El novio de Díaz Ayuso declara este lunes ante la juez tras la filtración de sus datos por parte de la Fiscalía

La causa tributaria abierta contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrará este lunes en una nueva fase con la declaración del empresario ante la juez al frente del instrucción número 19 de Madrid. Alberto González Amador comparecerá en calidad de investigado como presunto autor de dos delitos de fraude tributario y otro de falsedad en documento mercantil, mientras avanza, en paralelo, una segunda investigación judicial tras admitirse la querella que presentó contra los dos fiscales que, supuestamente, divulgaron sus datos confidenciales contenidos en la negociación de un pacto de conformidad, por este primer caso, que nunca se alcanzó.

Pese a ello, González Amador comparecerá en el Juzgado sin filtros adicionales y los con adversarios políticos de su pareja personados como acusación popular, Y es que, según adelantó El Debate en primicia, la magistrada María Inmaculada Iglesias rechazaba, en un auto del pasado 6 de mayo, tomar medidas para proteger los derechos fundamentales de la pareja de la presidenta madrileña que, presuntamente, se habrían visto vulnerados por la Fiscalía, como ya investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el contexto de un posible delito de revelación de secretos.

La juez Iglesias descartó la posibilidad de que tanto el PSOE, como Mas Madrid, como una miembro del sindicato CCOO, incorporados en el procedimiento en curso, sólo pudiesen acceder y visionar los soportes digitales de la información personal que forma parte del sumario con los medios (ordenadores) del propio juzgado y siempre en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, como pedía la defensa de Alberto González.

Cabe recordar que, desde que comenzasen las primeras pesquisas de la Fiscalía, tras la denuncia presentada por la Agencia Tributaria contra la pareja de la presidenta madrileña, inspeccionada por su actividad empresarial en el ámbito sanitario, no consta ningún contrato de sus empresas con ninguna Administación Pública en España, tampoco la que dirige Díaz Ayuso.

Pese a ello, la declaración de González Amador tendrá como interesados a los rivales políticos de Díaz Ayuso que han deslizado la idea de una presunta causa de corrupción, que nunca existió, al amparo de una nota de prensa en la que la Fiscalía expuso públicamente su situación y en la que el TSJM apunta ya al fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, como posible responsable.

Así las cosas, la titular del Instrucción número 19 no ha considerado necesario blindar las actuaciones judiciales dado que, según ha motivado, el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que todas las partes que integran un procedimiento puedan tener acceso a todas las actuaciones y a intervenir en la práctica de todas las diligencias, salvo que la causa se hubiese declarado secreta, en todo o en un porcentaje.

Para González Amador se abre un doble escenario, en las próximas horas: reconocer ante la juez los delitos que le atribuyen la Fiscalía y la Agencia Tributaria, conformándose con un pacto que, previamente, resultó frustrado o defender su inocencia instando, incluso, la nulidad de todo el procedimiento apoyado la vulneración de su derecho de defensa, tras conocerse los «indicios delictivos» admitidos en la otra causa que se sigue por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra el propio Ministerio Público.