Los indicios que han llevado al juez a investigar a Begoña Gómez por tráfico de influencias

el tráfico de influencias, que ha llevado a la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a ser investigada judicialmente es uno de los principales delitos asociados al fenómeno de la corrupción en nuestro país. Y, al igual que sucede con otros ilícitos, tales como el cohecho, la malversación o la prevaricación, reúne las dos características propias e inherentes de este fenómeno delictivo: presencia de autoridades o funcionarios públicos y propósito de obtener un lucro o beneficio económico que no necesariamente ha de ser propio.

Esto es, se trata de una conducta en la que interviene, o puede hacerlo, un funcionario –al que se pena de modo más severo– pero, también un particular, de ahí la situación procesal de Gómez, siempre que se cumplan dos condiciones. La primera que, con su conducta, trate de influir sobre una autoridad o funcionario prevaliéndose, para ello, de una ascendencia o relación personal con el mismo. La segunda en la que debe concretarse la finalidad de obtener una resolución favorable a la obtención de un beneficio económico tanto para el que influye como para un tercero, como consecuencia de la actividad desplegada por el autor de la gestión.

Y, el delito se produce por el mero hecho de «influir» sin que sea necesario, de entrada, que se dicte resolución favorable alguna, por lo que constituye lo que los juristas llaman un delito de mera actividad, no de resultado, pues basta la intención de conseguirlo para que éste se perfeccione. Así las cosas, las informaciones que los denunciantes pusieron en conocimiento del juez Juan Carlos Peinado, al frente de la causa, y el resultado de las pesquisas que se han completado hasta el momento, han llevado al magistrado a aglutinar una serie de indicios que recomendaban citar a Gómez para que declare el próximo día 5 de julio.

Y lo hace con el aval de la Audiencia Provincial de Madrid que tras analizar los datos con los que se cuenta en este momento –antes incluso de las testificales de los altos cargos de la institución Red.es, una de las que presuntamente benefició al empresario Juan Carlos Barrabés, ideólogo del máster que Begoña Gómez dirige en la Universidad Complutense de Madrid– determinó que hay motivos sobre la mesa que «ya permiten concluir la existencia de elementos que justifican esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada».

Sobre la mesa varias preguntas a las que tendrá que dar respuesta Gómez ante el juez, en el derecho de defensa que la asiste por su condición procesal de investigada: ¿cómo logró financiación para el África Center del Instituto de Empresa del que fue directora?, ¿y como codirectora de la cátedra de Transformación Digital en la Universidad Complutense?, ¿qué tipo de acuerdos alcanzó con las empresas donantes?, ¿recibieron estas alguna promesa o contraprestación por parte del Gobierno?, ...

Pero, en especial, ¿intercedió en favor de Juan Carlos Barrabés, el empresario que diseñó el Máster que ella misma dirige, amigo personal, para que obtuviese una mejor consideración en sus ofertas presentadas para la obtención de contratos públicos?. Cabe recordar que la cartas de recomendación que la mujer del presidente firmó en varias ocasiones para, presuntamente, favorecer a su gurú en diferentes licitaciones son una de las actuaciones que más han complicado las cosas. En especial, tras conocerse que el propio Pedro Sánchez ensalzó en público a Barrabés, al que además dijo conocer «personalmente», una vez ya se había producido la incorporación de las misivas a los pliegos de los concursos públicos en marcha.

No en vano, Barrabés habría obtenido más de 18 millones de euros, procedentes de fondos públicos, desde que llegase el actual Gobierno, gracias a un total de 53 contratos adjudicados por ocho ministerios distintos. Y algunos de ellos, como revelaba El Debate en primicia, y recogía el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su informe preliminar, como resultado de que a las ofertas del empresario se les aplicase una «fórmula de corrección subjetiva», al menos en tres licitaciones de las cinco bajo la lupa, pese a no ser la oferta económica más competitiva desde un punto de vista objetivo.