, que en España se votan el 9 de junio.

El PSOE ha desplegado una ofensiva sobre Memoria Democrática en la última semana, en primer lugar con el anuncio de que recurrirá ante el Tribunal Constitucional las normas de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana, haciendo hincapié en que en las tres comunidades autónomas gobiernan PP y Vox en coalición.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tenido una intensa actividad pública y mediática en la última semana para denunciar que el Gobierno denunciará ante el TC y también ante instancias internacionales las citadas normas para defender «la democracia y los derechos humanos».

Reprocha que vayan contra el espíritu de la Ley de Memoria Democrática aprobada en otoño de 2022 y denuncia que suponen un intento de equiparar la Segunda República con la dictadura franquista, retiran homenajes a víctimas y además pueden suponer la paralización de trabajos de exhumación, según ha advertido.

Prueba de la importancia que el Gobierno otorga a esta estrategia es la implicación personal del presidente Sánchez, que después de una gira de varios días por Oriente Medio y sin apenas descanso, visitó por sorpresa el laboratorio forense del Valle de los Caídos en el que se analizan los restos de las víctimas que allí se encuentran.

Esta visita, grabada en vídeo y distribuida por el Ejecutivo generó duras críticas de la oposición, pero también de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que se quejó de que Sánchez pudiese acceder a este espacio cuando a los familiares no se les permite visitar el laboratorio instalado en la Capilla del Santo Sepulcro del Valle de Cuelgamuros.

Ante estas quejas, el Gobierno reaccionó invitando a los familiares que lo hubieran solicitado, para recabar información de primera mano sobre las circunstancias, los obstáculos y el avance de los trabajos, según la carta enviada a los afectados, por el secretario de Estado de Memoria Democrática.