La Abogacía de Madrid pide al juez la imputación del fiscal general por las filtraciones del novio de Ayuso

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha solicitado hoy al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que eleve la causa de las filtraciones de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, al Tribunal Supremo, donde es aforado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La entidad colegial, que es parte en el procedimiento que se sigue contra la Fiscalía, por un presunto delito de revelación de secretos, considera que tras la declaración de los dos fiscales investigados –Julián Salto y su jefa provincial, Pilar Rodríguez– hay «indicios cualificados» suficientes que «apuntan a la presunta responsabilidad penal» del máximo responsable de la Institución.

No en vano, la propia Rodríguez confirmó ayer ante el magistrado que investiga lo ocurrido, Francisco José Goyena, que recibió la orden directa de publicar la nota de prensa oficial que contenía conversaciones reservadas entre el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y el fiscal Salto, asignado al caso, en el seno de unas diligencias de investigación por un presunto delito tributario. Dichas conversaciones se produjeron, además, en el contexto de los acercamientos propios de una negociación orientada a alcanzar un «eventual pacto de conformidad».

Fue este hito, precisamente, lo que el ICAM consideró en su momento una «grave violación» del deber de confidencialidad y del respeto al «secreto profesional», ambos «principios fundamentales del ejercicio de la Abogacía y del derecho de defensa», lo que le llevó a plantear una denuncia penal contra el Ministerio Público que acabó acumulándose a la querella planteada por González Amador y que se sustanció en las pesquisas abiertas tras la admisión de la misma.

Ahota, el ICAM, «tras evaluar la información que se deriva de las actuaciones de la fase de instrucción», en especial tras la comparecencia de los dos fiscales que ayer prestaron declaración como querellados, «ha decidido dar este paso teniendo en cuenta la cualidad de persona aforada del Fiscal General, lo que altera la competencia objetiva del órgano instructor en favor del Tribunal Supremo» que, por lo tanto, a su juicio, debería hacerse cargo de la causa. Así lo ha hecho constar en el escrito registrado, este mismo viernes.

El Decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón ha subrayado cómo «la gravedad de los hechos y la necesidad impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema judicial y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes. La protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y este Colegio será firme ante cualquier vulneración del mismo».