El Senado asiste al reinicio del 'procés', con el PSOE dedicado a combatir al PP y no a Aragonès

La pregunta que lanzó Isabel Díaz Ayuso al aire quedó sin respuesta, aunque la mayoría de los presentes en el hemiciclo la tuvieran clara: «¿Qué hay de concordia en las palabras de los independentistas hoy aquí?», señaló la presidenta madrileña, con Pere Aragonès aún presente (no lo estuvo por mucho tiempo más).

La sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada este lunes por los populares en el Senado para debatir sobre la ley de amnistía deparó pocas sorpresas. Pero sí sirvió para demostrar que los secesionistas han perdido el respeto a Pedro Sánchez, a quien presumen de manejar a su antojo.

Así lo puso de manifiesto Aragonès en su intervención, durante la que se jactó de que el referéndum de autodeterminación y la «financiación singular» serán «inevitables», como lo ha sido la amnistía. «Nos van a decir que el referéndum es inconstitucional, pero también nos dijeron que lo era la amnistía», recordó.

A quien más daño hizo la intervención del presidente catalán en la Cámara Alta fue a un Gobierno ausente del debate por voluntad propia, y que por el contrario se dedicó a desacreditar y despreciar la sesión a través de la red X. Allí se pronunció el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en lugar de asistir al debate: «Sigue el numerito del PP en el Senado con la amnistía. Como no les gustó nada el informe de la Comisión de Venecia que respaldó la amnistía, ahora se piden informes a sí mismos. ¿Qué dirá el informe del PP, pedido por el PP? Qué intriga», escribió en la red social. Ello en alusión al informe elaborado no por el PP, como sostiene Bolaños, sino por los letrados del Senado, en el que estos advierten de la inconstitucionalidad de la amnistía.

La mañana en el Senado fue un ir y venir al estrado de presidentes regionales del PP y de altos representantes de las comunidades gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo, en aquellos casos en los que los presidentes excusaron su presencia. Como en el de Galicia, puesto que Alfonso Rueda afronta este martes su discurso de investidura.

En representación de la primera comunidad en pronunciarse en las urnas sobre la amnistía, su vicepresidente primero, Diego Calvo, se dirigió directamente a los senadores socialistas: «Después de escuchar al señor Aragonès me pregunto si ustedes están dispuestos a apoyar esta locura», les dijo. «¡Si hasta tienen redactada la pregunta!», denunció el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que se refirió a la amnistía como «la factura de la fractura». «Ya han solicitado el cupo catalán y una financiación singular. Ya le están pidiendo el referéndum de autodeterminación. Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España», alertó el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

En la bancada del PSOE no disimulaban su incomodidad con un debate celebrado en vísperas de que el Pleno de la Cámara Alta vote -el miércoles- el planteamiento de un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Congreso de los Diputados por la tramitación de la proposición de ley orgánica de amnistía, lo que supondrá un choque inédito entre ambas cámaras.

Los socialistas lamentaron que el PP prestara el Senado a Aragonès para llevar a cabo un acto de campaña, dentro de la pugna entre ERC y Junts por liderar el procés 2.0. El PSOE contraatacó dando voz a hasta siete senadores socialistas de comunidades gobernadas por el PP, para hacer oposición a sus respectivos gobiernos regionales en lugar de hablar de la amnistía. También intervino el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, que es además el líder de los socialistas andaluces.

«Este debate no es por la amnistía ni por el modelo de financiación autonómica. Este debate es por las elecciones. Y tiene nombres y apellidos, Salvador Illa, el rival a batir y el objetivo común del PP y de los independentistas», señaló el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, quien aprovechó su intervención para azuzar a los presidentes de Madrid y Andalucía porque, según él, compiten por «cortarle la cabeza» a Feijóo.

A la ausencia del Gobierno se unió la de los tres presidentes regionales que conserva el PSOE: el asturiano Adrián Barbón, la navarra María Chivite y el castellano-manchego Emiliano García-Page. Preguntado este último al respecto, replicó: «Si no me someto como presidente a Ferraz, menos aún a Génova», en referencia a las sedes nacionales del PSOE y el PP.

Varios de los representantes autonómicos reiteraron su intención de batallar contra la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional una vez que esté aprobada y en vigor. En tanto que atenta contra «la Constitución, la igualdad de las personas, la separación de poderes y el Estado de Derecho», según enumeró el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Él fue uno de los que prometió «alzar la voz» en el TC, como también el presidente de Aragón, el de Murcia, el consejero de Presidencia de Andalucía y el de Educación de Cantabria.

«Sánchez ha dado a los insurrectos el poder de redactar leyes, determinando su alcance y hasta la definición de los delitos (…). Ellos pueden decidir quién, cómo y hasta cuándo queda exento de responsabilidad o culpa. ¿Y no es eso otra forma de corrupción?», se preguntó el murciano Fernando López Miras.