El juez pide al TSJM que investigue la filtración de los datos del novio de Ayuso contra el criterio de la Fiscalía Provincial

El pasado 3 de abril, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid incoaba diligencias previas, a raíz de la denuncia penal –más tarde reconvertida a querella–presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) contra la Fiscalía por una supuesta revelación de secretos en el caso en el se investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude tributario. La misma Fiscalía Provincial que, hace unos días, instaba el archivo de la causa dirigida contra su máxima responsable, Pilar Rodríguez, y el fiscal encargado de las pesquisas de la pareja de la presidenta madrileña, Julián Salto, en un recurso que, según ha podido saber El Debate, el juez ha rechazado.

El magistrado Jaime Serret considera que los hechos puestos en su conocimiento por el ICAM ofrecen «indiciariamente» caracteres constitutivos de un posible delito pero, sin embargo, entiende que no le corresponde a su juzgado conocer de un asunto en el que, al menos, hay dos fiscales aforados bajo sospecha. Y, por ello, según informan fuentes conocedoras del caso, Serret habría elevado una «exposición motivada» al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que se haga cargo de las indagaciones necesarias y esclarecer lo ocurrido.

Por su parte, las mismas fuentes apuntan a que el TSJM ya habría recibido la petición del juez de Plaza de Castilla y decidido acumularla a la querella planteada por el propio novio de Díaz Ayuso, sobre los mismos hechos. Así las cosas, el Tribunal regional, tendrá que esperar a que la Junta de Fiscales del Supremo decida, este miércoles, sobre la posición del Ministerio Público en este escándalo, tras negarse la fiscal asignada al mismo, María de la O Silva, a cumplir «bajo presión» las directrices de la número dos del escalafón, Ángeles Sánchez Conde.

Una vez recibido el informe, no vinculante, que nazca de la deliberación prevista, esta misma mañana, el TSJM podrá decretar la práctica de algunas pesquisas si estima que son necesarias para determinar la identidad de los responsables.

Sobre la mesa, la nota informativa de la Fiscalía de Madrid, que la fiscalía Superior se negó a emitir, en la que se daba cuenta de los correos cruzados entre el abogado de Alberto G., novio de Díaz Ayuso, y el fiscal del caso, Julián Salto, en relación a las diligencias de investigación abiertas por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y otro de falsedad en documento mercantil, «en el marco de un proceso de conformidad en curso».Una información que el 20 de marzo llevó al decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, a interponer la denuncia hoy transferida y acumulada ante el TSJM.

Los hechos ocurridos el pasado 14 de marzo, a juicio del ICAM, «ofrecen indiciariamente caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 CP, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público -en el caso que nos ocupa, del representante del Ministerio Fiscal-, del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)».

En este sentido, respecto a la autoría del presunto delito, el ICAM ya recogía en su denuncia cómo el Ministerio Fiscal «ejerce sus funciones por medio de órganos propios». Como quiera que tal nota emanó de la Fiscalía Provincial de Madrid, «habrá de estarse a la averiguación subjetiva de su autoría mediata o inmediata» que, en su caso, tendrá que rendir cuentas ante el Tribunal Superior que es, desde ahora, el único competente para decidir sobre la evolución del asunto penal.