Aragón ultima los detalles de su recurso contra la amnistía: «La legalidad nos asiste»
El vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, ha entregado al ministro Félix Bolaños el dictamen del Consejo Consultivo de la región que «avala» la presentación del recurso
El Gobierno de Aragón está cerrando los últimos detalles del recurso de inconstitucionalidad que preparan contra la ley de amnistía aprobada el 30 de mayo. Este jueves, el vicepresidente primero de la región y consejero de Justicia, Alejandro Nolasco, ha entregado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón que, según ha explicado, avala la presentación del recurso, y le ha pedido llevarlo también ante Pedro Sánchez.
Nolasco ha recordado que desde la entrada en vigor de la norma, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 11 de junio, hay un plazo de tres meses para presentar recurso por parte de las comunidades autónomas, y aunque no ha adelantado fecha, ha indicado que será «inminente». Fuentes consultadas por El Debate señalan que lo previsible es que se presente la primera semana de septiembre –el plazo máximo termina el 10 de ese mes–, si bien lo tienen que acordar entre los dos socios de gobierno.
El número dos del Ejecutivo de Aragón ha asegurado que el texto va a ser «de una calidad jurídica óptima». «Vamos a dar la batalla, y esa batalla hay que darla con un documento de la máxima calidad. La razón nos asiste y la legalidad nos asisten y tenemos legitimidad para presentarlo», ha afirmado.
Asimismo, ha denunciado que la ley de amnistía supone «un atropello a todos los aragoneses» y vulnera la igualdad entre los españoles. En su entrevista con este periódico, Nolasco señaló como «deber moral» recurrir esta norma: «Un político amnistía delitos de otro a cambio de unos votos. Es algo nunca visto en democracia», denunció.
El presidente de la región, Jorge Azcón, trasladó del mismo modo tras la aprobación de la polémica ley su deseo de que las Cortes «voten muy pronto» la presentación del recurso autonómico de inconstitucionalidad para parar «el ataque más grave que ha tenido nuestra democracia en los últimos años».